Podemos quiere obligar a los bancos a pagar un fondo para costear quitas en hipotecas

Podemos lanza este miércoles una batería de medidas para actuar contra el incremento de las cuotas hipotecarias, incluyendo una fórmula para que las entidades bancarias sean quienes paguen la cuenta de los impagos. En una proposición de ley que quieren registrar en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del 28-M, el partido de Ione Belarra aboga por crear una suerte de hucha, un "fondo de responsabilidad social" que nutran los bancos con "carácter compensatorio", para obligarlos a devolver el rescate bancario. Un escenario soñado para el que, hasta ahora, no habían encontrado fórmula alguna. "Tenemos que trasladar a la gente que, ante la tormenta hipotecaria, si se ponen normas, podemos protegerlos", presumen fuentes de la dirección morada, que venden que funcionaría como un mecanismo de "resarcimiento" a las entidades, que sirva para pagar el rescate de las familias "que no puedan pagar la cuota hipotecaria", permitiendo incluso que este fondo cubra quitas directas sobre esas cuotas. El arranque de su tramitación no llegaría, al menos, hasta dentro de varias semanas.

En concreto, la proposición de ley de Responsabilidad Social del Sector Financiero crearía una suerte de "seguro" ante crisis económicas, guerras, pandemias, subidas de tipos o "ejecuciones hipotecarias masivas", forjando una caja a la que abastecer, obligatoriamente, para costear determinados impagos. Para sentar sus cimientos y controlar su funcionamiento, plantean formar una comisión gestora participada por los ministerios —Economía y Hacienda, pero también quieren meter a Consumo y a Derechos Sociales—, además de por el Banco de España y representantes de las entidades. Es esta comisión, "con ayuda del Banco de España", la que establecería cuánto tendrían que aportar cada una de las entidades, con base en criterios como el tamaño del banco, de su cartera de clientes o del riesgo crediticio. Fuentes de Podemos interpretan que la hucha en cuestión sería similar al Fondo de Garantía de Depósitos o al de Garantía Salarial, si bien no quieren desvelar el volumen de recursos con el que tendría que aprovisionarse. Tampoco el número de familias a las que debería poder cubrir.

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La norma, además, impondría una subida máxima del 10% anual de las cuotas, y los morados sostienen que sería una "herramienta útil" para el propio sistema financiero, al contribuir a evitar impagos masivos. "Para los bancos es más rentable ejecutar esas quitas que desahuciar a familias". "Les estamos salvando de su adicción al dinero", ironizan. El mecanismo en cuestión, esbozado por la secretaria general morada, Ione Belarra, en un acto electoral este miércoles, no ha sido consensuado con su socio de Gobierno, sino que se trata de una propuesta avalada por su grupo parlamentario, Unidas Podemos, y que choca con la línea de actuación impuesta por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Sin contar con el aval del PSOE, la medida nacerá muerta, pero los morados quieren forzar al resto de fuerzas políticas a debatir sobre sus recetas para afrontar el riesgo de impagos, con su efecto en las familias y en la economía en su conjunto.

En este caso, la fecha escogida para el anuncio no tiene tanto que ver con las elecciones autonómicas y municipales del 28-M, sino que se acerca al mes de junio, coincidiendo con las revisiones anuales de las hipotecas variables que correspondan ese mes, cuando prevén que las familias se verán seriamente golpeadas por esta "tormenta hipotecaria". Temen un "incremento masivo" de los impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo, "con terribles consecuencias sociales y económicas para el conjunto de la población". Hace apenas 10 días, Podemos planteó otra proposición de ley para crear una hucha con fines similares, con la misma denominación, si bien entonces pidió surtirla duplicando el impuesto a las entidades bancarias.

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El Ejecutivo aprobó en noviembre un Código de Buenas Prácticas al que las entidades pueden acogerse de forma voluntaria, que según Economía serviría de alivio a más de un millón de familias, ante el incremento de los tipos de interés y su impacto sobre las cuotas. El BCE rebajó a 200.000 esta cifra, pero los números todavía están a una distancia sideral de esa previsión: en marzo, solo constaban 9.000 solicitudes por parte de los deudores. La vicepresidenta primera prevé volver a reunirse con el sector en junio, pero ya ha dado portazo a las sucesivas propuestas planteadas por los morados; también a la fórmula de la congelación de los tipos abanderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Dación en pago obligatoria y prohibición de desahuciar

La proposición de ley, cuyo texto todavía no han desvelado públicamente, plantea imponer la limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario, una suerte de dación en pago forzosa: para evitar "deudas perpetuas", piden que estas queden saldadas con la entrega de la vivienda al acreedor. También aboga por establecer nuevos derechos y obligaciones cuando se produzcan cesiones de crédito —operaciones en las que los bancos compran y venden estos créditos—, obligando a las entidades a informar de las condiciones de estas operaciones para que los deudores puedan ejercer sus derechos de "tanteo, adquisición preferente o retracto". Esto es, que tenga preferencia sobre terceros para adquirir ese préstamo, y que, de producirse una cesión de crédito, pueda pagar directamente a la segunda entidad el importe por el que se le ha cedido.

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Otra de las novedades frente a sus planteamientos anteriores es el uso de la cláusula rebus sic stantibus —'mientras continúen así las cosas', en latín—, un principio del derecho que hace referencia a que un acuerdo seguirá vigente solo cuando se mantengan las condiciones y las circunstancias que se daban cuando se selló este pacto. Esto supondría abrir la puerta a modificar estas condiciones de alterarse sustancialmente las condiciones, ante una crisis económica, una pandemia o una erupción volcánica, pero también frente a una determinada subida de los tipos. Abogan por crear un mecanismo de renegociación por vía extrajudicial, por vía judicial de jurisdicción voluntaria y un tercero a aplicar en la vía judicial ordinaria.

La norma también plantea regular específicamente los contratos de préstamo hipotecario o al consumo, imponiendo "soluciones obligatorias" cuando se acredite la imposibilidad de cumplir el contrato, así como la "nula voluntad del banco para negociar", aplicándose quitas obligatorias y dación en pago. Y, en última instancia, dificultaría los desahucios —algo que ya aborda la ley de vivienda—, introduciendo el "juicio de proporcionalidad" que los jueces deberán hacer antes de iniciar una ejecución hipotecaria; suspendiendo los procedimientos en curso cuando se aborde la renegociación de un contrato cuyas condiciones se hayan visto alteradas, y dotando a los jueces de "criterios" que deberán tener en cuenta antes de desahuciar.

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Prohibirían, así, desalojar, si el banco en cuestión ha incumplido el código de buenas prácticas, así como "cualquier otro instrumento" extrajudicial de solución de controversias, como la mediación. Pero también obligarían a archivar la ejecución, "con imposición de costas al banco", de no cumplir la entidad con este código o con la mediación.

Los morados se aferran, fundamentalmente a cuatro cifras para justificar esta proposición de ley. El Tribunal de Cuentas cifró en 122.122 millones de euros el volumen de recursos públicos inyectado a las entidades rescatadas —en su mayoría, cajas de ahorros—, Eurostat ha cifrado en 74.000 millones el déficit entre lo pagado y lo recibido. Y, entre 2008 y 2014, las estadísticas del CGPJ recogen medio millón de procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados de toda España. A esto se suma que, entre el estallido de la crisis y hasta 2019, más de 1,7 millones de personas fueron desahuciadas, según un informe del Observatori DESC. Vista la respuesta del PSOE ante propuestas menos ambiciosas, la proposición de ley cuenta hoy con muy pocos visos de salir adelante.