Nuevo fracaso en la tercera intentona para parar la huelga de jueces y fiscales

La negociación entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales ha vuelto a terminar este miércoles sin acuerdo. En la tercera reunión de la Mesa de Retribuciones, en la que se negocia contra reloj un acuerdo retributivo que logre desactivar la huelga indefinida prevista para el próximo día 16, el departamento que lidera Pilar Llop se ha plantado en su última oferta, que supondría aportar una cantidad de 46 millones de euros.

Parte de los representantes de ambas carreras no consideran que sea suficiente, por lo que han decidido continuar con su intención de parar, indican fuentes presentes en la reunión. En concreto, las dos asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales están dispuestas a firmar el acuerdo con el Ministerio, pero el resto, no.

Las posturas continúan muy distantes. La asociación mayoritaria, la conservadora APM, reclama 74 millones a pesar de haber advertido reitaradamente que la protesta se ve como el "último recurso" para presionar al Gobierno e intentar que aumente su propuesta económica. Este mismo martes, los funcionarios de Justicia, que llevan días con paros, anunciaron que se sumarán a la iniciativa de los jueces y pasarán a parar de forma indefinida a partir del próximo 22.

Lo que ofrece Justicia supondría un incremento salarial de un 7%. En números, la inversión propuesta se traduciría en una subida salarial lineal de hasta 460 euros. En la primera de las reuniones, Justicia propuso aportar 44,5 millones de euros destinados a mejoras en las carreras judicial y fiscal. El Gobierno ha dejado caer que lo que parece su propuesta debería ser aceptada de forma conjunta por todos. Las asociaciones progresistas la ven razonable, pero no todos comparten la misma opinión.

En las negociaciones participan representantes de los ministerios de Justicia y de Hacienda, así como de las asociaciones de jueces y fiscales, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De seguir igual las cosas, el día 16, la de jueces y fiscales sería la tercera huelga en lo que va de año en la Administración de Justicia, tras la de los letrados y la actual de los funcionarios de los juzgados y tribunales. La convocan todas las asociaciones, menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.