Un celador abusó de ella en el hospital de Guadalajara: "Si te callas, se queda entre nosotros"

Elisa —nombre cambiado a petición de la protagonista— ingresó en junio de 2020 en el Hospital Universitario de Guadalajara debido a un trastorno de conducta alimentaria. Llevaba más de un mes entre aquellas paredes en los que había tenido un par de acercamientos no solicitados de un celador. Este no formaba parte de la plantilla del hospital, había sido contratado de forma eventual aquel verano de pandemia. Un día, al cruzárselo en el pasillo, le pasó la mano por el hombro y fue bajándola hasta tocarle el culo. ¿Qué había sido eso? En un primer momento, Elisa decidió no otorgarle demasiada importancia.

En una segunda ocasión, el celador entró en su habitación. Ella estaba sentada en el sillón, con el manual del examen de conducir entre las manos, cuando él se reclinó sobre sus rodillas y la besó fugazmente en la boca antes de desaparecer. El hombre tenía 30 años, Elisa 18.

El 23 de julio, aquel hombre volvió a entrar en su habitación. Ella estaba sentada en el mismo sillón. El celador llevaba las manos en los bolsillos. Según declaró Elisa a la jueza días más tarde, las últimas palabras del celador antes de que ocurriera lo inimaginable fueron: "Me la vas a chupar y me voy a correr en tu boca".

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Las siguientes fueron: "Por favor, no digas nada que me hundiría la vida".

Elisa no tenía más pruebas que su propio testimonio. Ahora, tres años más tarde, la Audiencia Provincial de Guadalajara le ha dado la razón, condenando al celador a cuatro años de prisión y obligando también al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a indemnizarla en calidad de responsable civil subsidiario. La agresión que esta mujer sufrió en un estado de gran vulnerabilidad es traumática, pero lo que sucedió después no se queda atrás.

"Aquello sucedió un jueves", recuerda hoy Elisa con precisión para El Confidencial. "El sábado lo conté todo y el lunes puse la denuncia". Tras la visita del celador, la estudiante quedó sumida en un estado de shock y fue incapaz de decir nada. Dos días después, una auxiliar de enfermería que había desarrollado un vínculo de confianza con ella notó algo raro y le preguntó. Dos días antes, las enfermeras notaron que Elisa había vomitado, lo cual nunca habían visto antes, pese a su trastorno.

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Elisa, recordemos, 18 años e ingresada durante varias semanas en el hospital, se sentía al límite. El silencio que le impuso el celador culpable, hacia el que todavía guardaba un extraño sentimiento de autoridad, la vergüenza que le daba contarle a sus padres lo que había pasado, la culpabilidad y la rabia le hicieron soltarlo todo. Aquel día, Elisa le contó a la enfermera por qué había vomitado y esta le dio todo su apoyo, dijo que eso "no podía ser un secreto y había que denunciarlo".

La siguiente persona en entrar a su cuarto, más tarde, fue la psiquiatra que la estaba llevando. "Cuando le cuento lo sucedido", recuerda Elisa, "su reacción fue decirme que era cosa mía si denunciaba, o, por el contrario, que si no digo nada, en ese caso ellos tampoco lo harían, todo quedaría entre el personal de la planta y yo".

La chica le pidió entonces a la médica que revisaran las cámaras que había en los pasillos. Las grabaciones podían demostrar que aquel celador entró y salió de su cuarto exactamente como ella había dicho que ocurrió. "Ella me dijo que esa cámara era de vigilancia y no de grabación, que eso no se podría ver".

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Tras este encuentro, la estudiante tuvo un ataque de rabia y dio un puñetazo a la pared, lastimándose los nudillos. Luego le sobrevino otro ataque de ansiedad que le hizo caer por unas escaleras y romperse un par de dientes.

Durante el juicio, su abogado descubrió que realmente sí que existía esa grabación, pero que fue destruida varios días después. Según la normativa vigente en España, este tipo de cámaras deben guardar su contenido entre 15 y 30 días. Cuando quisieron acceder a ellas, ya no estaban.

El Sescam cuenta desde 2005 con un plan de seguridad y protección bautizado como Plan Perseo. La ley de igualdad de Castilla-La Mancha, de 2010, también establece que en las administraciones públicas "existirá un protocolo específico de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo". El Confidencial consultó al Servicio de Salud si un protocolo de este tipo estaba vigente en el hospital o si, a raíz de este caso, se implementará alguna medida de refuerzo. En el momento de publicación de este artículo no se recibió respuesta desde el Sescam.

Cómo se juzgó el caso

Antes de poner formalmente la denuncia, los padres de Elisa solicitaron ver al director de gestión del hospital, Aurelio Zapata, hoy diputado en las Cortes por el Partido Socialista. Los detalles de aquella conversación no han trascendido. El siguiente paso fue acudir a la justicia ordinaria. Durante el juicio, los representantes legales del Sescam no se muestran demasiado colaborativos. "Poco aportan las declaraciones", dejó escrito la juez. "Siendo llamativo cómo afirma que desconoce el tema de las cámaras".

Conscientes de que solo contaban con el testimonio de Elisa, los peritos encargados de valorar la veracidad de su testimonio y acreditar la agresión sexual se centraron, primero, en su versión.

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Para los técnicos judiciales, el relato de Elisa tenía "plena credibilidad". No conocía de antes al celador, por tanto, no existía una relación o animadversión previa, tampoco había un motivo económico que pudiera justificar un testimonio mendaz. Las palabras de Elisa también concordaban, punto por punto en cuanto a los hechos, con las de la auxiliar que fue a atenderla aquel sábado. Cuando las repetía una y otra vez, no había incoherencias, como sí sucedía al hablar con su —entonces presunto— agresor.

Al interrogar al acusado, un detalle resultó providencial. El hombre se enrocó en su posición, contestando con monosílabos y negando cualquier acusación. En un momento dado negó que hubiera hablado con Elisa alguna vez. Pero si nunca había hablado con ella, entonces... ¿cómo podía la joven conocer detalles de la vida del celador como que era de Ciudad Real o que vivía con su novia? No hubo respuesta.

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"Por consiguiente", concluía la sentencia, "se puede decir, más allá de toda duda razonable, que existe prueba de cargo suficiente y válida para romper la presunción de inocencia del investigado".

Tras la agresión, el celador siguió trabajando en el hospital durante año y medio más. Le cambiaron de planta para no coincidir con Elisa, aunque en alguna ocasión lo hicieron en el ascensor. En la sentencia publicada el pasado 16 de marzo, la justicia le impuso la pena mínima de cuatro años siguiendo el Código Penal vigente a la fecha de los hechos, por ser más favorable para el encausado que el 10/2022 aprobado por el Gobierno hace unos meses, la llamada ley del solo sí es sí, que califica un acto así como agresión sexual y prevé condenas de entre cuatro y 12 años.

Elisa no está contenta del todo por la pena, pero se siente aliviada. O, mejor dicho, siente que han creído en su palabra: "La única prueba que tenía".