Puigdemont busca ahora acusar al TS de prevaricación tras la senda de Pedro Sánchez

Las querellas por prevaricación desde el Gobierno contra los jueces ya no son una línea roja ni algo impensable después de la decisión de Pedro Sánchez de acusar al juez Juan Carlos Peinado. Y Carles Puigdemont lo sabe. En el tiempo de descuento para la investidura de Salvador Illa en Cataluña -y también para su vuelta a España anunciada y su inevitable detención-, el expresident catalán agita, de forma simultánea, acusaciones contra el Tribunal Supremo y reproches al Ejecutivo por no defender con las mismas ganas la ley de amnistía y a Begoña Gómez, mujer del presidente. Fuentes jurídicas consultadas ven venir nuevas querellas de este tipo, en este caso contra el alto tribunal.

Lo cierto es que Junts lleva insinuando esa posibilidad, incluso como advertencia, desde la tramitación de la ley de amnistía. Ese runrún se ha acrecentado después de que el juez Pablo Llarena y la Sala de lo Penal vieran inaplicable la ley al delito de desvío de los fondos del procés. Hace solo unas semanas, Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Ya entonces acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos Tanto el juez como la Sala consideran que obtuvieron un beneficio personal que provoca que la gracia no les alcance y que su acción afectó, además, a los intereses financieros de la Unión Europea.

La carta abierta lanzada por Puigdemont deja ya varias pistas. En ella aseguró que hay magistrados dispuestos a incumplir la ley de amnistía. "El aparato judicial español", lanzó. A renglón seguido se dirigió directamente al Ejecutivo. "El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no se aplican, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español actúa con la indolencia del resignado". La frase casi calca la definición del delito de prevaricación.

Remató la misiva con un rejón dedicado de Pedro Sánchez: "Hace más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente y la cita a declarar que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley aprobada en esta legislatura, y la única ley de amnistía desde la entrada en vigor de la Constitución. Quien piense que eso no tendrá consecuencias, se equivoca".

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EFE

La mención a Gómez no es casual. La querella por prevaricación contra el juez Peinado presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Sánchez no tiene precedentes. Puigdemont se limita ahora a coger la misma pértiga para tratar de reproducir ese salto. Parte, eso si, de expectativas limitadas, ya que los jueces del Supremo están aforados también pero, en su caso, ante la conocida como Sala del 61 del TS. La Sala sufrirá una revolución en su composición una vez que el CGPJ nombre presidente o presidenta e inicie el nombramiento de las decenas de cargos pendientes. De momento, sin embargo, eso no pasará dado que el nuevo Consejo sigue con sus dos mitades enfrentadas y muy lejos del acuerdo.

Mientras tanto, otros miembros del partido se dedicaron a lo largo de la jornada del lunes a calentar la misma tesis. "La pregunta es qué hará Illa si en su debate de investidura el presidente es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno", se preguntó, señalando con el dedo al del PSC. También dijo que el Estado es el que debería estar preocupado por la actitud de algunos jueces ante la Ley de Amnistía y apuntó que un arresto de Puigdemont "reventaría la democracia española porque sería la confirmación de que el poder judicial actúa al margen del poder legislativo".

No es una sorpresa

Nada de todo esto es una sorpresa para muchos en el Supremo. La certeza de que las acusaciones de prevaricación estaban a la vuelta de la esquina lleva circulando desde que el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez incluyera, hace meses, referencias al lawfare. Los jueces ya temieron por entonces estar en riesgo de afrontar querellas por prevaricación lanzadas por los mismos acusados a los que han investigado o condenado.

El delito de prevaricación viene recogido en el artículo 404 del Código Penal español y castiga a toda autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto de su competencia. En el acuerdo suscrito, el Ejecutivo ponía por escrito que existe una "judicialización de la política" y utiliza un término que equivale a asegurar que el independentismo sufre una persecución por parte de los tribunales alentada por motivos políticos.

Ahora, el PSOE ha asumido casi como propia la afirmación tantas veces repetida por Puigdemont de que hay magistrados que realizan "un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos".