Barra libre para los juramentos atípicos de los diputados: el TC sopesa no ponerles coto

El pleno del Tribunal Constitucional revisará a partir del 6 de junio su doctrina sobre la validez de las distintas fórmulas de juramento o promesa del cargo de los diputados y senadores que han ido evolucionando en las últimas legislaturas para incluir frases ajenas al propio acto o reivindicaciones de lo más variado en función de quienes las pronuncian. Según informan fuentes jurídicas a El Confidencial, la magistrada María Luisa Segoviano, encargada de la ponencia sobre la que se deliberará, propone rechazar el recurso presentado por el PP y avalar que los que juran el cargo tuneen a su elección la forma de hacerlo.

Los populares acudieron al TC tras la constitución del Congreso de mayo de 2019, en la que Oriol Junqueras asumió el escaño declarándose "preso político" y asegurando que actuaba "por imperativo legal". Otros miembros de su partido le imitaron. Pese a la introducción de estos personalismos, la magistrada Segoviano considera que no queda afectado el derecho de acceso al cargo público que regula el artículo 23 de la Carta Magna y al que apelaba el PP. La decisión que se adopte marcará el acto de la nueva legislatura que arrancará tras las elecciones del 23 de julio.

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Aquella legislatura duró solo unos meses y después de aquello, el sistema se popularizó. Los actos de juramento del escaño llevados a cabo por muchos de los nuevos diputados de la legislatura que acaba ahora abrieron la polémica ante las fórmulas escogidas para jurar o prometer la Constitución, como es obligatorio. Los parlamentarios de ERC siguieron utilizando la fórmula "por imperativo legal". "Por la libertad de los presos políticos catalanes, por el retorno de los exiliados, hasta la constitución de la república catalana, por imperativo legal, sí, prometo", dijo Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, la exconsejera de Trabajo de la Generalitat condenada a 12 años de cárcel en la sentencia del procés.

Los diputados de JxCAT, con su portavoz Laura Borràs a la cabeza, prometieron "con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, por imperativo legal". "Por imperativo legal, prometo, en lealtad primera y última a nuestro pueblo", dijeron, por su parte, los diputados de la CUP Albert Botran y Mireia Vehí.

"Hasta la creación de la república vasca"...

También los diputados de Bildu prometieron "por imperativo legal hasta la creación de la república vasca", menos la representante por Navarra, que lo hizo "por imperativo legal, hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre". En lugar de remitirse al simple sí, juro o sí, prometo a la hora de la ronda de juramentos o promesas para acatar la Carta Magna, se escucharon promesas "por la democracia y los derechos sociales" por parte de diputados de Unidas Podemos, y un "por España" por parte de los representantes de Vox.

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La polémica no es nueva: hace 30 años, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que no hay problema en añadir frases al juramento siempre y cuando el acatamiento sea claro. La sentencia de 1990 analiza precisamente una de las coletillas que nacionalistas e independentistas siguen utilizando a día de hoy al jurar la Constitución —"por imperativo legal"— y, lejos de dar la razón a Félix Pons, los magistrados contradijeron su decisión al considerar que "la expresión añadida no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa", poniendo así punto final al sí, juro y sí, prometo como únicas opciones.

El tribunal, con Francisco Tomás y Valiente como presidente, entró además en el fondo del asunto a la hora de razonar su decisión: "En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto a poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata".

Mientras el juramento no deje lugar a dudas, el Constitucional defendía, por tanto —al menos hasta el momento—, que se pueden añadir frases al mismo, incluso cuando estas tengan una connotación política. Esta última idea queda clara en la parte final de la sentencia, en la que se subraya que "los diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes lo eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito", por lo que están en su derecho de "afirmar públicamente que solo por imperativo legal acatan la Constitución".