María Jesús Montero, citada a una conciliación por los 40.000 € que le exige el novio de Ayuso

Un juzgado de Madrid ha citado a la vicepresidenta María Jesús Montero a un acto de conciliación con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por la indemnización de 40.000 euros que este le reclama por una intromisión ilegítima en su derecho al honor y la intimidad. Fuentes jurídicas avanzan a El Confidencial que la comparecencia se celebrará el próximo 2 de octubre a las diez de la mañana.

La reclamación de González Amador se apoya en lo ocurrido el pasado 12 de marzo, cuando Montero arremetió contra la presidenta madrileña por supuestamente vivir en un piso pagado "con fraude a la Hacienda Pública" y con "comisiones" por la venta de mascarillas. La también ministra de Hacienda hizo estas declaraciones después de que Eldiario.es desvelara que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal.

"Se lo tiene que hacer mirar", aseguró Montero en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado. "¿Por qué no responde a esta cuestión?". "Actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia".

La noticia de Eldiario.es mencionaba que Díaz Ayuso estaba viviendo en un piso que González Amador había adquirido en 2022, pero no lo vinculaba con la denuncia. De hecho, esta primera información tampoco hacía referencia a ninguna operación de mascarillas, sino que apuntaba a que la Fiscalía había comenzado a investigarle "tras recibir un informe de la Agencia Tributaria". La ministra de Hacienda, sin embargo, no dudó en cargar contra Díaz Ayuso por su "novio" y él acudió a los tribunales.

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Además de los 40.000 euros de indemnización, las fuentes consultadas explican que el novio de la presidenta madrileña reclama otras dos cuestiones: que Montero tenga que dar una rueda de prensa en la que reconozca que sus declaraciones no eran ciertas y que se encargue de que al menos un periódico se haga eco de las mismas.

La solicitud de un acto de conciliación se erige en el paso previo que González Amador debe dar antes de la interposición formal de la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor e intimidad. Durante la celebración de esta comparecencia, cabe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo, pero Montero también puede decantarse por no acudir. En ese caso, la demanda acabaría en el Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza como diputada.

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La exministra de Igualdad Irene Montero ya pasó por una situación similar en 2022, cuando llamó "maltratador" al exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre. Tras negarse a acudir al correspondiente acto de conciliación, el Supremo acabó condenándola en 2023 a pagarle una indemnización de 18.000 euros, además de tener que publicar en su cuenta de Twitter y en un periódico de ámbito nacional el encabezamiento y fallo de la sentencia.

Una querella que amenaza al fiscal general

González Amador mantiene a su vez una pelea paralela contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos. La polémica parte de la nota de prensa en la que la Fiscalía informó sobre las negociaciones que había mantenido con su abogado. El Ministerio Público consideró que la difusión de este comunicado resultaba necesaria para desmentir "informaciones falaces", pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó sus argumentos y abrió una causa el pasado mayo.

Aunque el novio de Díaz Ayuso se querelló en principio contra dos fiscales de Madrid por estos hechos, las diligencias apuntan ya al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Él mismo ha asumido la responsabilidad por esta nota de prensa y ha pedido que la causa pase al Supremo, que es el único con competencia para investigarle.

Los abogados de González Amador también han pedido al TSJM que deje la causa en manos del Supremo, por lo que si se atiende su solicitud, el alto tribunal podría acabar con dos frentes distintos en los que el novio de Díaz Ayuso constaría como 'acusador': por un lado, la Sala de lo Penal se haría cargo de su querella para investigar al final general y, por otro, la Sala Civil llevaría las riendas de su demanda contra María Jesús Montero.