El PP forzará a las federaciones críticas del PSOE a posicionarse sobre el cupo catalán

La investidura de Salvador Illa parece encarrilada. Si este jueves el Parlament da luz verde al líder del PSC para ponerse al frente de la Generalitat, Pedro Sánchez tendrá que desgajar la reforma del sistema de financiación para sacar a Cataluña del sistema del régimen general. Es el eje del preacuerdo suscrito con ERC a cambio de la presidencia catalana, aunque el Gobierno haya decidido ahorrarse temporalmente los detalles para no irritar a sus propias filas antes de que Illa tome posesión. Pero el PP intentará truncar el intento de Sánchez de contener el malestar interno con un reguero de iniciativas en los parlamentos autonómicos para que los socialistas críticos con la propuesta se posicionen de forma pública.

Los populares creen que el impacto del acuerdo para alumbrar el controvertido 'cupo catalán' puede abrir más fisuras en el PSOE que cualquier otro debate político, incluyendo la amnistía. El partido de Feijóo ya intentó, sin éxito, buscar rebeldes en el PSOE que se sublevasen contra la medida de gracia para el independentismo. Pero esta vez lo que entra en juego es el dinero, la financiación de los servicios públicos y la propia vertebración del sistema autonómico. Como definía un barón popular, es "la madre de todas las batallas".

En efecto, los recelos al concierto catalán van más allá de las habituales críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El Gobierno de Asturias se opuso casi desde el mismo momento en que ERC —y no el PSC— dio a conocer el acuerdo para investir a Salvador Illa. Suponía, a juicio del Ejecutivo del socialista Adrián Barbón, "una merma de los recursos del Estado". Y no fue el único. Tampoco comparten la idea en el PSOE de Extremadura, donde piden a Sánchez que no negocie de forma bilateral con Cataluña y celebre un debate interno para fijar una postura de partido.

Los secretarios generales de Castilla y León, Luis Tudanca; y de Madrid, Juan Lobato, también censuraron abiertamente la pretensión de sacar a Cataluña del régimen común de financiación. Y a todos ellos hay que sumar al expresidente de Aragón, Javier Lambán, y otros exdirigentes abiertamente críticos con Sánchez, como el expresidente Felipe González o Alfonso Guerra. "Los socialistas no pueden apoyar un latrocinio que elimine la solidaridad entre los españoles", declaró el exvicepresidente del Gobierno en una entrevista para El Mundo.

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Desde la dirección de Génova han invitado a los socialistas críticos a no quedarse en las palabras y "pasar a la acción" para evitar que el concierto catalán tome forma. Por eso el PP prevé darles un empujón, bien para lograr abrir fisuras en el PSOE y que los dirigentes territoriales den la espalda a Sánchez; o bien para "retratar" y señalar con nombre y apellidos a aquellos que apoyan la financiación singular para Cataluña pese a que la medida, advierten los populares, irá en perjuicio de los intereses del resto de autonomías. "Tendrán que explicárselo a sus votantes", inciden.

El PP impulsará mociones, declaraciones institucionales o proposiciones no de ley para su debate y votación en diversos parlamentos territoriales, incluyendo aquellas regiones donde se han evidenciado las principales críticas en el PSOE al acuerdo suscrito entre Sánchez y el independentismo. La formación ya ha registrado las mencionadas iniciativas en Asturias, Murcia y Aragón para que llegue a pleno a partir de septiembre —agosto es mes inhábil—, mientras que en regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Extremadura prevén presentar la misma acción a la vuelta de las vacaciones, según confirman fuentes autonómicas.

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Los populares pretenden que las distintas federaciones del PSOE voten a favor de mociones que defienden que la reforma del sistema de financiación sea "debatida y consensuada en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", y no de forma "bilateral" con una única región; y que piden oponerse desde las distintas delegaciones regionales a la "ruptura del sistema fiscal de régimen común" y del "principio de igualdad" recogido en la Constitución.

A diferencia de otras iniciativas, en esta ocasión no se trata de una acción coordinada entre Génova y sus territorios, según confirman tanto en la dirección nacional como en varias delegaciones territoriales. Se trata de un "paso lógico" de los distintos barones del PP, tanto los que están en los gobiernos como los que no, para intentar poner palos en las ruedas al pacto para una financiación singular para Cataluña por todas las vías, tanto a nivel judicial como, en este caso, institucional y político.

No obstante, fuentes de Génova confirman que la dirección del partido estudia también presentar mociones para "retratar" al PSOE en otras instancias, desde ayuntamientos hasta el Congreso y el Senado. Esta semana, la portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, alentó una rebelión interna en las filas socialistas y pidió a los barones del PSOE que ordenasen a sus respectivos diputados a romper la disciplina de voto en la Cámara Baja para torpedear el trámite parlamentario de la reforma del sistema de financiación. "Si quieren que nos los creamos [a los socialistas críticos], tienen que utilizar a sus diputados y senadores para que no apoyen esta propuesta. Si lo hacen, serán cómplices de la traición a todos los españoles", declaró.

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Haya o no díscolos en las filas parlamentarias del PSOE, lo cierto es que Sánchez encontrará, a priori, dificultades para que el delicado acuerdo suscrito con ERC reciba el aval del Congreso. El concierto catalán ha abierto una brecha incluso en Sumar, socio minoritario del Gobierno, después de que el cerebro económico de Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, se haya posicionado abiertamente en contra de un modelo que "ahonda en la estrategia de fragmentar y enfrentar a la clase trabajadora por territorios, al tiempo que orilla las soluciones generales a los problemas comunes en favor de arreglos singulares".

La respuesta política del PP llegará antes de que despegue la ofensiva jurídica, que no podrán poner en marcha hasta que el preacuerdo entre PSC y ERC se materialice en acciones concretas. Como publicó El Confidencial, los barones populares acudirán de forma coral a los tribunales para intentar tumbar el 'cupo catalán', sin descartar ninguna instancia jurídica ante la que puedan recurrir, desde el Tribunal Constitucional al Supremo, pasando por los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.