Más allá de la guerra: todo lo que debes saber sobre la estrategia de seguridad nacional de España

Si hace 25 años hubiese existido un documento oficial para informar a los ciudadanos sobre los riesgos de seguridad nacional, probablemente el informe lo habría copado ETA. La banda terrorista estaba ya malherida, pero todavía, como se vería, le quedaban recursos para seguir atentando durante unos cuantos años más. Por aquel entonces, las pateras todavía no llegaban en los números masivos en que lo harían después, y las convulsiones geopolíticas —con la salvedad de la guerra de Argelia— se enfocaban en rincones más o menos apartados de la península Ibérica. En ese contexto, podía perdonarse que la evaluación de las amenazas y sus propuestas para gestionarlas se quedasen en ciertos pasillos de la Administración pública.

Pero estamos en 2023, y el mundo ha cambiado —y lo sigue haciendo— a gran velocidad. No solo es que el planeta esté hiperconectado y la inestabilidad en un país remoto acabe teniendo un impacto directo en el nuestro, sino que los ciudadanos exigen más transparencia que antaño. Los peligros, además, son cada vez más novedosos e inesperados, como ha demostrado la invasión rusa de Ucrania. Así, la elaboración y difusión de una estrategia de seguridad nacional y de los análisis que se derivan de esta es una práctica obligatoria para España como Estado avanzado.

El Informe anual de seguridad nacional, publicado este mes, aborda un total de 16 áreas identificadas como claves por dicha estrategia y explica cuál es la situación actual en cada una de ellas. Estos informes comenzaron a publicarse en 2013, y desde 2019 incluyen una sección dedicada al análisis de riesgos, a partir de una encuesta a múltiples expertos en cada uno de estos campos, en la que estos asignan una probabilidad y un impacto a cada una de estas vulnerabilidades potenciales.

"Creo que es muy positivo que se divulgue y se difunda de manera pública, accesible y abierta este tipo de documentación, y además que desde el año 2019 se realice ese ejercicio de consulta a expertos de los más diversos ámbitos. Es una herramienta más para acrecentar o al menos estimular el conocimiento entre la ciudadanía de los riesgos y amenazas", explica Alberto Bueno, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada y experto en estudios estratégicos y políticas de defensa. "No obstante, hay que tener en cuenta que un documento tan extenso, tan amplio, tan técnico en algunos momentos, que suma muy distintas áreas de trabajo —como corresponde a la seguridad nacional—, dudo que el ciudadano de a pie se lo lea. Entonces, ahí el trabajo de los medios de comunicación para analizarlo, desarrollarlo, resaltar los aspectos importantes, es fundamental", comenta.

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De hecho, en esta ocasión, a diferencia de otros años, el informe de 245 páginas ha atraído bastante la atención de la prensa, que ha resaltado algunos aspectos llamativos. Entre otras cosas, la intensidad de la actividad de las agencias de inteligencia extranjeras en nuestro país, en algunos casos relacionado con la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid. También el hecho de que España ha identificado a 263 nacionales entre los llamados combatientes terroristas extranjeros (CTE) en zonas de conflicto, de un total de 6.000 europeos. De estos, 40 siguen en libertad.

'Bots' yihadistas, desinformación y energía

El yihadismo, según el informe, también se está beneficiando de los avances tecnológicos. "La actividad de publicación de perfiles en grupos y canales está cediendo su protagonismo a la ciberactividad de bots (robots), que automatiza las tareas repetitivas de difusión desde repositorios y distribuye material en grupos y canales de carácter yihadista, llegando a un número relevante de usuarios y alcanzando un mayor impacto", explica el documento. Este también pone de manifiesto el aumento en toda Europa de los ataques violentos de extrema derecha impulsados por el auge de ideologías asociadas, si bien señala que en España, la amenaza de los movimientos extremistas violentos en ambos extremos del arco ideológico "está en un nivel bajo y contenido".

Otro aspecto interesante es el referido a las campañas de desinformación. Tal y como explica el propio informe, "la estrategia de seguridad nacional de 2021 identifica por primera vez, en línea con la Unión Europea y la comunidad internacional occidental, las campañas de desinformación como un riesgo y amenaza para la seguridad nacional". El documento señala que "los conflictos actuales, predominantemente desarrollados en entornos híbridos, deben tener muy en cuenta la desinformación como arma en el ámbito cognitivo, usada de forma sistemática y organizada para ‘ganar/desgastar o debilitar los corazones y las mentes’ del adversario, de sus aliados, así como de las fuerzas y población propias". Eso es lo que estaría ocurriendo con la desinformación desplegada por Rusia contra todos los países de la OTAN, incluida España, con especial intensidad desde la invasión de Ucrania, según deja claro el informe.

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En ese sentido, una de las secciones más interesantes es la dedicada a la energía. "La invasión rusa de Ucrania ha puesto en riesgo la seguridad del suministro de gas natural y productos petrolíferos a nivel europeo y ha empezado a identificar las distintas vulnerabilidades del sistema energético europeo en su conjunto", indica. El informe describe el modo en el que, como parte de su estrategia híbrida contra Europa, Rusia comenzó a reducir las cantidades de gas exportado a Europa por gasoducto ya en 2021 y sin que existiera una razón justificada, y cómo esta situación se agravó a raíz del ataque ruso contra su vecino.

Aun así, el documento explica que el nuestro es uno de los países del continente con menor dependencia de Rusia, pero que "esta privilegiada situación no impide que España se vea afectada por el incremento de precios derivados de esta coyuntura". “La inestabilidad geopolítica implica riesgos claros en relación con el precio del crudo y del gas natural, tanto a nivel mundial como local”, subraya el texto.

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Una de las partes más contundentes es la referida a la ciberseguridad, donde no se duda en advertir de la gravedad de la situación. "Se ha incrementado notablemente el riesgo de sufrir ciberincidentes, especialmente cibersabotajes, presumiblemente encubiertos como cibercrimen [ransomware], ciberhacktivismo [ataques de denegación de servicio] contra infraestructuras críticas nacionales, particularmente las relacionadas con el sector energético y ciberespionaje a través de amenazas persistentes avanzadas (APT)", asegura el documento. "En 2022 ha habido un incremento del número de ataques que han comprometido cadenas de suministro, y se espera que esta tendencia continúe en 2023", añade.

Lo que no se dice

Pero a algunos expertos lo que más les ha llamado la atención no es lo que dice el informe, sino lo que no dice. "A mí me llama la atención la especificidad, lo concreto del caso de Rusia: cómo, en un alto nivel de detalle, se ejemplifican los incidentes o los casos en los que Rusia ha estado o ha podido estar implicada contra la seguridad nacional española. Es lógico, dado el contexto geopolítico en el que estamos y el actual conflicto de Rusia", señala Bueno. "Pero es llamativa también la ausencia de este nivel de detalle con respecto a las posibles injerencias o ataques de otros actores estatales contra España, más allá de alguna mención genérica sobre China, o cuando se habla de la inversión de ese país en el puerto de Hamburgo, por citar solo un ejemplo. Porque entiendo que igualmente se pueden trazar, están presentes y se prefieren omitir o no se quieren dar a conocer o que, por el contrario, se desconocen", indica.

Bueno menciona también el dilema de seguridad entre Argelia y Marruecos, señalando que le sorprende que no se aborde con mayor profundidad "dado que este conflicto supone una carrera de armamentos entre estos países, con consecuencias directas también para España en cuanto a lo que supone de mantener un equilibrio de capacidades entre estos dos países y la propia España, por razones evidentes". "Creo que en 2022 fue un asunto muy relevante para la seguridad nacional española. Sin embargo, en el informe se menciona sin entrar en mayor nivel de detalle", comenta.

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Del mismo modo, este experto pone el foco sobre la cuestión de las vulnerabilidades marítimas, que aparecen en el último puesto en el análisis de riesgos, tanto en probabilidad como en impacto. Algo impactante "considerando la posición geoestratégica española, un país que está por naturaleza abierto al mar, y la reflexión acerca de la importancia que el espacio marítimo, la proyección de fuerza a través de mar, los espacios de relaciones diplomáticas, etcétera, o la dependencia energética de suministros que tiene España y que se hace vía marítima". En cambio, "que el consenso haya situado a este riesgo en esa posición es muy interesante, por lo que nos revela de cultura estratégica en España, cómo se perciben determinadas cuestiones", y pese a que "el propio informe en la descripción de esta vulnerabilidad es lo suficientemente elocuente".

"Creo que la verdadera clave del documento está no tanto en el que la ciudadanía conozca los riesgos o amenazas, que por supuesto es necesario e importante, sino en que además sirva para crear una cultura institucional dentro de la administración pública de colaboración y coordinación entre los distintos ministerios. Y más importante aún, que las distintas administraciones implicadas hablen un lenguaje común y traten de tener una visión, si no exactamente la misma, sí similar o en la misma línea, porque esto será muy importante para plantear políticas públicas que aborden cada uno de estos problemas", opina Bueno. "Es decir, en que sea un documento que en ese ejercicio de difusión repercuta hacia arriba hacia la propia administración, creo que residirá su verdadero éxito en cuanto a la mejora de la seguridad nacional", concluye.