El as de Puigdemont para escapar del ingreso en prisión: una vía rápida que le lleve al TC

Ya es oficial. Carles Puigdemont abandona su huida y vuelve a España. Su regreso, que ha emprendido ya según ha avanzado en redes sociales, implicará una detención, pero no solo eso. Es más que probable que, una vez detenido, acabe en la cárcel por un tiempo indeterminado. Sus mejores opciones para intentar escapar de una situación de prisión incondicional pasan por implicar, de forma rápida, al Tribunal Constitucional. El expresident tiene aquí un as para conseguirlo. Un habeas corpus en el que esgrima que su detención es ilegal.

El hecho es que, una vez detenido, el futuro de Puigdemont quedará en manos del juez Pablo Llarena, instructor del procés. El líder de Junts será conducido ante el magistrado, que tras escucharle deberá decidir si le deja libre con medidas cautelares como comparecencias periódicas y prohibición de abandonar el territorio nacional o le envía a la cárcel de forma incondicional. Esta segunda posibilidad tiene más opciones de prosperar. El curriculum de Puigdemont y sus palabras de los últimos días dejan claro que no desea someterse a la acción de la Justicia. El riesgo de fuga es evidente, al igual que su intención declarada y demostrada de sustraerse al TS. A esto se suman las acusaciones en su contra que, en el caso de la malversación, implican penas superiores a los 12 años.

De todo esto es consciente tanto el expresidente como su entorno. Y el hecho es que para enfrentar una entrada en la cárcel solo tiene dos caminos. Recurrir ante el mismo Supremo sin tener asegurados ni los tiempos de respuesta del alto tribunal ni el sentido de su decisión, y tardar así meses en agotar esa vía, o mirar hacia campos más verdes: el Constitucional. Puigdemont sabe que sus opciones de éxito se multiplican exponencialmente si implica al TC, con una mayoría más cercana al Gobierno de Pedro Sánchez, volcado en salvaguardar su pacto con ERC y lograr que Illa sea president. Lo difícil para él es buscar un modo de llegar a esta instancia que no se eternice y le dé acceso a una respuesta exprés.

El obstáculo viene por el hecho de que el recurso de amparo tiene una naturaleza subsidiaria. Es decir, no es posible pedir amparo al TC sin que los tribunales ordinarios se hayan pronunciado antes. Son estos los primeros garantes de los derechos y libertades en el ordenamiento jurídico. Por ello, la tutela y defensa de esos derechos y libertades por parte del Tribunal Constitucional es siempre subsidiaria.

Buena prueba de ello es la tramitación de los recursos sobre la ley de amnistía. Hace unas semanas, Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Ya entonces acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. La decisión se adoptó de forma paralela a la de la Sala de lo Penal. Los magistrados que juzgaron el procés también rechazaron amnistiar la malversación del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O.

Tanto el juez como la Sala consideran que obtuvieron un beneficio personal que provoca que la gracia no les alcance y que su acción afectó, además, a los intereses financieros de la Unión Europea. Las decisiones de ambos están pendientes de recurso ante el propio Supremo, sin que aún se haya acordado una fecha de resolución.

Algo similar sucedería en el caso de que Llarena acordara la prisión incondicional. Puigdemont podría, por un lado, recurrir en amparo al TS y esperar desde la cárcel a que se fijara una vista, confiando en que el encargado de resolverla, un magistrado ajeno tanto a ese procedimiento como al paralelo sobre el procés, acabe por hacerle caso y le deje en libertad. Por otro, una vez concluido el sumario en su contra, la causa pasará a la Sala donde también podría recurrir y pedir, muy probablemente, que los magistrados del tribunal del procés queden apartados. No sería hasta el final de ese periplo cuando se le abriría la ventana del Constitucional.

El atajo más directo

Hay un modo, no obstante, de acortar este camino. El atajo más directo es el citado habeas corpus. El sistema, que cuenta con su propia ley reguladora, está diseñado para proteger el derecho a la libertad de los ciudadanos. Por ello, establece métodos eficaces y rápidos para casos en los que la detención de la persona no esté justificada legalmente o sea directamente ilegal.

Los argumentos para defender algo así y esgrimirlo vienen siendo propagados por Junts y el propio Puigdemont de forma constante en las últimas semanas. Consideran que el Supremo ha incumplido la ley de amnistía al dejarle fuera y, por ello, cualquier arresto que se ordene desde el TS lo sería también. Además, insisten en su inviolabilidad como diputado del Parlament y cuestionan una hipotética detención en la cámara.

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Beatriz Parera

El habeas corpus está montado precisamente para ser rápido y sencillo. Una vez detenido, Puigdemont puede solicitarlo a los propios agentes que le arresten. El competente para resolver, según la norma, es el juez de instrucción del lugar en que se encuentre, previsiblemente el de guardia de Barcelona. Este magistrado resuelve en un plazo máximo de 24 horas tras pedir informe a la Fiscalía. Si acepta las alegaciones, ordena la inmediata puesta en libertad. Si no lo hace se acaba ya aquí la vía del recurso ordinario y Puigdemont tendrá puerta franca para pedir amparo al Constitucional.

Eso sí, en un caso así, si el Constitucional acelera la respuesta, tendrá que explicar sus motivos para fallar de forma exprés. Decenas de sentencias del tribunal de garantías demuestran que el plazo habitual del TC ante la inadmisión de habeas corpus en los tribunales ordinarios es de unos dos años, en ocasiones hasta de tres. Como poco, este tipo de sentencias se emiten con al menos un año de diferencia entre la detención y la resolución, como confirman varias sentencias consultadas.