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ERC y EH Bildu tumban la derogación parcial de la ley mordaza, mientras UP culpa al PSOE
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Fracaso para la coalición

ERC y EH Bildu tumban la derogación parcial de la ley mordaza, mientras UP culpa al PSOE

Los grupos han firmado el certificado de defunción de la norma este martes. Los dos aliados parlamentarios del Gobierno reprocharon al Partido Socialista que les "chantajeara" para forzarlos a aceptar una reforma "descafeinada"

Foto: María Dantas y Jon Iñarritu, diputados de ERC y EH Bildu, en la comisión de Interior de este martes. (EFE/Javier Lizón)
María Dantas y Jon Iñarritu, diputados de ERC y EH Bildu, en la comisión de Interior de este martes. (EFE/Javier Lizón)

La derogación de la ley mordaza ha fracasado, y los grupos han pasado de la defensa al ataque para sacudirse las culpas. Con 18 votos a favor y 19 en contra, el anunciado rechazo de ERC y EH Bildu ha tumbado el dictamen de la norma, tras celebrar más de 40 reuniones en el último año para tratar de salvar la que fuera una de las promesas estrella de ambos partidos de la coalición. Los votos de PSOE, Unidas Podemos y el PNV, autor de la proposición de ley, no han bastado para evitar el naufragio. Es la segunda vez que fracasa un intento de modificar esta ley; la anterior tuvo lugar en 2019. Tras este fracaso, la polémica norma aprobada en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy seguirá en vigor sin sufrir un solo cambio.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha sido el escenario donde se ha sustanciado la crónica de una muerte anunciada. A última hora del lunes, el diagnóstico seguía siendo el mismo: no había acuerdo en el bloque de investidura, con ERC y EH Bildu enfrentados con el PSOE, por lo que consideran un enroque en sus posiciones. Los mismos puntos que siempre han generado mayor polémica son los que han servido para enterrar el dictamen: desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma y devoluciones en caliente. Al no prosperar el dictamen, este texto no puede llegar a pleno.

Foto: Patxi López y Gabriel Rufián. (EFE/Kiko Huesca)

El portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, cargaba en rueda de prensa contra sus socios, a los que acusaba de refugiarse en "excusas" y "mentiras" para no derogar la norma. "Igual a algunos no les gusta aprobar una ley que tenga algo que ver con la Policía española", deslizó en un par de ocasiones. Donde los socialistas aseguraron que pidieron votar el dictamen este martes, para seguir negociando después, los socios y Podemos —cuyo grupo había votado en este mismo sentido— apreciaron indicios de que el grupo mayoritario quería dinamitar esta reforma.

Con el PSOE tratando de colocar los focos sobre sus aliados parlamentarios, y presumiendo de los avances logrados en la negociación, ya frustrados, Podemos endureció el lunes su posición para pasar a denunciar la "aparente intencionalidad del PSOE" para boicotear la ley. Votaron a favor de las enmiendas transaccionales de ERC y Bildu para modificar los puntos más polémicos, aun sabiendo que no contaban con los votos. "En vez de retrasar la comisión para que dé tiempo a negociar, [el PSOE] ha decidido precipitarla para forzar la caída", aseguraron el lunes fuentes del partido morado. La dureza de esta posición permitía dejar en segundo plano la ofensiva contra Yolanda Díaz a la interna.

Foto: Pablo Echenique y Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. (EFE/Miguel Oses)

En el partido de Ione Belarra, se mostraban "muy preocupados" por la actitud de los socialistas y advertían incluso de que, de no modificar sus posiciones, no lograrían evitar "uno de los mayores fracasos políticos de toda la legislatura". "No hay excusa que valga", sostienen, ante un escenario en el que no escatiman en críticas a sus socios: "Su absoluta negativa a negociar los cuatro últimos puntos que faltan (desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma y devoluciones en caliente) con los socios parlamentarios aboca la derogación de esta ley al fracaso". Siempre han sido los puntos más polémicos y difíciles en las negociaciones, y las demandas de ERC y EH Bildu, afirmaban, "son perfectamente legítimas en clave de salud democrática y protección de los derechos fundamentales".

Podemos se desmarcaba así del conjunto del grupo parlamentario Unidas Podemos. El portavoz en Interior es el diputado Enrique Santiago, líder del PCE, y habitualmente es el diputado que les representa quien marca la línea del conjunto del espacio, más si tiene galones en una de las organizaciones que integran UP. En este caso, Santiago no había mencionado este "fracaso": defendió que era posible el pacto, que "quedan varias semanas para intentarlo" y que "sería un drama" no lograrlo. Más, si cabe, "por no acordar al 100% estos cuatro temas". El endurecimiento de posiciones llegaba en un día marcado por la amenaza de Podemos a Yolanda Díaz, y servía para desviar los focos de esta cuestión. La situación de las negociaciones era conocida desde hace semanas, pero hasta la fecha los morados no habían desautorizado a su portavoz para alinearse con las tesis de ERC y Bildu. Es un escenario inédito.

Foto: Diez organizaciones de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión del país se concentran frente al Congreso para exigir a reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. (EFE/Fernando Alvarado)

Desde estos partidos, por su parte, acusaron el lunes al PSOE de estar inmerso en la guerra de relatos para no asumir la responsabilidad por este futurible fracaso. "Parece que no nos conozcan. Ni participaremos en ningún maquillaje ni cederemos ante ninguna presión o chantaje. Y esta propuesta lo es. No debería sorprender a nadie nuestro voto mañana", avanzaron. Es exactamente la misma posición que han defendido durante semanas, pero es ahora cuando Podemos ha decidido subir los decibelios. "Sería un fracaso terrible de la legislatura, no habría excusas y solo un responsable", apostillaba su portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Santiago no publicaba nuevos mensajes modificando su diagnóstico. Y la batalla por imponer cada uno de los relatos se recrudecía.

Anuncio de Yolanda Díaz

Todas las fuerzas que participan en Unidas Podemos celebran que Yolanda Díaz vaya a dar por fin el paso de postularse como candidata a la Moncloa "pronto". Todas menos Podemos, que este lunes ha acogido con recelos el anuncio hecho público en redes sociales desde los perfiles de Sumar. En lugar de celebrar la iniciativa, los morados han amenazado con dar plantón en el acto que la vicepresidenta segunda quiere celebrar antes de Semana Santa para oficializar esta decisión, en el que quiere contar con representación de los distintos partidos que aspira a englobar. Díaz quería presumir de unidad, pero Podemos ha pinchado el globo con su órdago, antes siquiera de que se conozca la fecha de este evento.

El partido morado condiciona su presencia en este acto, que previsiblemente tendrá lugar durante las próximas dos semanas, a que Díaz acceda a "cerrar ya" un pacto de coalición. En público y en privado, se quejan de que ya han puesto esta exigencia "sobre la mesa de los negociadores del espacio de Sumar", en palabras de Javier Sánchez Serna, coportavoz del partido, sin haber recibido aún una respuesta. Los morados llevan meses pidiendo a la vicepresidenta segunda que apure los plazos, y en las últimas semanas habían rebajado el tono tras el endurecimiento de posiciones en noviembre y diciembre. Hasta estos días. Critican la falta de claridad de Díaz, que pretende citar a fuerzas que compiten entre sí en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M para componer esa foto de la unidad, pero sin ofrecer garantías de que los morados se verán representados en Sumar con el protagonismo que reivindican. La tensión de Podemos con el resto de fuerzas del espacio, alineadas con Díaz, crece, y ya apenas se esfuerzan por disimularlo.

Foto: Yolanda Díaz e Irene Montero en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)

Desde el equipo de la vicepresidenta segunda, por su parte, sostienen que el acto no busca "presentar una candidatura electoral", sino servir para anunciar la "decisión" de Díaz, pidiendo diferenciar estos conceptos. Es difícil que Sumar acceda a las exigencias moradas: se aferrarán a que en el nuevo espacio están llamados a participar hasta una quincena de partidos —de Más Madrid a Compromís, pasando por Izquierda Unida o la Chunta Aragonesista—, mientras Podemos pide una posición que reconozca su peso político.

Y este es otro de los puntos sobre los que incide Podemos: al ser la fuerza política que arrastró más votos a nivel estatal en las últimas elecciones, sostienen que les corresponde ser "nave nodriza" de la izquierda, ocupar un espacio predominante. El lunes, la propia vicepresidenta segunda, preguntada por si invitará a Irene Montero o Ione Belarra a esta presentación, evitó nombrarlas, para responder que ofrecerán asistir "a todos los partidos". Se cuidó incluso de nombrar a Podemos: "Son muchísimos", se justificó. También se disculpó por la tardanza de su "proceso de escucha". "A pesar de lo que se diga en medios, me he sentido cuidada, no tengo más que agradecimiento", apostilló.

Expectativas sobre Sumar

Tanto los morados como Díaz o IU han hablado de celebrar primarias, pero nadie ha concretado un solo paso, y esta es otra de las claves: cómo se regulen estas hipotéticas primarias, qué censo se emplee o cómo se garantice la representación de las fuerzas minoritarias. Podemos, que desde 2016 siempre ha rechazado las primarias abiertas conjuntas que le reclamaba IU, incluso para las elecciones del 28-M, ahora se aferra a la necesidad de concretar cuanto antes la fórmula a emplear en este proceso, consciente de que es la fuerza con más militantes movilizados y organizados. En público y en privado, todas las partes aseguran que el acuerdo es inevitable, porque se necesitan. Fuera de cámara, mantienen esta idea, pero reconocen la dificultad, y los morados denuncian que Díaz no quiere cerrar las listas electorales hasta después de las elecciones autonómicas y municipales, en las que ella no participa, y en las que las encuestas auguran varios batacazos a Podemos e IU.

Foto: Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, en el traspaso de carteras. (EFE/Mariscal)
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El lunes, los morados evidenciaron su aislamiento dentro del espacio Unidas Podemos: los principales rostros de Izquierda Unida, los comunes y Alianza Verde han compartido en redes sociales el anuncio de Sumar, mostrando su apoyo. De Alberto Garzón a Enrique Santiago, pasando por la portavoz de IU, Sira Rego, por Jéssica Albiach o Aina Vidal (los comunes) y Juantxo López de Uralde (Alianza Verde), todos han compartido en redes sociales el tuit de Sumar. Entre ellos, no estaban los primeros espadas de Podemos. De hecho, con las dudas sobre la hoja de ruta a trazar ante la reforma de la ley del solo sí es sí promovida unilateralmente por el PSOE, dirigentes de UP advirtieron de que los morados parecían estar buscando "la confrontación" para resaltar la figura de Irene Montero, siempre en las quinielas como candidata alternativa, en detrimento del perfil de la impulsora de Sumar.

Durante la mañana, el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, reconocía el exceso de "ruido en la izquierda" y pedía reducirlo: apelaba a los partidos a que permitan que cicatricen las heridas, y que dedicasen todas sus energías a permitir que el proyecto de Díaz "siga creciendo, madurando y tomando forma, porque hoy es el mejor instrumento para las familias trabajadoras". Los morados, poco después, protagonizaron una rueda de prensa monopolizada por su amenaza a Díaz. Incluso desde el PSOE reclamaron al socio minoritario un esfuerzo por la "unidad".

La derogación de la ley mordaza ha fracasado, y los grupos han pasado de la defensa al ataque para sacudirse las culpas. Con 18 votos a favor y 19 en contra, el anunciado rechazo de ERC y EH Bildu ha tumbado el dictamen de la norma, tras celebrar más de 40 reuniones en el último año para tratar de salvar la que fuera una de las promesas estrella de ambos partidos de la coalición. Los votos de PSOE, Unidas Podemos y el PNV, autor de la proposición de ley, no han bastado para evitar el naufragio. Es la segunda vez que fracasa un intento de modificar esta ley; la anterior tuvo lugar en 2019. Tras este fracaso, la polémica norma aprobada en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy seguirá en vigor sin sufrir un solo cambio.

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