Podemos puentea a Moncloa en el caso Vinícius y da vuelo a la "España racista" de Lula da Silva

El Ministerio de Exteriores está desplegando una estrategia diplomática desde diferentes frentes para intentar rebajar el conflicto con Brasil por el caso Vinícius. A las palabras de su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, refiriéndose al "racismo y fascismo" en los estadios de futbol de La Liga, se suman las acusaciones desde su gabinete a la supuesta pasividad del Gobierno español para hacer frente a estos actos y la petición de explicaciones por parte de su embajador en España. Los esfuerzos se están centrando en el plano diplomático con "contactos a diferentes niveles", según fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares, y de influencia internacional para contrarrestar el daño reputacional amplificado por Lula, insistiendo en que "España es un país tolerante". Una situación que choca con la declaración del Ministerio de Igualdad y su homólogo brasileño, asumiendo la tesis de que "el racismo es estructural en nuestras sociedades" y que "hechos como el acontecido en Valencia no son hechos aislados, sino que están profundamente arraigados en la sociedad".

La declaración conjunta se realizó a iniciativa de los ministerios de ambos países y en el caso del departamento que dirige Irene Montero no se consensuó previamente con Moncloa, según ratifican tanto fuentes de Igualdad como del Gobierno. Tras hacerse pública, voces oficiales aseguraban desconocer este comunicado, mientras que desde el departamento de Exteriores matizaban unas horas después que sí estaban "advertidos" de que se iba a publicar.

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El texto, sin embargo, adopta un tono de representación institucional del Gobierno al rematar sosteniendo que "los estados firmantes, a través de la presente comunicación conjunta, insisten en este compromiso antirracista y feminista compartido y en la importancia de tomar acciones concretas y efectivas para la promoción de la igualdad y la lucha contra el racismo como pilares esenciales para el desarrollo de ambos países".

El ala socialista del Gobierno se deja entrever un distanciamiento evidente con su contenido, al contradecir en buena medida la estrategia del Ejecutivo. En Moncloa se están focalizando tanto en negar un conflicto diplomático con Brasil como en condenar las actitudes racistas contra el jugador del Real Madrid de origen brasileño que se produjeron el pasado domingo en el estadio de Mestalla, en Valencia. "En España, el racismo se persigue", defendía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz Isabel Rodríguez. Al mismo tiempo, añadía que "en nuestro país, hay plena seguridad jurídica, tanto en las actuaciones judiciales como en las policiales. Y lo decimos a todos nuestros compatriotas y al ámbito internacional que, en España, estos comportamientos no quedan impunes. Se trabaja para perseguirlos siempre".

El comunicado conjunto de Igualdad y el ministerio de la Igualdad Racial de la República Federativa de Brasil, sin embargo, llama la atención sobre "la obligación de todas las instituciones competentes de responder con la máxima diligencia para tomar medidas ante este y todos los casos que acontecen en el ámbito deportivo y que no pueden quedar impunes, asegurando el acompañamiento, protección y reparación de las víctimas de estos delitos". Asimismo, se apela en el caso español a "la futura ley del racismo como el horizonte para articular y materializar esta agenda de forma integral".

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En Moncloa, en cambio, evitaban cualquier alusión a dicha norma, deslizando que no era necesario endurecer ni modificar la actual legislación tras el caso sufrido por el jugador brasileño. "Seguridad jurídica", repetían para recordar que este mismo martes la Policía Nacional detuvo ya a tres personas relacionadas con los insultos racistas que recibió Vinícius durante el encuentro deportivo. Fuentes del Ejecutivo reiteraban así que los mecanismos del Estado para perseguir este tipo de delitos son suficientes, si bien reconocen que se trata de un problema más "de raíz" y de "educación".

La cacofonía y la falta de una estrategia conjunta ya se evidenció durante las primeras horas tras la escalada del conflicto con discursos opuestos. Mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insistía el lunes desde Bruselas en el carácter tolerante de la sociedad española, "que rechaza claramente el racismo", la titular de Igualdad hacía énfasis el mismo día en un acto de su partido en que los casos de racismo "se repiten, desgraciadamente, de forma habitual en diferentes ámbitos deportivos".

Diferentes discursos y agendas

Una realidad que asociaba como "consecuencia de la normalización de los discursos de odio, de los discursos xenófobos y racistas". Frente a ello, advertía que "nos queda mucho por hacer. Eso es evidente, sigue existiendo racismo en nuestra sociedad". Albares seguía insistiendo este martes en el discurso desplegado por el Gobierno, aprovechando una comparecencia conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, para reiterar que "la sociedad española es una sociedad que rechaza frontalmente el racismo. Es una sociedad plural, tolerante y diversa y esos valores son los que profesan la mayoría de los españoles y la inmensa mayoría de los valencianos".

Desde el Ministerio de Igualdad defienden que sus posiciones y el propio comunicado con el departamento brasileño homólogo parte de la base del memorando de entendimiento que ya firmaron el pasado mes de abril, coincidiendo con el encuentro en Moncloa entre Pedro Sánchez y Lula da Silva. Según relatan desde Igualdad, tras el caso Vinícius se consideró que era una buena ocasión para impulsar este acuerdo entre ambos ministerios, destacando que se trata de decisiones autónomas sin necesidad de pasar antes por el filtro de Moncloa. De hecho, el propio escrito alude a que "los estados firmantes de esta comunicación ponen en valor la reciente firma compartida entre ambos gobiernos de un Memorando de Entendimiento para la promoción de la igualdad racial y la lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia".

Si los discursos y las estrategias de los socios van por diferentes caminos, los socios están manejando su propia agenda. Mientras la embajadora de España en Brasil ha mantenido contactos telefónicos con el ministro de Exteriores, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho lo propio con la ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco. Esta última le habría trasladado que esperaba un “posicionamiento directo” del Gobierno español. Asimismo, el Ministerio de Igualdad, que lidera la dirigente de Podemos Irene Montero, ha agendado una reunión para la próxima semana con el embajador de Brasil en España, quien pidió tener el encuentro para abordar las supuestamente reiteradas situaciones de racismo en los estadios españoles.