Moncloa y los partidos revisarán tras el 28-M endurecer la Loreg frente al fraude

Los escándalos por los supuestos casos de fraude en el voto por correo se siguen con preocupación desde el Gobierno. Tras saltar a la luz pública la presunta trama por la compra de apoyos en Melilla, el Ejecutivo llevó el caso a la Junta Electoral Central (JEC). A través de la Dirección General de Política de Interior, se pidió actuar en este caso concreto, endureciendo los requisitos a través de la solicitud del DNI para entregar el voto por correo, como finalmente decidió la JEC. Otras formaciones presentaron escritos similares. Entonces, fuentes oficiales de la Moncloa pedían "no generalizar", porque "el sistema es muy garantista y detecta comportamientos" de este tipo. Rechazaban plantear una reforma para incluir estos requisitos en la ley electoral. Otras fuentes de la Moncloa, sin embargo, ya avanzaban la posibilidad de proponer cambios en la Loreg tras el 28-M. Esta es la línea sobre la que se inclinan ahora. Eso sí, entienden que será labor de los grupos parlamentarios en el Congreso, a los que sondearán primero.

No será nunca antes del próximo domingo, cuando se abrirán las urnas de las elecciones municipales y autonómicas, porque, "en un proceso electoral, el Gobierno no se plantea reformas", matizan las mismas fuentes. Preguntada al respecto, la portavoz, Isabel Rodríguez, daba señales este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sobre el planteamiento de cambios en la Loreg. La también ministra de Política Territorial reconocía que la ley "es susceptible de mejora" y que, por tanto, "siempre se pueden observar elementos de mejora", reiteraba. Con todo, insistía en el mensaje de que en estos momentos, tras destaparse el supuesto fraude en Melilla y en contexto electoral, "lo prudente es poner en valor que el proceso es garantista". Acto seguido, ponía en valor el trabajo de las juntas electorales, con cuya actuación "han puesto de manifiesto que los mecanismos funcionan y se ha evitado el fraude".

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El estallido de otro supuesto caso de fraude electoral, en este caso, en el municipio de Mojácar, con dos integrantes en las listas del PSOE detenidos, ha acabado por encender las alarmas. En Melilla, la compra de votos ha salpicado a Coalición por Melilla (CpM) y al PP, con dos detenidos que le son afines. En la dirección de Génova, se quitan la responsabilidad, y aseguran que no les consta la implicación de ningún cargo municipal en este caso. A juicio de las fuentes consultadas, se trata de una estrategia política para "diluir responsabilidades" en una polémica que, de momento, ha afectado casi exclusivamente al PSOE. Aunque no descartan que les termine afectando de algún modo.

Por el momento, los populares han dirigido toda la presión sobre Pedro Sánchez. El vicesecretario institucional de Génova, Esteban González Pons, responsabilizó este miércoles al presidente del Gobierno de una trama que "implica particularmente" a su número dos, Félix Bolaños, quien "presentó y promovió" la candidatura de los socialistas en Mojácar. En Sol, elevan aún más el tono y exigen directamente la dimisión de Sánchez. "La izquierda no acepta la democracia", sintetizan.

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Es difícil hablar de un caso aislado. En Melilla, esta práctica fraudulenta viene detectándose históricamente. Mustafá Aberchán, el líder de CpM, fue condenado, en febrero de 2021, por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y a inhabilitación para cargo público, junto con el ex secretario general del PSOE Dionisio Muñoz, por la compra de votos en las elecciones legislativas de 2008. Unos meses más tarde, la Fiscalía acusó al viceconsejero de Asuntos Sociales del PP, Hassan Driss, y a su colaborador, Mimun Mohamed, de delitos electorales continuados y de malversación de caudales públicos, aunque ambos fueron absueltos.

El mensaje sigue siendo trasladar "absoluta tranquilidad", sobre todo al estar "inmersos en un proceso electoral". Pese a ello, se pulsará a los grupos parlamentarios para valorar un posible cambio de la Loreg que dificulte estas prácticas. Desde el PSOE, se mantiene la misma línea del Gobierno, pero evitan entrar a valorar cualquier iniciativa en este sentido hasta después del 28-M. Otras formaciones, como Ciudadanos, se adelantaron ya la semana pasada registrando una proposición de ley. Consistiría en modificar solamente el apartado 3 del artículo 73 para que la remisión en Correos del voto se deba realizar personalmente. "El funcionario de Correos encargado de admitirla exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad o, en su caso, la acreditación de la representación a la que se refiere".

Desde la formación naranja, defienden que "hechos recientes y no tan recientes en circunscripciones como la de Melilla han puesto de manifiesto" que existen "aspectos mejorables" en la norma relativos al voto por correspondencia. "Existe una vulnerabilidad por la que es posible ejercer presiones indebidas para la emisión del voto, cuando no directamente la compra del mismo, sin que la norma vigente tenga herramientas necesarias para impedirlo", según se sostiene en la exposición de motivos de la iniciativa. Ciudadanos está decidido a explotar una de sus últimas bazas electorales antes del 28-M, y este miércoles pidió apoyo a los grupos en el registro de una comisión de investigación en el Congreso para tratar el asunto del robo de votos. Pero para que la iniciativa tenga éxito, necesitan la firma de, al menos, dos grupos parlamentarios. De momento, ninguna formación ha llamado a esa puerta.

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Tampoco Vox se ha quedado de brazos cruzados. El partido de Abascal se muestra favorable a endurecer la ley para evitar la proliferación de este tipo de casos. De hecho, el partido ya registró el pasado mes de diciembre una reforma legal para detectar fraudes en el voto, aunque se saldó sin éxito. Vox ha incrementado la presión por los casos de Melilla y Mojácar, y este mismo miércoles ha vuelto a llevar a la Cámara Baja una proposición no de ley en la que pide incluir las "interferencias extranjeras en los procesos electorales como una amenaza contra la seguridad nacional", aludiendo al caso de la ciudad autónoma vinculado a la formación promarroquí Coalición por Melilla.

Los de Abascal proponen también endurecer las sanciones mediante una modificación del Código Penal, para que se incluya la realización de conductas dirigidas a influir o alterar el desarrollo de los procesos de voto, "con mayor gravedad cuando se lleven a cabo en colaboración con gobiernos extranjeros", inciden en el partido. El PP, por su parte, no ha formalizado aún ninguna iniciativa en el Congreso, pero fuentes de la dirección nacional aseguran que no se opondrían a una revisión de los mecanismos legales para "avanzar en garantías" y aportar transparencia a los procesos electorales tras los últimos acontecimientos. Lo que sí defienden en el PP es abordar este proceso más adelante, con sosiego y alejados del marco electoral.

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El asunto es sensible para los diferentes partidos y tampoco hay consenso al respecto. Desde el grupo parlamentario del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, evitan pronunciarse por el momento sobre la iniciativa. Fuentes de la dirección del grupo indican que están interesados en conocer el fondo de la cuestión sobre los hechos sucedidos y que, solo una vez aclarado el diagnóstico, "veremos qué medidas deben tomarse". Coinciden con otros grupos, como ERC, en que a priori endurecer las condiciones para el voto por correo "es delicado" y que lo último que pretenden "es dificultar el derecho y ejercicio del voto".

Desde ERC, avanzan que estudiarán las iniciativas al respecto, pero se muestran reacios a endurecer las condiciones. De hecho, recuerdan que los cambios durante esta legislatura de la Loreg fueron en el sentido contrario, para derogar el voto rogado. La reforma para agilizar el voto de los residentes en el extranjero se aprobó por unanimidad en el Congreso. Otras formaciones, como el PDeCAT, avanzan su disposición "a estudiar con tranquilidad" una posible modificación de la Loreg sobre las situaciones que se han producido y valorar "cómo se pueden evitar y si es necesaria o no la modificación legislativa". Eso sí, "fuera de periodo electoral".