El cupo catalán abre una brecha en Sumar: IU y el cerebro económico de Díaz vs. los comunes
El partido de la vicepresidenta bendijo el pacto entre el PSC y ERC, pero las voces contrarias a la salida de Cataluña del régimen común y el principio de ordinalidad desvelan un conflicto sobre el modelo territorial de la coalición
Jéssica Albiach firmó sonriente el acuerdo de investidura de los comunes con el PSC para hacer president a Salvador Illa, pero esa rúbrica tiene consecuencias para los socios de la formación. El acuerdo de los socialistas con ERC incluye una suerte de cupo catalán que puede ser aceptable para el partido aliado de Yolanda Díaz en Cataluña, pero que levanta ampollas en el resto de aliados que formaron parte de la coalición en las elecciones de julio de 2023. Al rechazo previsible de Compromìs y la Chunta Aragonesista se suman ahora voces contrarias a varios aspectos de la reforma de la financiación autonómica que contiene el pacto que llevará a Illa al Palau de la Generalitat.
Lo llamativo es que una de esas posiciones críticas es la de Carlos Martín Urriza, responsable económico de la formación magenta y uno de los fichajes de Díaz en la conformación de su proyecto político. El diputado por Madrid llegó a Sumar desde CCOO, donde ejercía como director del gabinete económico y en un artículo publicado en eldiario.es este martes ha mostrado sus reservas a varios de los ejes del acuerdo entre los socialistas y los republicanos. Lo llamativo es que los posicionamientos de Martín Urriza contrastan con la reacción inicial de Sumar al pacto. El pasado 2 de agosto, después de que las bases de ERC validaran el pacto, el partido de Yolanda Díaz lo calificó como "una oportunidad" para cambiar el sistema de financiación "para que sea más justo y solidario".
Esa afirmación contrasta con la postura que el economista ha hecho pública cuatro días después, ya que considera que el cupo catalán "pone en riesgo la redistribución entre comunidades autónomas". La asimilación de Cataluña a un régimen similar al foral es negativa para Martín Urriza, que en su cuenta de X asegura que el concierto "pone en riesgo la autonomía fiscal de la Administración central" y acusa al PSOE de alimentar la "deserción" de los territorios. Según el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, la propuesta que se ha conocido en los últimos días "ahonda en la estrategia de fragmentar y enfrentar a la clase trabajadora por territorios" y "orilla las soluciones generales a los problemas comunes en favor de arreglos singulares".
El responsable de los números de Yolanda Díaz eludió pronunciarse al respecto y cuando lo ha hecho ha sido para reprochar parte del posicionamiento de su propio partido. La postura oficial de Sumar es que el acuerdo "abre la puerta a una mayor federalización del Estado" y defiende un "sistema fiscal justo que garantice el Estado del bienestar y los derechos sociales, obviando las partes del documento que blindan el principio de ordinalidad. Este era uno de los requisitos de ERC para hacer presidente a Illa y consiste en limitar la cuota de solidaridad a la que Cataluña hará frente una vez salga del régimen común. Y el límite estará en que esa cantidad no podrá servir para que una comunidad que aporte menos al sistema —por lo tanto, una región más pobre— pueda recibir más dinero del Estado que Cataluña.
Los postulados que defiende en sus redes Martín Urriza encajan perfectamente con los que ha defendido este martes la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López. El despliegue —accidentado— de Sumar se ha apoyado en gran parte en la buena relación que la ministra de Trabajo mantiene con los sindicatos y especialmente con la organización que dirige Unai Sordo. Pero las posiciones sobre el cupo catalán han dejado a la vista una disparidad significativa. "Los criterios de solidaridad y de igualdad deben ser la inspiración de cualquier norma", ha dicho la dirigente sindical en un acto en Sevilla en el que ha advertido que Andalucía "no puede jugar en tercera división".
La relevancia de estas disparidades va más allá del debate político, ya que los postulados del acuerdo de ERC y PSC deberán pasar por el Congreso de los Diputados en lo que respecta a la financiación autonómica, ya que está regulada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Para reformarla, el PSOE necesita mayoría absoluta, es decir, a todos sus socios. Y los 27 votos de Sumar no están en absoluto asegurados a pesar del mensaje que lanzó la formación magenta tras el acuerdo. Además de la duda sobre la posición de Martín Urriza, hay que añadir los dos diputados de Compromìs y el diputado de CHA, que supeditan su apoyo a mejoras en sus territorios. Y también a los cinco escaños que dependen de IU dentro de la coalición.
El primer dirigente del espacio de la izquierda federal que criticó el acuerdo fue el andaluz Toni Valero, diputado por Málaga y líder de IU en su comunidad. Este martes la dirección federal de la alianza de izquierdas ha lanzado un comunicado para mostrar su rechazo al criterio de ordinalidad por ser "contrario al principio de equidad". "Sostiene que la comunidad que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita", ilustra IU en su mensaje, que considera "imposible" cualquier mecanismo de compensación con los territorios con menos potencia económica. "Nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial", zanja la formación que dirige desde hace unos meses Antonio Maíllo.
IU defiende que debe existir un sistema de redistribución de riqueza y recursos "para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo", una posición que, en teoría, debería compartir toda la izquierda. Por eso es llamativo que tengan que ser voces independientes, como la de Martín Urriza, o los partidos aliados, quienes muestren claramente su posición contraria a estos postulados.
"Sumar no quiere molestar a los comunes", explica una fuente del espacio a la izquierda del PSOE que recuerda, además, que la formación que dirige Jéssica Albiach no está en posición de rechazar el acuerdo de socialistas y republicanos porque una repetición electoral sería muy dañina para ellos. Hay que recordar que en las autonómicas del 12 de mayo la formación salvó los muebles con 6 escaños gracias a que Podemos no se presentó a los comicios. En las europeas del 9 de junio, los morados superaron en votos a los de Yolanda Díaz en Cataluña. Esas circunstancias se unen a la existencia de distintas familias entre los comunes que se disputarán el poder en la asamblea de otoño. Una es la de Ada Colau, "que no tiene proyecto de país", mientras que las otras dos caminan entre el federalismo más próximo a IU y una posición confederal que sí acepta las asimetrías.
Jéssica Albiach firmó sonriente el acuerdo de investidura de los comunes con el PSC para hacer president a Salvador Illa, pero esa rúbrica tiene consecuencias para los socios de la formación. El acuerdo de los socialistas con ERC incluye una suerte de cupo catalán que puede ser aceptable para el partido aliado de Yolanda Díaz en Cataluña, pero que levanta ampollas en el resto de aliados que formaron parte de la coalición en las elecciones de julio de 2023. Al rechazo previsible de Compromìs y la Chunta Aragonesista se suman ahora voces contrarias a varios aspectos de la reforma de la financiación autonómica que contiene el pacto que llevará a Illa al Palau de la Generalitat.
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