Puigdemont consuma una nueva afrenta al Estado ante el silencio del Gobierno

"En política es pot fer tot, menys el ridícul" ("En política se puede hacer todo, menos el ridículo"). La política catalana acumula en los últimos siete años decenas de episodios en los que se ha aludido a la mítica frase del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas. Insistir en ella otra vez es casi un abuso, si no fuera porque ha sido el propio Carles Puigdemont, en su supuesto regreso a Cataluña, el que ha intentado establecer una línea de conexión con su predecesor. Nadie como Puigdemont ha cumplido con tanta disciplina la máxima de Tarradellas. Hasta el punto de poner en cuestión el respeto institucional al cargo que tuvo.

Su vuelta a España, anunciada a bombo y platillo, con la pretensión incluso de dejarse detener, constituyó una nueva burla al Estado. Después de permanecer siete años fugado en el extranjero, apareció a las 9 horas en el acto organizado por Junts, pronunció un mitin y se esfumó. De nuevo, huyó. Su abogado, Gonzalo Boye, dijo a TV3 que se ha ido a su casa, sin especificar si se refiere a Bélgica, y aseguró que no se entregará nunca.

En los últimos días, su partido y él mismo habían transmitido la idea de que estaba dispuesto a asistir a la sesión de investidura, aunque eso supusiera entrar en prisión. Ni los suyos entendían este movimiento, tras justificar durante años que si no se sometía a la justicia, como sí hicieron otros líderes independentistas, era para preservar la institución de la presidencia de la Generalitat. Pero fue precisamente quien ha tenido esta alta responsabilidad el que corrió por las calles de Barcelona para escaparse en un coche y no cumplir con la promesa de acudir al Parlament.

Empezó así una jornada de absoluto desconcierto, indigerible hasta para los independentistas, en la que durante horas se habló del paradero de Puigdemont y Junts intentó paralizar el pleno. Todo fue baldío. Poco después de las 19.30 horas, Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat. Sin ningún sobresalto, a pesar de que durante todo el día se especuló con que Puigdemont aún podía aparecer y dar un golpe de efecto.

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La realidad es que había abandonado las inmediaciones del Parlament muchas horas antes, semioculto entre la gente. Y aunque agentes de los Mossos d'Esquadra le siguieron en un vehículo, acabaron por perderlo de vista. El Gobierno vivió su nueva fuga como si no le afectara. Ni un solo pronunciamiento oficial. Quien siga la información a través del Ejecutivo podría pensar que la evasión del expresident no ha sucedido. Para la Moncloa era algo ajeno, en todo caso responsabilidad de la policía autonómica catalana.

Este periódico se puso en contacto con el Ministerio del Interior para consultar si se había dado alguna directriz y si los Mossos habían solicitado ayuda a la Policía o la Guardia Civil en su búsqueda de Puigdemont. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se limitaron a confirmar que el ministro estaba recibiendo información, pero en todo momento remitieron a los Mossos (informa Alejandro Requeijo).

El Gobierno solo salió del letargo para celebrar la elección de Illa. El presidente Pedro Sánchez le felicitó en las redes sociales. Pero nadie del Ejecutivo mencionó la nueva fuga de Puigdemont. El único que rozó el asunto fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, para responder a las recriminaciones de Alberto Núñez Feijóo.

El silencio impuesto por la Moncloa viene de lejos. Se ha practicado durante toda la negociación con ERC y con el acuerdo para la financiación singular para Cataluña. El Gobierno tampoco puede explayarse en declaraciones porque su mayoría parlamentaria depende de los siete votos de Junts. Y que Puigdemont acabara en la cárcel lo único que podía provocar es perderlos o encarecerlos.

Con todo, el Ejecutivo solo tuvo que quedarse quieto. Los Mossos salieron directamente a autoinculparse por el fiasco del dispositivo. "Aprovechando el número de personas que le rodeaban, huyó del lugar en un vehículo que los mossos intentaron detener, pero no lo consiguieron", señalaron sobre Puigdemont en un comunicado.

Su plan era apresarlo, en cumplimiento de la orden de busca y captura que pesa sobre él, antes de acceder al Parlament. "De forma proporcional y en el momento más oportuno para no generar desórdenes públicos", aseguran. Este operativo permitió al expresident llegar al lugar del mitin y dirigirse a sus fieles (unos 3.500, según los registros más optimistas). Dos mossos fueron detenidos por facilitar la huida de Puigdemont; con uno de ellos ya en libertad.

Mientras se le buscaba por toda Barcelona, en el Parlament se desarrollaba la investidura de Illa, que quedó eclipsada por su aparición y posterior fuga. El primer secretario del PSC ignoró la cuestión. En la línea de la Moncloa, nada había pasado. Se blindó ante el ruido y lo que hizo fue tender la mano a todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox y Aliança Catalana.

Solo su defensa de la ley de amnistía, que se le ha aplicado a Puigdemont menos en el delito de malversación, le conectó con este tema, al demandar a los jueces “respeto a la esfera de decisión del Poder Legislativo, que ha manifestado de forma clara, explícita e inequívoca el deseo de normalización plena en Cataluña”.

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Se mostró conciliador en la tribuna, pero luego el PSC fue implacable en la Mesa cuando Junts intentó suspender el pleno. Inopinadamente, ERC se convirtió en un aliado para que la sesión llegase a buen puerto. Tras el número de Puigdemont, los republicanos optaron por darle a Junts cero oxígeno. Se vio un futuro presidente catalán más abierto y más plural que sus predecesores. Y sobre todo, un tono político en la exposición, réplicas y contrarréplicas más pausado, tranquilo. Incluso con un punto de aburrimiento.

Feijóo agita un 'pacto oculto' entre Sánchez y Puigdemont

La jornada de caos total que se vivió este jueves en Barcelona y el silencio del Gobierno dio pie a todo tipo de teorías, entre ellas la del PP, que abona tanto en público como en privado una especie de 'pacto oculto' entre Sánchez y Puigdemont para permitirle ejecutar su performance en España sin ser detenido. Fuentes de Génova trazan una relación entre la visita de varios emisarios del PSOE a Suiza el pasado mes de julio, adelantada por el diario El Mundo, y la segunda fuga que ha protagonizado Carles Puigdemont de Barcelona pese al férreo dispositivo policial desplegado desde primera hora de la mañana.

En la dirección nacional del PP obviaron la responsabilidad de los Mossos en la actuación contra el líder huido de Junts, dirigidos por ERC, y señalan a la Moncloa como el lugar para encontrar culpables. El "responsable último", trasladaron distintos portavoces, no es otro que el presidente del Gobierno. Lo sostienen, aseguran, por convicción, pero también porque es una baza política más para intentar acorralar a Sánchez.

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Aunque el Gobierno da ya por liquidado el debate por la amnistía, el pacto con ERC para alumbrar un concierto económico para Cataluña amenaza con abrir otra batalla de grandes dimensiones para la Moncloa. En menos de un año de legislatura, Sánchez se enfrenta también a una honda debilidad parlamentaria por la connivencia necesaria con socios volubles como Junts, sin olvidar la investigación judicial abierta tanto contra su esposa como contra su hermano.

Las críticas que el PP recuerdan a tiempos pasados. Era Mariano Rajoy quien ocupaba el Palacio de la Moncloa cuando Puigdemont huyó del país tras la aplicación del 155 para evitar su detención. Los populares arguyen, no obstante, que no hay punto de comparación con lo sucedido en 2017 porque, entre otras cosas, no había orden de busca y captura emitida por el Tribunal Supremo, como sí existe ahora. En este caso, además, el propio expresidente de la Generalitat había anunciado a bombo y platillo su regreso con mitin incluido en el centro de Barcelona emitido en directo.

El PP ha encapsulado su reacción a la última "burla" de Puigdemont al Estado. Génova evitó dar detalles sobre la respuesta, institucional o jurídica que darán a lo ocurrido. Y Vox aprovechó ese carril libre para capitalizar la ofensiva de la oposición. Los de Abascal no solo se encargaron de calentar las calles con la participación en las protestas de este jueves frente al Parlament, sino que anunciaron una querella contra el consejero de Interior en funciones y el jefe del dispositivo policial de los Mossos por "ayudar a Puigdemont a sustraerse de la acción de la Justicia", además de solicitar al Tribunal Supremo que active una orden detención europea.