El Gobierno ignora el regreso de Puigdemont a la espera de la decisión de Llarena

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Silencio, pero un silencio absoluto, para que se escuche bien. El Gobierno no quiere saber nada del regreso a España de Carles Puigdemont. La decisión de la Moncloa de no interferir públicamente en las negociaciones con ERC para que voten a Salvador Illa como presidente de la Generalitat alcanza también a los movimientos de Puigdemont. Nada mejor que estar callados para evitar un tropezón, sobre todo a las puertas de la investidura.

Ni una sola valoración se ha hecho desde el Ejecutivo o el PSOE sobre la intención del líder de Junts de regresar a España. Las fuentes consultadas aseguran que "no hay nada que decir". A la espera de lo que suceda este jueves con su reaparición, de su presumible detención y de si el juez Pablo Llarena decreta o no su ingreso en prisión, el Gobierno se ha puesto absolutamente de perfil.

El presidente y sus ministros se encuentran de vacaciones, pero eso no impide que haya declaraciones de miembros del Ejecutivo o de la cúpula socialista si a la Moncloa le interesa. Pero la postura política es permanecer al margen de lo que sucede en Cataluña. Por eso, más allá de las manifestaciones de Pedro Sánchez la semana pasada de apoyo al acuerdo con ERC, no han existido pronunciamientos.

Hasta las voces de una parte del PSOE, que está en contra de la financiación singular catalana, han quedado momentáneamente enmudecidas, a expensas de que Illa sea presidente y la dirección socialista aclare el alcance del pacto con los republicanos. Que todo suceda en pleno agosto, el mes de mayor parón político, también favorece este compás de espera.

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ERC, y no Junts, es ahora el partido a cuidar. Tanto, que la semana pasada los socialistas convocaron de urgencia una ejecutiva para ratificar el aval del PSOE a todo lo pactado por el PSC y ofrecer más garantías de cumplimiento. Se actuó así tras conocer que en la dirección republicana, que se reunió durante horas, había personas que no se fiaban de lo que hiciera el PSOE después.

Toda esta desconfianza parece puntualmente superada. En el Ejecutivo no creen que la elección de Illa esté ahora en riesgo por el regreso de Puigdemont y sólo se asume, como en el PSC, la posibilidad de un retraso en la celebración del pleno de investidura convocado para hoy. La prueba de que no lo consideran una amenaza es que este miércoles, después de que el expresident anunciara que iniciaba su viaje de vuelta, siete años después de su fuga, los socialistas catalanes y ERC firmaron públicamente el acuerdo. Un gesto más de independencia ante el intento de intromisión de Puigdemont.

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Al Gobierno le queda aún la patata caliente de lo que pueda suceder con el líder de Junts, si Llarena le envía o no a la cárcel. Y la valoración en este caso es más difícil de evitar. El refugio de la Moncloa ha sido hasta ahora subrayar el respeto a las decisiones judiciales y, a la vez, pedir que se aplique la amnistía en el sentido concebido por el legislador. Esto último ya es un ejercicio de nostalgia, porque en línea con la sala segunda del Tribunal Supremo, el juez instructor ha considerado que no es aplicable en el delito de malversación. Sólo cabe esperar al recurso del expresident al Constitucional.

En más o menos días, Illa ocupará la Generalitat. Pero ese hito no cambia la aritmética parlamentaria en el Congreso y la dependencia del Ejecutivo de los siete votos de Junts. Si Puigdemont acaba en prisión, la situación nacional, ya muy inestable, aún se desestabilizará más. El nuevo curso político arrancará con muchas dudas. Entre ellas, la concreción del concierto económico catalán y si Junts mantendrá su apoyo a Sánchez.

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El Ejecutivo cree que una vez que Puigdemont no ha logrado ganar las elecciones, a falta de que se aclaren sus circunstancias penales, se confirmará su marcha de la política, habrá un relevo en Junts y un viraje hacia posiciones más moderadas. Pero ahora mismo esto es sólo un acto de fe. El Gobierno necesita a Junts para aprobar los presupuestos y el aviso que lanzó estas semanas al tumbar la senda de déficit no permite confiar en su respaldo.

Gracias a las conversaciones para la investidura de Sánchez, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha tejido un canal de comunicación con el secretario general de Junts, Jordi Turull, pero las relaciones entre los dos partidos, aunque sean socios, son frías. Santos se hizo la foto con Puigdemont en Bruselas con el cuadro de la urna a su espalda en Bruselas, pero después de las elecciones catalanas Sánchez cortó de raíz sus pretensiones de ser presidente con la abstención del PSC. "Le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y no le dan los números para ser elegido", señaló.

Ahora Puigdemont vuelve en carne y hueso. La Moncloa quiere permanecer ajena al espectáculo. Pero en prisión o fuera de ella, el expresident persistirá por un tiempo en el núcleo terrestre de la política nacional. Con un control férreo sobre Junts, cobrándose su apoyo al Ejecutivo en cada votación o dejándole caer cuando le convenga.