Malestar en el Supremo: apunta a posibles delitos en altos cargos de Interior y Mossos

Usar la palabra malestar para definir la sensación que recorría este jueves el Tribunal Supremo (TS) es algo que se queda muy corto. Desde el alto tribunal se siguió con desconcierto e indignación el periplo de Carles Puigdemont por las calles de Barcelona. Nadie llega a entender por qué ningún cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado optó por actuar en cumplimiento de las órdenes del TS. A lo largo de una media hora pudo verse al expresident catalán en la vía pública con una pequeña comitiva, rodeado por sus fieles e incluso subido a un escenario y dando un discurso sin que agente alguno de los Mossos o la Policía y la Guardia Civil hiciera amago de arrestarle. Fuentes jurídicas consultadas hablan ya de responsabilidades penales por este incumplimiento y apuntan a altos cargos de Interior.

Más allá de la policía autonómica, que ha cargado con el desastre, el auto del juez Pablo Llarena en el que se mantenía la orden de detención nacional contra el líder de Junts fue notificado hace semanas al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Este mismo viernes, el magistrado ha movido ficha. Ha dictado dos providencias en las que, en resumen, pide explicaciones. Reclama a los Mossos y a Ministerio del Interior todos los detalles del operativo para detener a Puigdemont que fracasó y de sus responsables.

En la dirigida a Interior el juez pregunta cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y detención, así como las órdenes posteriores que fueron cursadas ayer para su detección en frontera y detención, después de su fuga. En las dos resoluciones, el instructor del procés señala que habiendo tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía estuvo presente ayer en Barcelona protagonizando un acto público en las inmediaciones del Parlament de Catalunya y que al finalizar el mismo logró eludir la orden de detención emitida contra él, exige saber quiénes eran los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y a los que se les encomendó su ejecución o despliegue operativo.

El truco de prestidigitador de Puigdemont se interpreta como una tomadura de pelo, una ofensa cuidadosamente ideada para herir y ofender al alto tribunal. De hecho, buena parte de las palabras que pronunció desde ese atril que tenía puerta trasera fueron directamente dedicadas a los magistrados del TS. Indicó que "cuatro jueces mandan más que un Parlament" y que se está permitiendo al PP "controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás". También dijo que la ley de amnistía tenía que servir para devolver a la política "lo que no tendría que haber salido nunca", pero que "a unos cuantos señores del Supremo esto no les gusta ni les conviene". "En un país donde las leyes de amnistía no amnistían, no nos interesa estar", lanzó.

El juez Llarena, pendiente de interrumpir sus vacaciones en Girona, contaba con tomarle declaración unas horas después del anunciado regreso a Cataluña. Resultaba impensable que el arresto no se produjera. La burla final de Puigdemont puede tener consecuencias más allá de los Mossos. Distintas fuentes consultadas hablan de un delito de desobediencia, consistente en obviar la orden directa de un juez. También de omisión del deber de perseguir delitos, en este caso, el que se atribuye al huido y que no queda afectado por la amnistía: la malversación agravada.

Aunque el primero en asumir la responsabilidad del desastre fue el departamento que dirige Eduard Sallent -para más oprobio, los únicos detenidos son dos de sus agentes-, desde el Supremo se recuerda que la orden no afectaba exclusivamente a este Cuerpo. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen competencias plenas en Cataluña y existía la posibilidad de montar un operativo conjunto o de reforzar a los agentes autonómicos. Sin embargo, se optó por delegar la detención, por cederla de forma completa. Según se sucedían las rocambolescas escenas vividas a lo largo de este 8 de agosto, que pasará sin duda a formar parte del imaginario colectivo, el departamento de Marlaska se limitó a señalar que seguía la actuación desplegada en Barcelona y que estaban a la espera de información. Nada más.

Las instrucciones de Llarena

El auto que recibieron tanto Interior como los Mossos se dictó hace semanas. Hubo un primer escrito que sirvió de avance. El 11 de junio, el instructor del procés dio el primer paso para examinar la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont. Ya entonces, en lugar de dejar sin efecto de forma automática las medidas cautelares que pesan sobre el expresident, las mantuvo. Fue incluso un paso más allá, ordenó que se comunicara a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que "continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención" de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, "por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas".

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Semanas más tarde llegó la confirmación. El 7 de julio, el Tribunal Supremo rechazó amnistiar el procés. Los magistrados consideran que la ley no resulta aplicable al delito de malversación. Llarena precisó -insistió- en que mantenía vigente la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont. Una vez más volvió a dirigirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicárselo. A todos.

Si hay algo que indigna de forma especial es que el regreso no solo no fue una sorpresa, sino que tanto los Mossos como la Policía y la Guardia Civil conocían con antelación cuándo y cómo pensaba regresar el fugado. Fue radiándolo paso a paso. 24 horas antes, advirtió que iniciaba "el retorno del exilio". También se supo con un margen de horas que las entidades soberanistas, Junts y el Consejo de la República convocaban un acto de recibimiento. Por supuesto se conocía la hora de inicio del pleno de investidura. Cada uno de los pasos anunciados se fue cumpliendo al milímetro. Pese a todo, se produjo el desastre.

Las previsiones frente al arresto se han ido al traste. Ahora, el Supremo tiene la única opción de volver a reactivar la orden de detención europea e internacional contra el doble prófugo. Emprender ese camino ya transitado con la ley de amnistía en vigor y un trámite de recursos que llevarán su alcance en el caso del de Junts ante el Tribunal Constitucional parece complicado.