'Muerte en el salvaje Ourense': la jueza cree que los policías gemelos mataron a su compañero

La jueza de Ourense que investiga la muerte en 2016 del policía Celso Blanco en su despacho de la comisaría ha dado un paso clave para sentar en el banquillo de los acusados a sus excompañeros, los hermanos gemelos Roi y Bernardo Deprado Lahoz. En un auto conocido este martes, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense, Eva Armesto, da por concluida la investigación del caso y concluye que hay pruebas contra los dos policías para condenarlos por asesinato u homicidio en un juicio que deberá contar con la intervención de un jurado.

Este es uno de los sucesos más complejos acaecidos en España en los últimos años. El Confidencial desgranó el caso en un pódcast de cuatro capítulos que ya ha sido escuchado por más de 200.000 personas. Bajo el título Muerte en el salvaje Ourense, arranca con la escena del agente Celso Blanco sin vida y sobre un cerco de sangre en su despacho. Presentaba un disparo en la cabeza y tenía en su mano un arma robada del armero de la comisaría. La desaparición de varias armas oficiales en la sede policial derivó en una investigación, y todo apuntaba a que la muerte de Celso Blanco fue un suicidio tras sentirse descubierto. Pero ni sus familiares ni la jueza dieron nunca por buena esa versión.

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Ahora, más de siete años después de los hechos, la jueza concluye sus averiguaciones e insiste en que hay pruebas para considerar que los gemelos policías, excompañeros del fallecido, fueron los encargados de acabar con su vida. En la comisaría, circula la tesis de que el muerto y los dos acusados actuaron de común acuerdo para hacer desaparecer las armas. El objetivo era lograr el cese del entonces responsable de la armería y que Celso Blanco lograse el puesto, que daba acceso a gestionar la galería de tiro. Las mismas fuentes policiales apuntan a que Celso iba a confesar el robo de las armas a sus superiores y los dos gemelos le mataron para impedirlo.

La jueza cree que hay pruebas también, por tanto, para imputar a los dos policías hermanos el robo de las armas. Ha acordado transformar las actuaciones para su enjuiciamiento ante el Tribunal del Jurado. La jueza destaca en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que, de las diligencias practicadas, se desprenden indicios de que ambos agentes, “de forma conjunta y planificada”, sustrajeron seis armas del interior del búnker de la comisaría y, cuando estaban siendo investigados por ello, con el objetivo de conseguir su impunidad, “hicieron uso de una de ellas para propinarle un disparo en la cabeza a su compañero, atribuyéndole el envío de anónimos y la sustracción de las armas”.

Los anónimos a los que hace alusión la jueza son dos escritos que fueron enviados a la prensa local y a la Unidad de Asuntos Internos. En ellos, señalaban como culpables a un inspector de Policía y sus colaboradores, que llegaron a ser juzgados por el contenido de esos anónimos, pero resultaron absueltos por un defecto de forma en la investigación. Ahora, la jueza va más allá y dice que los gemelos fabricaron pruebas falsas para incriminarlos.

La jueza dice en el auto que los dos investigados y la víctima mantenían una relación de amistad y compartían la afición por el tiro. Sin embargo, la instructora afirma que, al llegar un nuevo comisario, “se vieron desplazados por otros compañeros policías, fueron trasladados de su puesto de trabajo y privados del uso de la galería de tiro”. “Los dos hermanos se sintieron menoscabados profesionalmente, querían continuar con el uso de la galería de tiro” y “trataron de perjudicar a los compañeros con los que tenían rivalidad profesional, tratando, entre otras cosas, de recuperar la plaza. Por su parte, el fallecido, según el auto, “quería mejorar en su profesión, pues pretendía el puesto de armero de la comisaría”.

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La magistrada manifiesta que, para conseguir su objetivo, los dos hermanos “urdieron un plan, que el fallecido conocía, y crearon rastros falsos de acceso a datos reservados con las claves de otros policías para perjudicar a sus titulares”. Además, según señala la instructora, “accedieron al búnker de la comisaría sin autorización para llevarse seis armas y enviaron escritos anónimos a la unidad de asuntos internos atribuyendo todos estos hechos a otros policías”. La magistrada subraya que, tras iniciarse las investigaciones, las cuales en abril de 2016 llegaron a apuntar como autores a los dos hermanos, “temerosos de que su compañero terminara por confesar, prepararon su muerte”.

En concreto, la instructora afirma que existen indicios de que el 9 de abril de 2016, entre las 15:55 y las 17:00 horas, uno de los dos hermanos agentes (Bernardo Deprado) efectuó un único disparo a la cabeza de la víctima, la cual falleció de forma inmediata en un despacho de la quinta planta de la comisaría. Mientras, su hermano Roi, que lo había trasladado a las dependencias policiales, esperó a que se introdujese en el turismo para abandonar ambos las instalaciones.

Las pruebas en la escena del crimen

“Para evitar la investigación —añade la magistrada—, trataron de simular un suicidio mediante la realización de un único disparo, la colocación del arma sobre la mano del fallecido, introduciéndola debajo del pantalón, manipulando el lugar en que se produce la muerte para asegurar la detección de residuos de disparo en la mano que efectúa el disparo”. Narra el auto que, además, realizaron el envío de un correo electrónico desde el correo del fallecido, atribuyéndose la autoría de los anónimos y de la sustracción de las armas y realizando el envío de un mensaje desde el teléfono a un grupo de WhatsApp.

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Actuaron así “para hacer que las autoridades creyeran que su compañero había decidido acabar con su propia vida por sentirse culpable de lo sucedido”. La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense enumera entre los “hechos básicos y de singular potencia acreditativa” el hallazgo de ADN de los investigados en el papel con pólvora que fue localizado bajo el cuerpo sin vida del agente, así como que la vaina —parte del cartucho que contiene la carga de pólvora— encontrada junto al cadáver fuese idéntica a la hallada en las taquillas de los dos investigados, pues ambas son de la fábrica Santa Bárbara del año 2000.

Además, la jueza destaca que la pólvora localizada debajo del cadáver y en el jersey que vestía el fallecido es “idéntica” a la hallada en el interior de un cartucho encontrado en las taquillas de los dos hermanos, al tiempo que subraya que se localizaron residuos específicos de disparo en el papel situado bajo el cuerpo de la víctima y en la parte trasera de su jersey “en cantidad superior a la que corresponde a un disparo”.

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En cuanto al movimiento del ascensor, que sube hacia otra planta momentos antes de llegar el fallecido, la magistrada indica que, tal y como se visualiza en las grabaciones, no fue accionado por ninguno de los cinco agentes que a esa hora se encontraban en comisaría. “La presencia de esa tercera persona en la planta quinta poco antes de la muerte del agente permite inferir la intervención de un tercero”, asegura.

En el auto también resalta que la corredera del arma estaba abierta y sin cargador debajo del cuerpo, una circunstancia que tal y como indican los informes periciales “no es posible”, ya que “en el tiempo que transcurre desde el disparo hasta que le atraviesa la cabeza no es posible hacer movimiento voluntario alguno”. Así, incide en que “no es posible sacar el cargador después de muerto”.

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La resolución zanja que las manchas de salpicadura de sangre en las proximidades de las extremidades del fallecido también avalan la intervención de una tercera persona, al igual que los informes periciales, según los cuales una persona similar a la víctima sentada en la máxima altura o posición que permite la silla que estaba en el despacho “no tiene la cabeza, de ninguna forma, en la trayectoria recorrida por el proyectil”.

La instructora recalca que todos los informes elaborados descartan “el disparo a poca distancia”, al tiempo que hace referencia a que el cuerpo carece “de heridas que sean consecuencia de caída alguna, ya sea con mesa, armario o cualquier otro objeto”. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) salió desde el inicio en defensa de los policías juzgados por las pruebas falsas que crearon los hermanos gemelos. Han valorado positivamente el auto judicial: "Queremos poner de manifiesto el trabajo exhaustivo y exigente de la UDEV de la CP de Ourense, valorando también la determinación de la Jueza de Instrucción número 3 en la investigación de la muerte de Celso Blanco, lo que finalmente permitirá enjuiciar lo sucedido en dependencias policiales la tarde del 9 de abril de 2016".