El Supremo señala ya a Grande-Marlaska por su pasividad ante la burla de Carles Puigdemont

Las consecuencias de la fuga que protagonizó Carles Puigdemont en Barcelona este jueves empiezan a adivinarse. El Tribunal Supremo, en contra de lo que ha intentado el Gobierno, no reduce los efectos de la tocata y fuga del expresident catalán a los Mossos d'Esquadra. No piensa permitir que el Ejecutivo y muy en concreto el departamento de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska se pongan de perfil y eviten asumir responsabilidades. El juez Pablo Llarena ya apunta al ministro y exige aclaraciones sobre el desastre. La pasividad de la que ha hecho gala intención desembocará en consecuencias penales.

La indignación en el alto tribunal es mayúscula y se refleja en las providencias. El instructor del procés dictó dos este viernes y dejó así claro que cargar con la culpa en exclusiva a la policía autonómica catalana no es una opción. Uno de los escritos se dirige directamente a Grande-Marlaska. El juez detalla su desconcierto ante la situación. Indica que Puigdemont "estuvo presente en la ciudad de Barcelona y protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Catalunya". A pesar de la amplia publicidad de su aparición y mitin, "logró evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él".

Llarena reclama a Interior explicaciones inmediatas. Quiere que se le informe sobre cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y posterior detención. Además, exige que le expliquen qué elementos provocaron el fracaso desde un aspecto técnico policial y qué órdenes fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga. La clave está en la parte final de la providencia. Ordena que le detallen las identidades de todos los responsables, desde los agentes encargados del diseño del operativo hasta los responsables de su aprobación y de aquellos a los que se encomendó su ejecución o despliegue operativo.

La permisibilidad que parece adivinarse en el comportamiento del Ministerio que dirige Grande-Marlaska no puede leerse solo en clave política. No actuar o no hacerlo con el debido celo ante la entrada en territorio nacional de un prófugo declarado contra el que pesa una orden de detención, conlleva la posible comisión, al menos, de delitos de desobediencia y de omisión del deber de perseguir delitos.

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La desobediencia se vincula a la orden directa que el juez notificó, primero en junio y después en julio, directamente a Interior y en la que se precisaba que Puigdemont debía ser detenido en cuanto pisara España. El segundo delito, el de omisión, amenaza a Interior y Mossos por obviar la obligación de perseguir la malversación por la que no ha sido amnistiado Puigdemont. A esto se suma la preocupación evidente en el seno del Gobierno ante un encarcelamiento indefinido del líder de Junts y las consecuencias que algo así hubiera tenido en la investidura de Salvador Illa, fundamental para Pedro Sánchez. "La prioridad era investir a Illa y no detener a Puigdemont", confiesan algunos en privado.

Frente a esto, el Ejecutivo ha puesto en marcha en ventilador y mira para otro lado mientras culpa a los Mossos. "El operativo policial que debía garantizar que se cumpliera el mandamiento del Tribunal Supremo y aplicar la orden de detención sobre el señor Puigdemont corría a cargo de los Mossos", destacó el Ministro Bolaños desde París. El Ejecutivo se escuda en que son "la policía competente" y asegura que los detalles sobre los que sucedió, por qué el expresident pudo cruzar la frontera, dar un mitin en Barcelona y huir después, los tiene que proporcionar este cuerpo.

Nada impedía a Interior intervenir

Los responsables políticos y policiales de los Mossos comparecieron este viernes para dar explicaciones sobre el dispositivo. Al comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, le preguntaron si en algún momento contaron con la colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El mando policial contestó que no le consta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan realizado alguna intervención, aunque confirmó que los canales de comunicación están siempre abiertos, al menos a la hora de compartir datos sobre vehículos. Durante la fuga, los Mossos buscaban un coche blanco en el que huyó Puigdemont, conducido por una mujer, aunque el dueño es un agente que fue arrestado pasadas las 10 horas.

El Confidencial se puso varias veces en contacto con el Ministerio del Interior a lo largo del jueves, cuando Carles Puigdemont ya se encontraba en paradero desconocido. La respuesta de este departamento abundaba en el perfil bajo mostrado por el Gobierno. Según un portavoz oficial, el ministro Fernando Grande-Marlaska estuvo toda la jornada informado de los acontecimientos por los canales oficiales, pero desde Interior remitían a los Mossos d'Esquadra como referentes del operativo.

Nada impedía haber intervenido a la Policía y a la Guardia Civil. En el pasado, en pleno auge del procés, los Servicios de Información de la Guardia Civil estuvieron implicados en las investigaciones en torno al desafío soberanista y sus protagonistas. Cualquier funcionario policial puede proceder a un arresto de un prófugo de la Justicia. Los Mossos d'Esquadra son un cuerpo autonómico integral con competencias que van desde el orden público hasta las funciones de policía judicial para hacer efectiva la orden de arresto dictada por el juez Llarena.

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Con más de 18.000 efectivos, los Mossos son el cuerpo con mayor implantación en la comunidad autónoma, pero la Policía y la Guardia Civil cuentan con cerca de 3.000 efectivos cada uno en Cataluña. Todavía se desconoce cómo y cuándo entró Puigdemont en España. El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirma que al menos el martes ya estaba en Barcelona. El control de accesos por puertos y aeropuertos corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado y en caso de haber sido esa la vía —poco probable— es difícil burlar los controles de seguridad. Todo indica que accedió en coche por la frontera con Francia. Al formar parte del espacio Schengen europeo, ya no hay controles migratorios.

A Llarena y su petición de información se sumó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que pidió información a los Mossos d'Esquadra sobre el dispositivo habilitado para detener a Carles Puigdemont antes de decidir si admite a trámite las querellas Vox y Hazte Oír contra el conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, y otros mandos policiales.

Piden congelar 1.300 millones para los Mossos

Lo sucedido este jueves, además, ya está teniendo consecuencias internas para Interior. El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha demandado este viernes que, tras la "inacción" y el "fracaso" de los Mossos d'Esquadra, el Gobierno central congele el acuerdo alcanzado con la Generalitat catalana para aumentar la plantilla de la policía autonómica hasta los 22.006 efectivos en 2030.

CEP cree que la policía autonómica tuvo una "bochornosa inacción" y añade que la detención posterior de dos agentes de los Mossos por su presunta participación en la nueva huida del expresidente de la Generalitat "exigen poner en cuarentena aquel acuerdo y su financiación, acordada en diciembre de 2023 por ambos Gobiernos y que implica un gasto para el Estado de más de 1.300 millones de euros".

Señala que, visto lo visto, la prioridad del Ministerio del Interior debe ser asignar los 1.300 millones de euros del acuerdo para ampliar el número de Mossos a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los policías nacionales en Cataluña, que "se ha convertido en una plantilla de paso en la que cada año más del 20% de los agentes piden otros destinos en el resto de España, debiendo ser reemplazados por policías de nuevo ingreso".