La ética del Gobierno está hecha pedazos: este documento pretende reconstruirla

La ética del Gobierno está hecha pedazos. No es una valoración ni una opinión, sino un hecho: todos los intentos que se han hecho en España por conformar guías de buena conducta están repartidos en leyes, códigos o herramientas promulgadas desde hace años que, o descansan bajo capas de polvo o nunca llegaron a ser formalmente aprobadas.

Con el objetivo de darle a España un instrumento que es habitual desde hace años en países de nuestro entorno nacieron iniciativas como el artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, las leyes 5/2006 de regulación de conflictos de interés o 3/2015 que regula el ejercicio de alto cargo… sin embargo, cada día observamos a un ministro o un consejero autonómico expresándose fuera de tono en sus redes sociales, un canal institucional que hace propaganda partidista o, más habitual aún, instituciones de todos los niveles contratando asesores bajo la mesa sin revelar jamás su coste o sus credenciales.

Con el objetivo de revitalizar este necesario debate, las organizaciones Hay Derecho y España Mejor han presentado esta semana su Código Ético del Gobierno, un documento único al que El Confidencial ha tenido acceso y que busca recoger en un único lugar todos aquellos intentos, así como aportar otros elementos que ya existen en la legislación de democracias tan cercanas a la nuestra —por no acudir a los sempiternos ejemplos de países escandinavos— como Portugal o Francia.

Este Código Ético del Gobierno cuenta con 99 compromisos divididos en 12 apartados, de Conflictos de Interés a Asesores, Viajes, Regalos, Comunicación o Transparencia, que habrían de ser colegiados por una Oficina de Ética y un Asesor Independiente, dos figuras a crear por el Ejecutivo que se encargarían de arbitrar aquellos casos en los que se sospechara de un incumplimiento del código.

Este Código Ético del Gobierno cuenta con 99 compromisos divididos en 12 apartados

Los principios que dicta el código son de sentido común, tanto que en muchos casos se antojan imposibles de aplicar. Por ejemplo, "en la página web de cada Ministerio y de Presidencia se publicarán: el número de asesores de cada Ministro, el nombre, currículo detallado, un razonamiento fundado de las razones por las que se considera apropiados para el cargo teniendo en cuenta los principios objetivos de mérito y capacidad, el sueldo bruto, la fecha de inicio de su mandato y las funciones que les han encomendado los ministros", que según el documento deberían limitarse a cinco asesores por ministro, "incluido su Director de Gabinete" y nueve para aquellos que también ostenten alguna vicepresidencia.

"Los ministros tienen la obligación de evitar un uso partidista de las estadísticas oficiales", dice otro de los puntos, y añade: "Asimismo, deben mantener el secreto de las estadísticas oficiales y restringir el acceso previo a la publicación a un número mínimo de personas, así como prohibir cualquier declaración o comentario a la prensa antes de la publicación de las estadísticas".

También menciona el uso de la publicidad institucional por parte de Moncloa y la veintena de carteras, una información que el Gobierno siempre ha sido contrario a ofrecer a los ciudadanos. "En la página web de cada Ministerio se indicará el montante global de publicidad institucional y cualquier otra remuneración o ventaja otorgada [...] a cada medio de comunicación".

Según parece, es uno de los asuntos que el presidente del Gobierno abordará en el Congreso el próximo 17 de julio, pero el código elaborado por Hay Derecho y España Mejor va más allá, también aborda la rendición de cuentas frente a los medios: "Los Ministros se someterán periódicamente al escrutinio de los medios de comunicación por medio de ruedas de prensa, con preguntas abiertas, sin que pueda favorecerse o vetarse a ningún medio o periodista", y un desiderátum en estos tiempos que corren: "Los Ministros tratarán a los medios de comunicación de manera profesional y con respeto. En ningún caso amenazarán, de forma directa o indirecta, a medios de comunicación o periodistas".

Para entender un poco mejor las motivaciones tras este Código Ético del Gobierno, charlamos con una de sus impulsoras, la abogada y fundadora de España Mejor, Míriam González Durántez.

PREGUNTA. ¿Cuándo empezasteis a daros cuenta de la necesidad de un documento como este, lo motivó algo en concreto o fue una concatenación de hechos?

RESPUESTA. En España Mejor llevamos ya varios meses trabajando en un Código Ético del Gobierno, un instrumento de autorreglamentación para que los políticos se comprometan a poner una serie de límites en su actuación y que no haya abusos de poder. Creemos que es un instrumento que falta realmente en nuestro sistema. Existe en muchos países de nuestro entorno, de hecho es algo casi rutinario allí y, sin embargo, en España nunca hemos llegado a tener instrumentos específicos para el gobierno.

Lo que hemos hecho una vez redactado es colaborar con Hay Derecho para ver cómo podemos hacer toda esa labor de integración del código en el sistema español, porque los instrumentos autorreglamentarios siempre tienen que quedar por encima del ordenamiento jurídico, en el sentido de que actuar dentro de la legalidad es algo necesario, pero no es suficiente.

P. A tenor de ciertos comportamientos, un código así puede resultar casi ilusorio, pero es una realidad en países muy cercanos a nosotros. ¿Cómo es la situación a nivel europeo?

R. Creo que no es en absoluto ilusorio el pensar que podamos tener un código ético del gobierno como existe en un montón de países similares al nuestro. Lo que es ilusorio es pasar por abusos del poder político, que hemos tenido de distintas clases, con distintos gobiernos de distintos signos políticos, y pensar que esos abusos no van a volver a ocurrir si no reforzamos el sistema, que es lo que hacemos siempre. Se nota siempre un descontento social que se traduce en quejas; sin embargo, se nos va un poco la presión social sin cambiar los sistemas. Eso es lo que me parece más ilusorio.

"En un montón de países similares al nuestro se aplican este tipo de códigos específicos para el gobierno"

En un montón de países similares al nuestro se aplican este tipo de códigos específicos para el gobierno. Existen en la Comisión Europea, por ejemplo, que es un sistema muy cercano al nuestro, existen en el Reino Unido, existen en Canadá, en la Casa Blanca los presidentes tienen un código específico para los miembros del gobierno, existen sistemas no idénticos pero muy similares. En Francia existe un código del gobierno, o en Bélgica. En Italia existen medidas bastante buenas de transparencia, aunque tampoco recogidas específicamente en un código, etcétera. O sea, que hay un montón de sistemas en los que uno se puede inspirar. Se trata de ver cómo se adapta eso al sistema español con sus peculiaridades, que hay que tratar específicamente.

P. ¿Por qué han fracasado anteriormente los intentos de establecer una normativa ética que tampoco resulta especialmente controvertida?

R. En España realmente no tenemos mucha tradición autorreglamentaria. Somos un país que tiende a los ordenamientos jurídicos sancionadores basados en leyes y creo que nunca hemos logrado del todo desarrollar lo que se hace por autorreglamentación. Son los sistemas preventivos, que es realmente lo que nos falta ahora. En el 2005 se hizo un intento de código de buen gobierno, creo que Jordi Sevilla era el ministro en aquel entonces. Ese código después se derogó con el gobierno de Rajoy, que sí puso leyes de conflictos o de transparencia. Y luego el intento siguiente ha sido el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, pero es un poco distinto porque lo que hace es imponer un montón de principios muy desarrollados, con mucha literatura. Lo que nosotros creemos que hay que hacer son compromisos muy sencillos, básicos y entendibles para insertarlos bien dentro de la sociedad. Además, ese sistema de integridad se aplica a toda la Administración General del Estado, mientras que nosotros creemos en seguir esa senda de casi todos los países similares al nuestro: obligaciones específicas para aquellos que están en el gobierno, que tienen el máximo poder y, por tanto, la máxima responsabilidad.

Además, tienen la responsabilidad de dar ejemplo al resto de las instituciones y administraciones, para que ese compromiso suyo con los principios éticos caiga en cascada por todo el sistema político español.

P. La cuestión de la transparencia parece especialmente anquilosada. Después de un comienzo prometedor con la ley de 2015, ¿se están dando pasos atrás?

R. No me parece más anquilosada que el resto de los asuntos que también tratamos en el Código Ético del Gobierno. Es realmente sorprendente que no haya habido antes normas limitando la capacidad de los ministros de hacer un montón de nombramientos cada vez que cambia el Gobierno, de no nombrar funcionarios para niveles relativamente bajos, de no controlar que esos nombramientos se hagan por mérito y capacidad, que no tengamos normas limitando mucho más el número de ministros que se benefician de residencias o coches oficiales o conductores propios, el que no tengamos ya integrados los conflictos de interés aparentes, como viene pidiendo la OCDE desde el 98, o que no tengamos sistemas preventivos desarrollados para evitar los conflictos.

"El presidente del Gobierno y los ministros tienen que hacer el compromiso de publicar ese tipo de información, no hace falta que se lo digan las leyes"

Lo que ocurre con respecto a las normas de transparencia es que hay unos principios básicos bien recogidos en los instrumentos que tenemos en el sistema español, pero tienen agujeros muy importantes. Uno de los que se ve, por ejemplo, con respecto a la publicidad institucional es que se centran en contar la publicidad institucional por agencias, pero no se pone a los beneficiarios últimos, a los medios. Y nosotros creemos que el presidente del Gobierno y los ministros tienen que hacer el compromiso en el código ético de publicar ese tipo de información, no hace falta ni que se lo digan las leyes. Lo mismo ocurre con respecto a los asesores, se publica alguna información, pero claramente no llegamos ni siquiera al nivel de países como Italia, el gobierno de Meloni, que además es un gobierno de extrema derecha, publica en su página web el número de asesores, su sueldo o sus currículums, para que se pueda ver qué tipo de personas tenemos asesorando a los ministros. Además, hay limitación de número, se publican las razones por las que se ha elegido a esas personas para que se pueda ver si efectivamente el currículum y la experiencia que tienen se adecúa al trabajo y a las funciones que les piden los ministros y efectivamente se detallan esas funciones: está todo en la página web de los ministerios. Realmente creo que no es demasiado pedir y no debería de costar nada que se comprometiesen a ello.

P. En el código hacéis hincapié en el ámbito digital. Las cosas que vemos a veces en las redes sociales institucionales, con salidas de tono o usos abiertamente partidistas, ¿son habituales en otros países o somos una excepción?

R. Lo digital es más nuevo que el resto de las obligaciones en los códigos éticos, se ha ido integrando en distintos países a medida que se han ido viendo las situaciones provocadas en el uso de redes sociales por parte de presidentes y ministros. Es importante entender que este tipo de instrumentos autorreglamentarios, como son los códigos éticos de conducta, son instrumentos vivos que hay que ir adaptando según se van viendo problemas para que las situaciones abusivas o de escándalo social no se vuelvan a producir. En el uso de las redes sociales estamos ya viendo cosas que no se deberían producir por parte de los ministros.

Son compromisos realmente fáciles de entender: No se puede faltar al respeto a nadie en las redes sociales; no se pueden utilizar las redes sociales privadas para tomar decisiones, anunciar decisiones o tratar de asuntos gubernamentales; no se puede tener a funcionarios gestionando las redes sociales privadas de los ministros y desde luego, no es que seamos una excepción con respecto a otros países porque también hemos visto presidentes de gobierno americanos haciendo cosas increíbles en las redes sociales, pero sí que es cierto que tenemos bastantes ejemplos de cosas que no se deberían hacer en esas redes sociales, ¡y que tampoco se deberían poder hacer en el Parlamento! Hay expresiones que se han hecho en el Parlamento español, se me viene a la cabeza el uso reciente del término sudaca recientemente que no pasaría el filtro de las redes sociales.

P. ¿Cómo elaborasteis el código, a partir de otros ejemplos o desde cero?

R. Hemos tenido una mezcla de técnicas. Por un lado, nos hemos inspirado en códigos que existen en otros países. Está el código de la Unión Europea, que conocía muy bien por mi experiencia como funcionaria en los gabinetes de los comisarios, y también conozco muy bien el código del Reino Unido, pero hay otros códigos estupendos que merece la pena leer e inspirarse en ellos. El código de Canadá es uno de los mejores que hay. Toda esa parte de inspiración al leer otros códigos, hemos intentado encuadrarlo bien en la práctica del sistema español, porque estos códigos tienen que responder a las situaciones específicas que se producen en la cultura política española.

"Fuera no suele ocurrir lo que aquí, que los gobierno infiltran un montón de puestos de la administración"

Es cierto que hay otra serie de áreas, como los nombramientos, que son muy específicas para España. Fuera no suele ocurrir lo que aquí, que los gobierno infiltran un montón de puestos de la administración. En todos esos casos, lo que hemos hecho ha sido desarrollarlo casi desde cero. Hemos hablado con bastante gente, con académicos que entienden bien cómo funcionan los códigos éticos, con algunos expertos independientes de los otros sistemas. Hemos intentado recabar el máximo de información posible y luego adaptarla para que sea un instrumento entendible, sencillo y de fácil aplicación.