Es noticia
El extraño archivo de una causa contra la caza furtiva que afectaba a políticos y empresarios
  1. España
LA FISCALÍA NO RECURRIÓ EL SOBRESEIMIENTO

El extraño archivo de una causa contra la caza furtiva que afectaba a políticos y empresarios

Una jueza de Burgos imputó en junio de 2022 a 74 presuntos cazadores furtivos, entre ellos, alcaldes de PP y PSOE, grandes empresarios y directivos de multinacionales, pero ha archivado el caso por sorpresa sin que la Fiscalía recurra

Foto: Imagen de los trofeos intervenidos en la operación CorCyl.
Imagen de los trofeos intervenidos en la operación CorCyl.
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

La decisión de un juzgado de Burgos ha provocado sorpresa en el mundo de la caza, sobre todo, por la relevancia de los afectados y las circunstancias en las que se ha producido. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se presentó en noviembre de 2021 en una taxidermia de Zalduendo (Burgos) tras recibir una denuncia anónima que aseguraba que estaba procesando animales abatidos sin licencia. Los agentes se llevaron el libro de registro del negocio y comprobaron que algunos precintos de caza, que permiten matar un único ejemplar, habían sido utilizados presuntamente para legalizar hasta 16 trofeos.

Las indagaciones posteriores del Seprona destaparon que 258 animales cazados supuestamente sin licencia en 105 cotos de nueve provincias diferentes (Burgos, Palencia, Soria, Segovia, Cantabria, Málaga, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) habían pasado por ese establecimiento. A petición de la fiscal Nuria del Prado, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, la magistrada Almudena Ovejero, acordó la imputación de los administradores de la taxidermia, Julián Burgos y su hija, Míriam Burgos, y de 72 supuestos cazadores furtivos.

La Guardia Civil bautizó el operativo con el nombre de CorCyl y convocó a los medios de comunicación en junio de 2022

La Guardia Civil bautizó el operativo con el nombre de CorCyl y convocó a los medios de comunicación en junio de 2022 para informar de los primeros resultados. Las pesquisas se habían extendido a casi toda la geografía peninsular y, aunque se detectaron ejemplares irregulares de varias especies, el grueso del engaño afectaba a corzos. La manipulación recurrente de los precintos estaba provocando, explicó entonces el Seprona, una drástica reducción de la población de ese cérvido. Cazarlo legalmente cuesta unos 2.000 euros, pero, en el mercado negro, es posible hacerlo por menos de 500.

Los nombres de los implicados nunca trascendieron, pero El Confidencial ha tenido acceso ahora a la lista de investigados. En ella figuraban políticos, directivos de grandes multinacionales, grandes empresarios locales, profesionales liberales conocidos en la provincia y miembros de la nobleza.

Además de los responsables de la taxidermia, también fueron imputados el exalcalde de Nebreda (Burgos) Pedro Martín Barbero, del Partido Popular; los responsables de la finca de caza de la multinacional Cerealto Siro Foods, en Palencia, y de la finca Retortillo, de los propietarios de la revista ¡Hola!, en Burgos; Daniel Navarro Balbás, propietario de Bodegas Nabal; José Manuel Ruiz, ex responsable de Recursos Humanos de Renault España y actual directivo de Schweppes; Álvaro José Yarritu Tubilla, propietario de numerosos parques eólicos y consejero de la empresa Asfaltos y Firmes Burgaleses; Fermín López de Uralde, propietario de la armería Uralde de Vitora; Gabriel María Sansinenea Urbistondo, propietario del mítico Hotel de Londres de la playa de la Concha de San Sebastián; José Manuel Temiño, directivo de Grupo Antolín; el abogado Óscar España Mielgo; el alcalde de Villamiel de la Sierra (Burgos), Pedro Ángel Calvo García, del PSOE; Carlos María Cubillo y Jordán de Urries, directivo de Mahou-San Miguel e hijo de la marquesa de Ayerbe; el perito judicial en los juzgados de Burgos Juan Ángel Alesanco, y numerosos guardas rurales, entre otras personas.

A la mayoría se les atribuía falsedad documental y un delito contra la flora y la fauna. El sumario contiene un aluvión de pruebas que vincula a cada uno de los investigados con las piezas que presuntamente habría cazado furtivamente. El libro de registro de la taxidermia guio a los agentes. Los datos de las piezas entregadas en el negocio no coincidían presuntamente con los que se habían comunicado a los registros autonómicos de caza. En ocasiones, se habían usado licencias de una temporada en años posteriores. También se encontraron cornamentas con datos supuestamente falsos o directamente sin precinto.

Se habían usado licencias de una temporada en años posteriores. También se encontraron cornamentas con datos supuestamente falsos

Sin embargo, el pasado febrero, menos de un año después del inicio del caso, la jueza dictó el sobreseimiento provisional de la causa. En un auto de apenas seis páginas en el que se repasan las presuntas ilegalidades cometidas, la magistrada expuso que, debido al alto número de intervinientes, era "imposible imputar con un mínimo de rigor a los investigados un delito de falsedad documental y mucho menos asegurar que las discordancias advertidas por los agentes obedecen a un plan intencionado urdido, quizá, con el propósito de dar salida a piezas que podrían haber sido cazadas furtivamente". En opinión de la jueza, era demasiado farragoso hacer nuevas diligencias y, en todo caso, las irregularidades detectadas respondían a simples equivocaciones. No se podía "estimar acreditado un ánimo o una intención fraudulenta de los responsables de la taxidermia".

Lo llamativo es que la jueza dictó el auto de sobreseimiento sin escuchar previamente a los funcionarios del Seprona, pero lo más extraño es que la fiscal del caso, encuadrada en la estructura de la Fiscalía de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, ni siquiera recurrió el archivo de la causa, a pesar de que había tenido conocimiento de las diligencias desde el principio. Fuentes de la Fiscalía sostienen que se "ha investigado todo lo investigable y que no hay elementos de prueba para acusar penalmente a nadie". Al no haber otras acusaciones, el caso se cerró sin que alguien se opusiera.

La misma Fiscalía de Medio Ambiente sostiene justo lo contrario en un procedimiento casi idéntico que comenzó medio año antes en el Juzgado número 3 de Móstoles (Madrid). De hecho, la causa de Burgos salió de esta otra investigación, llamada operación Ro3buck. Hay 23 investigados por cazar presuntamente animales sin precinto y llevar luego las piezas a una taxidermia de esa localidad madrileña para procesar sus pieles y esqueletos, como adelantó El Confidencial el pasado septiembre.

Foto: Walter René Soto Galán, durante la grabación de un vídeo. (YouTube)

Quizá la única diferencia entre las dos investigaciones es que el negocio de Móstoles no estaba dado de alta en el momento de la operación de la Guardia Civil, mientras que el de Burgos lleva décadas abierto al público y trabajando con todas las autorizaciones administrativas.

Con todo, como en la causa de Burgos, la información clave de Móstoles salió del libro de registro del establecimiento. Además del propietario del negocio, la investigación se dirige contra Juan José Franco y de Suelves, bisnieto de Franco, hijo de Francisco Franco Martínez-Bordiú y consejero delegado de Huntser, una empresa dedicada a la gestión de licencias y cotos de caza en España, África, Argentina y Rumanía; el XII marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, uno de los mayores propietarios de cotos de caza de España, con un total de 12.980 hectáreas dedicadas al aprovechamiento cinegético; un sobrino del marqués de Valdueza, Gonzalo Ciriaco Vicente-Mazariegos Álvarez de Toledo; la empresaria Beatriz Fernández de Córdoba Ruiz de Ocejo, una aristócrata que es copropietaria de una de las armerías más conocidas de España, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, y los responsables de varias compañías especializadas en la organización de monterías y recechos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, como Sopié y Sabana, Recechos del Norte y Caza Sigüenza.

El próximo 24 de abril están citados a declarar en el juzgado de Móstoles los agentes del Seprona encargados de las diligencias. Fuentes jurídicas señalan que la Fiscalía está decidida a pedir el procesamiento de los investigados por las evidencias de falsedad documental y un delito contra la flora y la fauna. Los casos de Burgos y Móstoles son prácticamente calcados, pero unos investigados han tenido más suerte que otros.

La decisión de un juzgado de Burgos ha provocado sorpresa en el mundo de la caza, sobre todo, por la relevancia de los afectados y las circunstancias en las que se ha producido. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se presentó en noviembre de 2021 en una taxidermia de Zalduendo (Burgos) tras recibir una denuncia anónima que aseguraba que estaba procesando animales abatidos sin licencia. Los agentes se llevaron el libro de registro del negocio y comprobaron que algunos precintos de caza, que permiten matar un único ejemplar, habían sido utilizados presuntamente para legalizar hasta 16 trofeos.

Burgos Caza
El redactor recomienda