Los barones del PP se alinean para tumbar en los tribunales el 'cupo catalán': "Es la madre de todas las batallas"

El Partido Popular ha convertido los tribunales en su herramienta predilecta para tratar de torpedear la agenda política de Pedro Sánchez, que cuelga inevitablemente de las cesiones al independentismo. La amnistía, convertida en la clave de bóveda de la legislatura, ya levantó en armas tanto a Génova como a los territorios populares, que apuran los plazos para presentar una cascada de recursos ante el Tribunal Constitucional y esperarán a septiembre para lograr la mayor repercusión mediática posible. Pero si hay una cuestión que toca la fibra a los barones, por encima incluso de los debates políticos, es el de la financiación.

La respuesta en este caso será implacable. Como ilustra un presidente popular, la ofensiva para frenar el concierto económico catalán será "la madre de todas las batallas contra Sánchez". Los dirigentes del PP, que gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas, alinearán sus estrategias jurídicas y acudirán a los tribunales para tratar de torpedear la reforma con la que el Gobierno planea sacar a Cataluña del sistema del régimen general, una propuesta que forma parte del preacuerdo rubricado entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La ola de indignación con la que recibieron los presidentes autonómicos del PP el anuncio de la soberanía fiscal para Cataluña —y que también abrió heridas en algunas federaciones socialistas— fue sucedida de un goteo de advertencias de parte de todos los ejecutivos regionales de los populares, que buscarán la forma de dejar sin efecto el modelo comprometido con ERC que, a su juicio, irá en perjuicio de la financiación en sus propios territorios y repercutirá inevitablemente en sus servicios públicos.

¿Cómo se materializará esa ofensiva jurídica? Génova evita desvelar las medidas concretas que emprenderán si el 'cupo catalán' termina llevándose a término —el aval del Congreso a la reforma tampoco se estima fácil para Sánchez— aunque sí confirma que la batería de recursos judiciales está trabajándose ya en "coordinación absoluta" con los servicios jurídicos de sus comunidades autónomas a la espera de que la propuesta vaya tomando forma. La dirección nacional del PP ha delegado en sus barones la respuesta al pacto entre PSC y ERC, sin aportar más detalles que la promesa de una batalla "sin precedentes" en los tribunales.

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En algunas comunidades, no obstante, sí comienzan a esbozar cómo se aterrizaría esa estrategia jurídica. La vía más clara que aparece ante el PP es la impugnación del 'cupo catalán' ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del principio de solidaridad interterritorial que establece la Constitución. Pero no es la única herramienta al alcance de los populares. Si el Ejecutivo opta por tramitar la reforma vía decreto, la herramienta sería la de acudir al Tribunal Supremo, según fuentes territoriales. Y tampoco se descarta recurrir, a posteriori, a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas para boicotear el desarrollo de la prometida reforma de la LOFCA.

En el arsenal de argumentos que barajan los gabinetes jurídicos de las distintas comunidades del PP hay hasta 15 artículos de la Carta Magna que podrían verse vulnerados, comenzando por el principio de igualdad consagrado en el artículo 1 y que luego se traslada a varias partes del texto constitucional, como el artículo 139, donde queda claro que todos los españoles tienen los mismos derechos "en cualquier parte del territorio".

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Los populares pueden cimentar su acción jurídica también en la ruptura del sistema fiscal que estableció la Constitución, ya que el texto del 78 obliga a los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos "de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". Este argumento sobre la progresividad es una de las críticas que le hacen al PSOE desde el PP, pero también en parte de la izquierda, ya que consideran que el modelo pactado por los socialistas con los republicanos beneficia a Cataluña a pesar de ser una de las comunidades más ricas del país.

El PP también maneja una posible ruptura de la distribución de la renta regional, que aparece en el artículo 40.1 y que vulnera la "subordinación de la riqueza al interés general del artículo 128.1. La salida de Cataluña del régimen común y su asimilación al sistema que tienen País Vasco y Navarra sería, según manejan los gobiernos regionales en manos populares, una forma de poner en peligro la capacidad del Estado para planificar la actividad económica, que está blindado en el artículo 131.1 de la Constitución. Incluso consideran que podría entrar en peligro el principio de estabilidad presupuestaria que se introdujo por medio de una reforma exprés en el artículo 135 en el contexto de la crisis económica y financiera que comenzó en 2008.

El otro pilar de los argumentos jurídicos que el PP tiene en mente es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde se articula el sistema de financiación. Esta norma garantiza la "solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones" en su artículo 2.1.e y es eso justo lo que está en duda a pesar de que el pacto entre PSC y ERC alude expresamente al mantenimiento de esa solidaridad. El problema hay que hallarlo en la dificultad para aplicar esa solidaridad si se vincula al principio de ordinalidad; es decir, que Cataluña no pueda recibir menos que lo que aporta a la caja común.

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También destaca aquí el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el foro multilateral donde el PP tiene una presencia mayoritaria, pero inútil. Las reglas de funcionamiento del CPFF establecen el voto de calidad del Ejecutivo central, que sólo necesita el aval de una comunidad para conseguir mayoría. Los populares defendieron un cambio de la norma que regula este organismo para acabar con esa preponderancia, sin éxito. Pero existe la posibilidad de que vayan a los tribunales también para salvaguardar el funcionamiento de este organismo.

Coto a las bajadas fiscales

Como adelantó El Confidencial, el preacuerdo suscrito entre PSC y ERC apunta también a que el prometido concierto catalán incluirá una cláusula de solidaridad con las demás autonomías "para que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares", supeditado a "un esfuerzo fiscal también similar". Este epígrafe anticipa que el siguiente estadio a la materialización del cupo para Cataluña podría ser la enquistada reforma del modelo de financiación para limitar las bajadas fiscales que comunidades como Madrid o Andalucía han convertido en su ADN político y financiero.

Este posible escenario despertó del letargo estival a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las dirigentes del PP con el discurso más ácido contra el Ejecutivo, especialmente en materia fiscal. Más allá de anticipar que dará la batalla ante todas las instancias, Ayuso situó la propuesta de Sánchez para Cataluña como "secesión fiscal" y alertó de los posibles efectos a medio y largo plazo de la materialización de una financiación singular en manos de la Generalitat, empezando por la instauración de una "república federal plurinacional" y siguiendo por el "referéndum" y la "independencia" de Cataluña. "La ruptura de España en manos de los nacionalistas no tendrá límite", añadió.

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El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sacó también los dientes este lunes para cargar contra el "agravio" del pacto catalán para el resto de regiones, como representante precisamente de una de las comunidades peor financiadas. Y avanzó, del mismo modo, que recurriría ante "todas las instancias jurídicas" a su alcance para impedir que se lleve a término. "Esto implica independizar el ingreso, pero sindicar la deuda para que todos la paguemos", advirtió durante una entrevista en COPE.

Aún no se conoce la letra pequeña del concierto catalán, un debate que el Gobierno mantiene contenido a la espera de que la investidura de Salvador Illa se convierta en una realidad. Pero aunque el cambio del modelo de financiación ha sido un debate que ha dividido históricamente a los barones del PP, que priman sus intereses territoriales por encima de la estrategia nacional, lo cierto es que la amenaza del cupo para Cataluña ha unido a los presidentes populares en un mismo objetivo. La ofensiva se desplegará desde todos los frentes y de forma coordinada para evitar fisuras que le permitan a Sánchez ganar un balón de oxígeno. "No vamos a parar", advierten.