El Gobierno apunta a una nueva financiación que impedirá a Madrid y Andalucía bajar impuestos

El cambio en el modelo de financiación se abre paso en el PSOE como el estadio siguiente al acuerdo con ERC, que saca a Cataluña del sistema del régimen general y le concede un concierto económico. Una modificación radical que conducirá a una España más federal. Esto es lo que barruntan los más comprensivos con el pacto mientras esperan un nuevo movimiento de Pedro Sánchez para alumbrar una reforma de la financiación autonómica, con mejoras para todas las autonomías. "Esperamos que esa sea la siguiente propuesta", defienden fuentes socialistas.

Hasta los republicanos dan por hecho que se realizará una modificación global de la LOFCA, con incentivos al resto de comunidades, porque es la única vía para conseguir que sea aprobada en el Congreso. El Gobierno mantiene el debate contenido a la espera de que la investidura de Salvador Illa sea una realidad, pero ya se deja entrever que el cambio del sistema será la próxima estación e incluirá una limitación de las bajadas fiscales que realizan comunidades como Madrid y Andalucía.

El propio texto del preacuerdo entre el PSC y ERC ya apunta en esa dirección. A diferencia del concierto vasco y navarro, el catalán contiene una cláusula de solidaridad, que está sujeta a condiciones. La Generalitat, indica el documento, "contribuirá a la solidaridad con las demás autonomías para que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares". Pero se supedita a que "lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".

En esta misma dirección se encaminan las declaraciones del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, en su comparecencia este miércoles en la Moncloa, rechazó el malestar que en otros territorios pueden producir las concesiones a Cataluña pactadas con ERC y, aunque ni aludió al PP ni citó a ninguna región, sí dijo que hay "mucho que hacer" y que "denunciar". "Suprimen impuestos a los ricos y piden más recursos económicos al Gobierno de España. ¿Es eso o no un atentado a la igualdad entre españoles?", declaró.

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El viernes fue la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien señaló directamente a los dos territorios: Madrid y Andalucía. Los dos gobiernos tienen bonificado al 99% el Impuesto de Sucesiones y el Impuesto de Patrimonio. Precisamente, para desactivar esta rebaja fiscal a los ricos, el Ejecutivo ideó hace dos años el impuesto a las grandes fortunas. Así evitó la tentación de que otras autonomías siguieran el mismo camino, porque en el caso de renunciar a cobrar patrimonio, el Estado lo ingresaría a través de esta nueva figura impositiva que es complementaria.

Díaz, en una entrevista en RNE, se refirió tanto a la modificación del modelo como a la limitación de las bajadas de impuestos autonómicas. Sostuvo que se debe dar "salida" a la renovación del sistema de financiación, caducado desde 2014, para acabar, dijo, con "algunas injusticias". "Lo que no puede existir en España es dumping fiscal entre comunidades", aseguró. "Le pongo un ejemplo: lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que hace regalos fiscales a los grandes patrimonios, y luego recorta servicios públicos o le pide más financiación al Estado".

Y no solo es Madrid, prosiguió la vicepresidenta, también Andalucía. "La financiación es clave, pero también una reforma fiscal que debe acompañar a todo el sistema". La disposición a abrir el melón es clara, a pesar de que hasta ahora el Gobierno, sobre todo la parte socialista, mantenía que no se podía abordar con el PP. El primer problema del PSOE radica en sus propias filas con dos presidentes autonómicos, Adrián Barbón (Asturias) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) abiertamente en contra del concierto catalán y varias federaciones como Castilla y León, Aragón y Extremadura también en rebelión. Hay muchas dudas internas, incluso sobre la posibilidad de extender la oferta a otras autonomías.

Es Sumar quien, tras el titubeo inicial por la reclamación de Compromís y de la Chunta Aragonesista de atender al resto de comunidades, muestra ahora una posición más unánime. Después de que las bases de ERC votaran a favor del acuerdo para investir a Illa, defendieron en un comunicado que se abre una "oportunidad" para el "imprescindible cambio del sistema de financiación" y se mostraron en contra del dumping fiscal del PP.

Hace unos días, cuando aún se estaba negociando el acuerdo entre el PSC y ERC, una fuente de Hacienda consultada por El Confidencial ya advertía que "Andalucía se equivoca en su planteamiento de reclamar solidaridad y bajar impuestos". El territorio más poblado del país sufre un problema de financiación desde hace más de una década como resultado del actual modelo, aprobado en 2009. Lo mismo le ocurre a la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, pero la diferencia es que la región que dirige Juanma Moreno comenzó una carrera de bajadas fiscales hace ahora un lustro, cuando el barón popular llegó al poder gracias al pacto con Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox. Una de sus primeras medidas fue imitar a Madrid y bonificar el 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones y es ahí donde apunta el Gobierno central.

Es cierto que la propia María Jesús Montero, como consejera de Hacienda en su comunidad, pactó con los naranjas varias rebajas al impuesto a las herencias, pero no del calado de las que luego aplicó el PP. Lo que sí aprobó la ahora ministra y vicepresidenta primera fue un borrador de reforma de la financiación autonómica que giraba en torno a dos ejes. Uno era la ampliación del porcentaje de cesión de impuestos a las comunidades para aumentar los recursos del sistema y otro blindar en la ley la equiparación fiscal para evitar el dumping entre las comunidades más ricas, que se pueden permitir renunciar a los ingresos de algunos impuestos cedidos dada su capacidad económica.

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Juanma Moreno, entonces en la oposición, apoyó aquel acuerdo contra el criterio de su entonces líder, Mariano Rajoy. Pero al llegar a San Telmo hizo justo lo contrario y ha aprobado seis bajadas de impuestos que han supuesto una reducción de unos 800 millones de euros anuales en recursos propios. La tesis que manejan en el Gobierno andaluz y que comparte todo el PP es que esas rebajas fiscales acaban revirtiéndose al generar mayor actividad económica con el ahorro de los ciudadanos.

Así se entiende que el barón popular bonificase Sucesiones y Donaciones y después Patrimonio, siguiendo la senda que marcó el PP madrileño. Pero esa encomienda a la famosa curva de Laffer es discutida por varios economistas, algunos incluso que formaron parte de aquel Ejecutivo andaluz de Ciudadanos. Según los datos de recaudación que publica el Ministerio de Hacienda, Andalucía era la única comunidad que en los primeros meses del año ha visto cómo sus ingresos fiscales en tributos cedidos han caído.

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En el departamento que dirige María Jesús Montero consideran que ese camino es erróneo y es ahí donde encaja la idea de una nueva financiación que impida a Madrid y Andalucía seguir bajando impuestos. Un modelo que apueste por la equiparación fiscal provocará una subida en los citados territorios, aunque el Ministerio de Hacienda ya dio pistas de sus intenciones al aprobar el impuesto extraordinario a las grandes fortunas justo después de que Juanma Moreno bonificase el impuesto al Patrimonio.

En cualquier caso, el nuevo modelo sería una suerte de continuidad al acuerdo entre PSC y ERC en la medida en que el PSOE es consciente de que debe calmar las aguas de sus territorios, ya que cada vez son más los que muestran su rechazo al concierto que se atisba en Cataluña. Y solo una reforma de la financiación beneficiosa para las comunidades que reciben menos recursos puede acallar las voces críticas.