El Gobierno restringe el pago en efectivo del alquiler y se expone a otro varapalo del BCE

La ley de vivienda aprobada este jueves en el Congreso no permitirá el pago en efectivo del alquiler. La única excepción para evitar que se haga a través de transferencia bancaria es que una de las partes "carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago". Fuentes cercanas a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, justifican esta medida "para garantizar la transparencia" en el ámbito inmobiliario. Si bien las mismas fuentes le otorgan seguridad jurídica, esta restricción a operar en metálico choca con la norma de prevención del fraude fiscal, que permite este tipo de transacciones hasta los 1.000 euros en el caso de profesionales y hasta 2.500 entre particulares. Desde el Ejecutivo, no descartan que algún grupo político intente recurrir este apartado del texto, por la oposición de las formaciones conservadoras y nacionalistas, pero defienden que entra dentro de la constitucionalidad y por ello aseguran no estar preocupados.

La nueva norma, que ahora debe ser ratificada por el Senado, incluyó una modificación del apartado 3 del artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a instancias del PSOE y con el respaldo de sus socios, para que quedase redactado en los siguientes términos: "El pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada". El texto modificado de la ley de arrendamientos establecía que "el pago se efectuará en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada".

La restricción al pago en metálico, que no aparecía en el texto original salido del Consejo de Ministros, se incluyó en la norma tras aprobarse una enmienda transaccional del PSOE. Ciudadanos había presentado una enmienda similar, pero la retiró al haberse pactado la de los socialistas.

Hasta julio de 2021, cuando entró en vigor la ley de prevención contra el delito fiscal, el límite para el pago en metálico estaba establecido en 2.500 euros. Con esta norma, se bajó a 1.000 y ahora, a través de la norma de vivienda, se restringe todavía más para las transacciones relacionadas con el alquiler. En la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención del blanqueo de capitales, el límite en toda la Unión debe ser de 10.000 euros, aunque los Estados miembros tendrán flexibilidad para imponer un límite máximo más bajo si así lo desean.

La decisión del Gobierno de limitar a 1.000 euros las operaciones en efectivo entre profesionales ya fue cuestionada por un dictamen del Banco Central Europeo (BCE). El organismo financiero llamó la atención sobre este límite porque “dificulta notablemente” la liquidación de operaciones legítimas realizadas a través del uso de efectivo como medio de pago, “con lo que compromete el concepto de curso legal consagrado en el Tratado” de la Unión Europea.

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Aunque en la norma de prevención del fraude se mantuvo el límite de 2.500 euros para las transacciones entre particulares, el BCE también lo cuestionó, tanto por tratarse de una cantidad excesivamente reducida como porque fomentaría el riesgo de favorecer la exclusión financiera de determinados colectivos. La ley de vivienda trataría de evitar este último extremo al excluir de la prohibición del pago en metálico de la renta del alquiler a las personas sin acceso a medios electrónicos para efectuarlo.

El dictamen del organismo financiero de marzo del pasado año basaba también su negativo análisis sobre la limitación del pago en efectivo en las contingencias de las transferencias electrónicas. Los pagos con tarjeta están sujetos a posibles interrupciones temporales, al depender de la infraestructura técnica de los proveedores de dichos servicios. De este modo, advierte de que puede darse el caso de que sea "preciso efectuar operaciones que excedan las limitaciones a los pagos en efectivo". Esto es, que un problema técnico ajeno al usuario del servicio impida realizar una operación.

"Invasión de competencias"

Los barones del PP ya han abierto la puerta a presentar un recurso contra la futura ley de vivienda al Tribunal Constitucional. Por "invasión competencial", pero también por el "carácter intervencionista" de la norma y "atentar contra los derechos a la propiedad privada".

Fuentes del Gobierno vasco aseguraron también a este diario que "una vez aprobada por el Congreso y el Senado [la ley de vivienda], analizaremos si invade o no invade competencias y recurriremos si lo hace". La norma, negociada por el arco de la izquierda parlamentaria, ha sumado al rechazado de PP, Vox y Ciudadanos al PNV, PDeCAT y Junts per Catalunya, denunciando una "invasión competencial". Tras el debate, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticaba al Gobierno y a quienes sustentan esta norma por no responder, con argumentos jurídicos, sobre la invasión competencial: "Hemos dado continuamente razones jurídicas", pero "nadie ha respondido".

El portavoz de los nacionalistas vascos dejó en manos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu la decisión final de presentar un recurso, pero defendió que, de hacerlo, "creo que hay muchos visos" de que pueda prosperar. El diputado del PNV, Iñigo Barandiaran Benito, ya cargó desde tribuna durante el debate de la norma por "interferir las capacidades" de las comunidades autónomas para desarrollar sus propias políticas de vivienda. "Se extralimita en sus competencias e invade las de las CCAA", aseguró, para concluir que se trata de "una recentralización y una invasión competencial".