Los fiscales progresistas acusan a Sánchez de asumir "la herencia cronificada de Franco" en el Sáhara

El presidente Pedro Sánchez ordenó exhumar en 2019 el cadáver del dictador Francisco Franco de Cuelgamuros, pero ahora los fiscales progresistas le acusan de seguir la política franquista al respaldar, hace un año, la solución que propugna Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Esta consiste en conceder una autonomía a la antigua colonia española sorteando el referéndum de autodeterminación que Rabat y el Frente Polisario pactaron en 1991 junto con un alto el fuego.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), la segunda asociación en importancia de la carrera fiscal, remitió el sábado una carta abierta al jefe del Ejecutivo [aquí en PDF] en la que le reprocha “no dar cumplimiento efectivo a las obligaciones derivadas” de la condición de España “de potencia administradora del territorio” promoviendo un referéndum de autodeterminación para descolonizarlo. “La omisión [por el Gobierno] del cumplimiento de dichas obligaciones es una herencia cronificada desde los tiempos de la dictadura de Franco”, prosigue la UPF en su misiva.

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El Gobierno niega que España siga siendo la potencia administradora 47 años después de su retirada del Sáhara. El dictamen de Hans Corell en 2002, jefe de la asesoría jurídica de Naciones Unidas, sostenía, sin embargo, que España sí era la potencia administradora aunque no pudiera ejercer ese papel porque Marruecos controlaba de facto el territorio.

“La nueva posición que, como Presidente del Gobierno usted mantiene no solo perpetúa esta inacción histórica [del franquismo], sino que pareciera alinearse con el indigno e ilegal acuerdo firmado en el año 1975 por nuestro país (Pactos de Madrid) por los que España cedió parte del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y otra parte a Mauritania, acuerdo que nunca fue reconocido como válido por la ONU”, recalca la UPF en su carta.

Marruecos ni siquiera respeta ese acuerdo firmado con España justo antes del fallecimiento del general Franco. El acuerdo otorgaba el tercio sur de la colonia española a Mauritania, pero la Junta militar que gobernaba ese país decidió retirarse del territorio en agosto de 1979 y el Ejército marroquí se adueñó de él y allí permanece sin ostentar título alguno.

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Los fiscales progresistas han tardado un año en pronunciarse, mediante esta carta, desde que el 7 de abril de 2022 Sánchez viajó a Rabat para poner fin, en una cena con el rey Mohamed VI, a 15 meses de crisis bilateral. Fue allí donde confirmó el giro de la política exterior español en el Sáhara al suscribir la declaración conjunta hispano-marroquí. Lo ratificó el 2 de febrero durante la cumbre en Rabat entre los gobiernos español y marroquí.

Inés Herrero, la presidenta de la UPF, explica al teléfono que ella y varios compañeros suyos han visitado justamente a principios de este mes los campamentos de refugiados saharauis en el suroeste de Argelia. “Hemos podido vivir una experiencia de integración con los saharauis y además ahondar en el estudio jurídico de la situación” del Sáhara.

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Su conclusión es que “esta nueva posición política” de Sánchez “agrava las posiciones mantenidas por nuestros anteriores gobiernos y, lo que es aún más preocupante, contraviene el derecho internacional vigente”. Los fiscales le recuerdan al presidente en su carta que “los Tratados Internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno y son, por tanto, de obligado cumplimiento”.

Le piden en consecuencia que “como presidente del Gobierno de España, adopte las medidas necesarias para que se haga efectivo el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales que corresponden a España para lograr la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

Sánchez no lo hará como tampoco lo hicieron los anteriores gobiernos democráticos desde la transición para no desencadenar una crisis con el vecino marroquí. La diferencia con los jefes de Gobierno que le han precedido es que ninguno de ellos había plasmado por escrito, en tres ocaciones en un año, su alineamiento con la solución que propone Marruecos para resolver el conflicto.