Sánchez ignora los avisos de Bruselas sobre la falta de independencia de la oficina que avaló su relación con Air Europa

El Gobierno de Pedro Sánchez hace oídos sordos a los avisos de Bruselas sobre las deficiencias de la Oficina de Conflictos de Intereses. La Comisión Europea ha advertido en sus últimos informes sobre el Estado de derecho en España de la falta de independencia de este organismo público, pero el Ejecutivo no ha atendido hasta la fecha ninguna de sus recomendaciones. La oficina, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública, examinó el pasado mes de marzo las presuntas incompatibilidades de Sánchez en el rescate millonario de Air Europa por los vínculos con su esposa, Begoña Gómez, archivando la denuncia del PP y avalando el voto favorable del dirigente socialista.

El informe de 2024, publicado hace poco más de una semana, expone una vez más las carencias de la oficina y la inacción del Gobierno. "No se han tomado medidas para robustecer el régimen de los conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de los altos cargos de la Administración y reforzar la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses", dice el escrito, relativo a la situación en España.

Llueve sobre mojado. La Comisión Europea hizo lo propio en sus análisis de 2023 y 2022, con avisos sobre la independencia y autonomía del ente. "Aunque tanto el GRECO [Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa] como el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 hacían referencia a la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, las normas que rigen su independencia y autonomía permanecen inalteradas", señaló la Comisión, que también puso de manifiesto la laxitud sancionadora del organismo. "Las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente".

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La Comisión Europea afea al Gobierno que "no ha avanzado en la tarea de robustecer" las normas sobre la oficina y las declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración a través de un refuerzo de las competencias sancionadoras del ente, destacando que ni siquiera existe un cronograma de las reformas a abordar. Así, Bruselas insiste en su recomendación al Ejecutivo. "Robustezca las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses", asevera.

Sin reforma a la vista

El horizonte, pese a las instancias de la Comisión, es más que difuso. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, preguntado por El Confidencial, no ha detallado ningún avance o plan concreto al respecto. El departamento dirigido por José Luis Escrivá limita su respuesta al anuncio de Pedro Sánchez del pasado 17 de julio en el Congreso sobre su estrategia de gobierno abierto. "Este Gobierno aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentará a los grupos una nueva Ley de Administración Abierta, que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental", explica un portavoz.

En el ministerio aseguran estar al tanto de las reclamaciones de la Comisión, aunque no hacen ninguna concreción sobre una eventual reforma de la oficina: "Todas las recomendaciones y áreas de mejora que se incluyen en los informes del Estado de derecho de España y otros organismos internacionales que realizan análisis de estas características se analizan con rigor y se estudia cómo atenderlas".

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La Oficina de Conflictos de Intereses, que dirige Flor María López Laguna, estuvo en el centro de la polémica el pasado mes de marzo, cuando el PP presentó una denuncia por las presuntas incompatibilidades de Pedro Sánchez en la votación que decidió el rescate de Air Europa, habida cuenta de la relación empresarial de Begoña Gómez y Globalia —propietario de la aerolínea—, que patrocinó sus actividades como directora del Instituto de Empresa (IE) Africa Center. Los populares pedían una inhabilitación de hasta 10 años para Sánchez por una "falta grave", al entender que existían "vínculos de naturaleza económica y profesional" entre la compañía y la esposa del presidente del Gobierno. La acusación, sin embargo, fue archivada y el organismo concluyó que Sánchez no debió abstenerse.

La sombra de falta de independencia acompaña a la oficina desde hace tiempo. La oposición denunció en 2018, cuando Sánchez ratificó a López Laguna en su puesto —ejerce desde 2007—, que el número de sanciones y resoluciones negativas es irrisorio, con diez expedientes resueltos en los últimos diez años, según los balances anuales publicados por el propio organismo hasta el 31 de diciembre del año pasado.

Ciudadanos preguntó a la directora por qué solo había prosperado el 2% de las miles de solicitudes de incompatibilidad recibidas, a lo que contestó que era porque los potenciales afectados ya saben "qué se puede hacer y qué no". La realidad es que la propia Comisión Europea también ha alertado de esta situación: "Las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente".