Moncloa pasa al ataque y se querella contra el juez para desactivar la imputación de Sánchez

Acción, reacción. El juez Juan Carlos Peinado abandonó el Palacio de la Moncloa este martes a mediodía después de que Pedro Sánchez declinara declarar para evitar perjudicar a su esposa. Una hora y media más tarde, el Ejecutivo anunciaba que la Abogacía del Estado se había querellado contra el magistrado por prevaricación y que lo había hecho por la forma en la que el juez delimitó esa testifical. Los servicios jurídicos estatales consideran abusivo que se obligara a Sánchez a responder de forma presencial y no se le permitiera hacerlo por escrito. El movimiento se produce cuando el Ejecutivo temía más que nunca que el presidente se encontrara a las puertas de una solicitud de imputación. La querella desactiva -o más bien trata de hacerlo- esa posibilidad, al sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez si este se decide por elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Sánchez y su Ejecutivo buscan, coinciden diversas fuentes, recusarle, pero no lo tienen nada fácil.

La decisión no tiene precedentes. Nunca en la historia de la democracia un presidente ha recurrido a la Abogacía del Estado para acusar a un magistrado de un delito de esa magnitud. La rapidez con la que se produjo el anuncio de la querella y su extensión, 35 páginas, ponen en evidencia de que la estrategia estaba preparada desde hace días. Las piezas de este particular ajedrez comenzaron a moverse desde el momento en el que el juez Peinado anunció que le citaba a declarar, hace ahora una semana.

No es un secreto para casi nadie que Moncloa buscaba, ya desde la citación de Gómez como investigada, una vía para proceder contra el juez y tratar de apartarle del procedimiento que dirige. Según distintas fuentes jurídicas consultadas, con la querella no lo consigue del todo. Pedro Sánchez no es parte del procedimiento. Solo un testigo. La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como causas de abstención o recusación "estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta", eso sí, siempre que la denuncia o acusación provoque la apertura de un procedimiento penal y que no termine con absolución o sobreseimiento. La intervención futura de Gómez en apoyo a estas tesis parece probable.

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Pese a ello, la querella busca actuar como un tapón frente a posibles tentaciones de Peinado de pedir al TS que proceda contra Sánchez o, a las malas, conseguir que si el juez continúa adelante y acaba remitiendo una exposición razonada al TS, quede claro que lo hace de forma parcial, por inquina o enemistad y sin que exista verdadero motivo para ello. Lo que acaba de activar la Abogacía es todo un laberinto procesal. El árbitro, el que debe decidir si la querella se admite o se archiva, es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La apuesta generalizada es que no habrá suerte para Sánchez.

La prevaricación de la que se quejan se basa en que Sánchez no ha podido declarar por escrito y en que esta decisión del juez ha venido motivada porque Peinado buscaba un fin ajeno al procedimiento. El escrito alienta, en realidad, la misma idea que ha venido defendiendo en público el Gobierno en pleno. Insinúa que el juez ha montado un señalamiento público con consecuencias políticas y que lo ha hecho de forma "injusta" y "a sabiendas" de que lo era.

Encubrimiento

Lo que sí consiguió de forma casi automática el anuncio de la querella es que, en tiempo récord, el foco informativo dejara de centrarse en la elección del presidente de callar para no perjudicar a su esposa imputada. Las acusaciones habían comenzado a alentar la idea de que esa decisión acabaría por perjudicarle. La lectura era que estaba reconociendo con ese silencio que no tiene "nada que decir a favor de ella", y además "la está encubriendo", porque la prerrogativa es solo para no declarar en contra, pero nada le hubiera impedido declarar a su favor, si es que hubiera algo que decir a su favor.

Hasta el abogado defensor de Gómez, Antonio Camacho, avisaba a la salida sobre lo imprevisible de la instrucción. "Estamos viendo declaraciones de testigos que, a los dos o tres días, se convierten en investigados. Eso es algo inusual en el procedimiento penal y no puedo hacer ningún tipo de previsión sobre lo que pueda ocurrir a partir de este momento", lanzaba.

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Para algunos, el movimiento de Sánchez es una equivocación. Se critica el uso de la Abogacía del Estado cuando Sánchez podría haber optado por un abogado particular. La justificación de la intervención aparece en la propia querella, en la que se pone de manifiesto que la decisión del juez supuso "una falta de respeto a una de las instituciones representativas del país". Los servicios jurídicos dicen actuar así en defensa de la institución.

Para otros, la jugada es maestra. Desactiva el calado de cualquier decisión de Peinado y alienta -más aún- la idea que ya sembró Pedro Sánchez en su primera carta a la ciudadanía. La de que todo el procedimiento está montado como una operación de acoso y derribo "por tierra, mar y aire", para intentar hacerle desfallecer en lo político y en lo personal atacando a su esposa.

El laberinto provocado por la querella tiene, por último, doble filo. La defensa cerrada que realiza la Abogacía sobre la imposibilidad de separar la condición de marido con la de presidente implica que cualquier intervención que pudiera hallarse en la instrucción de Sánchez a favor de su esposa fue realizada en ejercicio de su cargo y en coincidencia así con el tráfico de influencias que Peinado investiga. Además, si se inadmite se reforzará al juez. La partida ya está en marcha. Lo mismo resulta que, tras la querella, el presidente está más cerca de la imputación que antes de ella.