Desahucian de la base de Torrejón de Ardoz a un cabo y su familia tras 9 años y los pagos al día

Un desahucio en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha abierto un conflicto en torno a las viviendas para uso de los militares en el recinto. Un cabo primero recibió el mes pasado la orden de dejar la casa de dos habitaciones en la que vive con su familia desde hace nueve años y por la que paga todos los meses un canon de 300 euros. La explicación que le dan es que solo era una cesión temporal y hay que dar prioridad a otros compañeros en servicio activo. El afectado se niega a irse y ha presentado un recurso en el que alega tener un hijo menor de edad y que se encuentran en "situación vulnerable". Consultado el Ministerio de Defensa, ha rechazado hacer valoraciones sobre este asunto.

La noticia le llegó al cabo en forma de oficio firmado por el coronel segundo jefe de la base. En apenas dos folios aluden a "la falta de disponibilidad de alojamiento", el "incremento de solicitudes denegadas en los últimos meses", "optimizar recursos" y "favorecer la movilidad geográfica de los militares en servicio activo de máxima prioridad". Le dan de plazo hasta el 30 de septiembre para buscar un nuevo hogar y "la retirada de sus enseres personales".

Este militar comenzó a vivir en el edificio Unamuno de la Residencia Militar de la base en agosto de 2015 junto a su mujer y sus dos hijos. "Por el plazo de tiempo concedido hasta la fecha actual, se considera que ha transcurrido un plazo de tiempo prudencial para poder resolver su situación personal", dice el oficio con membrete del Ministerio de Defensa al que ha tenido acceso El Confidencial.

Los responsables de la base –que hablan de "habitación" al referirse a la vivienda del cabo– se escudan en que las normas de la residencia militar no contemplan los alojamientos familiares. Solo se autoriza "en circunstancias extraordinarias si existe disponibilidad". El abogado que ha asumido la defensa del cabo es el letrado Antonio Suárez-Valdés y, a su juicio, "el problema no es si la norma lo permite, que si lo hace, sino el empleo de quienes ocupan esas viviendas".

Denuncia trato de favor a los generales

Defiende que su cliente es miembro del Ejército del Aire, cumple las normas de la base y que paga religiosamente todos los meses "un canon de 300 euros mensuales". Añade que hay otras dos familias en la misma situación de su cliente y denuncia que estos desahucios van dirigidos contra "militares de las escalas de tropa, las más desfavorecidas económicamente, mientras los generales y altos mandos siguen ocupando lujosas viviendas sin que nadie les importune en su disfrute".

El cabo, destinado en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación, presentó un recurso de alzada ante el general de la base, al que también ha tenido acceso este periódico. Dice que no encuentra "otra situación habitacional" y que está en "situación de vulnerabilidad". Plantea que no le pueden echar ahora porque, aunque hayan pasado nueve años, no han cambiado las circunstancias por las que le autorizaron a vivir en la base.

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El recurso repasa diferentes normativas que rigen en el Ejército sobre las viviendas militares para concluir que al cabo se le asignó una vivienda como Residencia Militar de Tropa y Marinería. "La resolución impugnada atentaría tanto contra el principio de legalidad, como contra el derecho a la vivienda militar del recurrente, establecido en dicha normativa".

Otro de los argumentos a los que alude el cabo es "la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos". Según sostiene, esta doctrina conduce al "principio de irrevocabilidad de los actos administrativos declaratorios de derechos, como resulta el de adjudicación al recurrente como Alojamiento Logístico Militar". Por todo ello, pide al General de la Base que revoque la orden de echarle y le dejen seguir viviendo junto a su familia en las dos habitaciones con baño común.