Moncloa atisba el final de la etapa Puigdemont y espera la regeneración de Junts per Catalunya

En sus disquisiciones sobre cómo pasará a la historia, Pedro Sánchez se ha visto a sí mismo como el presidente que pondría fin a los años furiosos del independentismo en Cataluña. Y sus cálculos se van cumpliendo. En las últimas elecciones autonómicas, las fuerzas separatistas perdieron su histórica hegemonía electoral. El trayecto ha sido pedregoso con atajos como los indultos y la amnistía y una vía paralela pactada con ERC que concede a Cataluña un concierto económico.

Previsiblemente, la próxima semana, Sánchez cumplirá su deseo de que un socialista, Salvador Illa, presida la Generalitat. Pero a la Moncloa y a Ferraz le queda ahora pendiente la liquidación del mandato de Carles Puigdemont. Que se evapore su figura mesiánica y se produzca su relevo en Junts. Y ahora, con el apoyo de las bases de ERC, al acuerdo con los republicanos que ha fulminado el riesgo de repetición electoral, lo ven más cerca. A pesar incluso de que el expresidente prepara su regreso a España para asistir a la investidura de Illa, con el riesgo de ser detenido.

La reaparición de Puigdemont ha sido una amenaza constante estos meses. Para reventar la campaña electoral del 13-J o después para presentarse él mismo a una votación fallida. Ahora, según sus cálculos, es justo cuando menos daño hace. El Gobierno confiaba que el Tribunal Supremo le aplicara la amnistía, pero, al final, se ha impuesto la tesis de los fiscales del procés de que no se podía perdonar la malversación. Si vuelve, se arriesga a que el juez Pablo Llarena ordene su detención. Aunque el Ejecutivo ha manifestado públicamente su discrepancia con la ejecución de la amnistía, lo cierto es que tanto la decisión de Puigdemont como la de Llarena escapan a su control.

Desde las elecciones, incluso mucho antes, cuando ya se confiaba en las posibilidades de gobernar de Illa, en el PSOE contaban con que se abriría una crisis de liderazgo en Junts y en ERC. En el caso de los republicanos fue casi inmediata con la retirada de la política de Pere Aragonès y la convocatoria de un congreso en noviembre para escoger a un nuevo líder, con Oriol Junqueras, por ahora, como único candidato.

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Beatriz Parera

La debilidad de ambos partidos es lo que hace al PSOE creer que mantendrán su apoyo en Madrid porque tampoco les interesa unas elecciones generales. Y a pesar de que Junts no deja de recordar que harán valer sus votos —el pieza a pieza, en referencia a cada votación, que repite Jordi Turull—, el Ejecutivo también espera cambios en la cúpula de la antigua Convergència.

A los socialistas les cuesta ver a Puigdemont como líder de la oposición en el Parlament y, de hecho, él mismo anunció en la campaña que abandonaría la política si no era elegido presidente. Pero también les genera dudas que vaya a quedarse sin aforamiento. Su impresión es que más pronto que tarde se tendrá que regenerar este espacio y sostienen que esto es también lo que espera el poder financiero en Cataluña. Aunque ahora, defienden, "los empresarios se fían más de Illa que de Junts". "Puigdemont es quien lo decide todo, pero si se va se tendrán que recomponer enteros", destacan en el Gobierno.

La posibilidad de esos cambios podría ayudar a estabilizar la legislatura y atemperar el continuo chantaje que Junts ejerce sobre el PSOE. Pero no hay garantías de nada, ni de la marcha del expresident ni de una moderación posterior. Lo único cierto es que la llave de la legislatura la tiene Puigdemont y que la copia de esa misma llave pertenece a ERC. Sus votos son fundamentales en Madrid y en Barcelona. Pero, a diferencia de lo que sucede con el dirigente de Junts que, piensan, "se alimenta del conflicto", no ven en Junqueras animosidad contra el Gobierno, aunque durante estos años tampoco ha sido un interlocutor de la Moncloa.