Anticorrupción asume la compra de votos en Melilla por "la gravedad" de los hechos
Un decreto dictado este mismo viernes asegura que lo sucedido supone una manifestación de "criminalidad organizada"
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La Fiscalía Anticorrupción asumirá la dirección de la investigación por la presunta compra de votos de Melilla ante "la gravedad" de los hechos y su alcance social y político. Así lo ha decidido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un decreto dictado este mismo viernes, en el que también indica que lo sucedido supone una manifestación de "criminalidad organizada".
El decreto subraya la trascendencia de lo sucedido "dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular". También se refiere a la complejidad de las investigaciones a desarrollar que aconsejan "la atribución de la competencia para el despacho del asunto a dicha fiscalía especial". La operación desplegada hasta el momento —dice— apunta a "sólidos indicios" de una trama a gran escala. Concreta que se abonaban entre 100 y 150 euros con pagos que alcanzan a un gran número de ciudadanos.
El escrito confirma que Coalición por Melilla se encuentra en el centro de las pesquisas. La actividad delictiva arrancó desde la misma publicación en el BOE de la convocatoria electoral y fue tutelada por individuos afines a esta formación. La compra de los sufragios se financiaba, en parte, con fondos obtenidos en licitaciones públicas, convenios contratos y subvenciones cerrados en la última legislatura.
El departamento coordinará las pesquisas junto al Juzgado 2 de Melilla, encargado de la investigación y que atribuye a los últimos detenidos de la trama, una decena de personas con vinculación con el partido regional Coalición por Melilla, un delito de integración en organización criminal además de uno electoral, según aseguran fuentes del caso. Fuentes fiscales indican que la decisión responde a una cuestión de organización interna. Anticorrupción ya lleva también la trama de Mojácar.
La red está directamente relacionada con personas del partido mayoritario en el Gobierno de Melilla. En junio de 2019, en coalición con el PSOE y un exdiputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, una unión de los diputados de los tres partidos permitió desbancar a Juan José Imbroda (PP) de la presidencia. Las primeras investigaciones han permitido constatar que la trama aprovechaba las exigencias de la ley electoral para cambiar el sentido de centenares de sufragios. La norma solo obliga a la presentación del DNI para retirar el voto, pero no para depositarlo.
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Durante el dispositivo desplegado a lo largo del lunes y el martes se detuvo a un consejero de la formación, el tres de las listas, Mohamed Ahmed Al-Lal, y al menos a un familiar del líder de la formación, Mustafa Aberchán, que resultó condenado en firme por el Supremo por hechos similares sucedidos hace años. Durante las dos jornadas se registraron, además, inmuebles vinculados a Coalición por Melilla, entre ellos el centro de datos y gabinete de prensa y comunicación que habría cedido a la formación un simpatizante. El caso está bajo secreto de sumario y en el mismo se investiga si se pagaron cantidades de hasta 200 euros por voto o se tentaba a los ciudadanos con promesas futuras de empleo, como ya sucedió en 2009.
La Fiscalía Anticorrupción asumirá la dirección de la investigación por la presunta compra de votos de Melilla ante "la gravedad" de los hechos y su alcance social y político. Así lo ha decidido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un decreto dictado este mismo viernes, en el que también indica que lo sucedido supone una manifestación de "criminalidad organizada".