Un histórico del PSOE en Castilla-La Mancha colocó a compañeros de su bufete en el Consejo Consultivo regional

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha refleja el nexo entre el PSOE castellanomanchego y el bufete Irízar Ortega SL, fundado por Javier de Irízar, actual presidente del organismo e histórico socialista en la región. Irízar, que durante años facturó miles de euros por asesorar a ayuntamientos de su propio partido, colocó en la Administración autonómica a dos compañeros de su despacho de abogados tras su llegada a la institución. Juan Luis Ramos, que trabajó 10 años con él, se incorporó como secretario general, mientras que Concepción Bravo lo hizo como jefa de gabinete, un cargo que no existía.

Irízar, expresidente de las Cortes autonómicas, exsenador y exalcalde de Guadalajara con el PSOE, tomó posesión como miembro del Consejo Consultivo el 9 de septiembre de 2021 y cuatro días después hizo lo propio como presidente. Fue designado por el Gobierno encabezado por Emiliano García-Page, facultado para designar a dos de los consejeros del órgano.

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Agencias

Ya con Irízar al frente de la institución, encargada de velar por el buen gobierno, llegaron sus compañeros. Ramos fue nombrado el 18 de marzo de 2022 secretario general. Las fuentes consultadas detallan que ejerció como abogado durante una década en Irízar Ortega SL, aunque los últimos cinco ya estaba fuera y trabajaba como letrado de la Administración de Justicia.

En el caso de Concepción Bravo, administrativa del despacho, el proceso fue más complejo. Bravo entró en el Consejo como jefa de gabinete, un cargo que no existía con anterioridad, a razón de 70.113,50 euros al año. Esta figura fue creada ad hoc a través de una enmienda de los socialistas a los presupuestos regionales de 2022 para modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración autonómica. Es decir, que García-Page enmendó sus propias cuentas para abrir un hueco en el órgano que preside Irízar. La justificación, según consta en el escrito registrado, fue por "mejora del proyecto".

Irízar y el PSOE aseguran que crearon el puesto de jefe de gabinete porque era el único Consejo Consultivo que no lo tenía

Javier de Irízar, preguntado por El Confidencial, señala que los dos nombramientos se "ajustan a la ley". Tanto Ramos como Bravo, explica, forman parte del cupo de personal de libre designación a su disposición, aunque están sometidos a distintos requisitos. El puesto de secretario general debe ser ocupado por un funcionario público con una trayectoria reconocida. "Es una persona de mi confianza, a la que ya conocía, que era idónea por su preparación y conocimiento", dice el presidente del organismo. El de jefe de gabinete, en cambio, no está sujeto a ninguna obligación. Tanto Irízar como el PSOE sostienen que se creó el cargo porque el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha era el único que no contaba con ello en su organigrama.

Desplome de la actividad

El exsenador socialista indica a este diario que cerró el bufete en el momento en que tomó posesión como presidente del Consejo y acto seguido se dio de baja en el Colegio de Abogados. La realidad, sin embargo, es que la actividad de Irízar Ortega SL decayó mucho antes y el futuro de los trabajadores era incierto. Y también en este punto hay una conexión directa con el PSOE.

Irízar había entablado desde 2006 una relación profesional con diferentes consistorios guadalajareños, como Azuqueca de Henares o Cabanillas del Campo, gobernados por los socialistas. El vínculo se extendió durante varios años con decenas de encargos, hasta el punto de que fue una de las principales fuentes de ingresos. Prácticamente la única.

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Víctor Romero. Valencia

El propio despacho lo advierte en la carta de despido a una trabajadora en diciembre de 2020, arguyendo sus problemas económicos. Así consta en una sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, de abril de 2022 y relativa al cese de la demandante, donde se reproduce la comunicación de la empresa: "Respecto de las previsiones de facturación para el año 2021, se presupone una caída considerable, porque tres clientes importantes del despacho dejarán de serlo".

Los clientes son Azuqueca, Cabanillas y la aseguradora Liberty. "El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, al que se le facturaron, en 2018, 71.065,07 euros, en 2019, 48.057,79, y en lo que va de año 2020, 3.166,28 euros, ha convocado un concurso público para la prestación de servicios jurídicos y no tendrá facturación a partir de ahora. El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, al que se le facturaron, en el año 2018, 16.869,88 euros, en 2019, 16.340,84 euros, y en lo que va de 2020, 10.468,54 euros, igualmente ha convocado un concurso público para la prestación de servicios jurídicos y no tendrá facturación a partir de ahora", expuso el bufete para justificar su decisión.

Irízar asegura que cerró el bufete cuando entró en el Consejo Consultivo, pero lo cierto es que su actividad se desplomó mucho antes

La explicación de Irízar sobre el despido deja al descubierto la fórmula de contratación empleada durante años. Los ayuntamientos cerraron los convenios con el despacho del histórico socialista castellanomanchego sin que existiera concurso público de por medio. O lo que es lo mismo: se adjudicaron a dedo y siempre como contratos menores para evitar la concurrencia.

Así, cuando en 2020 las administraciones comenzaron a licitar estos servicios, alertadas sobre posibles irregularidades, Irízar Ortega SL dejó de asumir estos trabajos y su actividad se desplomó al perder la exclusividad. Javier de Irízar reconoce esta situación, pero alega que no tuvo nada que ver con el cierre del bufete ni con su llegada al Consejo Consultivo. La sociedad no presenta movimientos en el Registro Mercantil desde el 31 de diciembre de 2020, aunque el implicado niega que se haya disuelto al cien por cien. "Todos los años se presentan cuentas y tiene actividad, aunque en fase de liquidación", declara.