Sánchez fija el cierre de la agenda legislativa en Semana Santa para centrarse en la campaña

Sin tiempo que perder para pasar página a la crisis de la coalición por la reforma de la ley del solo sí es sí, Pedro Sánchez acelera para cerrar la agenda legislativa pendiente que permita retomar la iniciativa con asuntos como la vivienda o las pensiones e, inmediatamente después, lanzarse sin ataduras a una larga campaña electoral. Semana Santa es el límite fijado por la Moncloa para dar carpetazo a los asuntos parlamentarios más importantes, incluida la moción de censura de Vox, y, tras ello, poner al presidente del Gobierno la chaqueta de candidato. Si para los cristianos estas fechas representan la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en el caso del jefe del Ejecutivo se pretende buscar un punto de inflexión similar. No es una novedad en su trayectoria política.

Los ministerios económicos del PSOE han entrado de lleno en las negociaciones parlamentarias con sus socios tras la orden de la Moncloa de desatascar, en lo que queda de mes, los asuntos pendientes del Congreso. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha bajado al barro para intentar consensuar la ley de vivienda. Incluso con concesiones forzadas que no entraban en sus cálculos para facilitar el acuerdo en esta materia. Para los morados, todavía queda camino por recorrer en estas cesiones para alcanzar un consenso que permita sacar adelante esta norma, pero socios como ERC y EH Bildu han constatado que el PSOE "empieza a moverse". Y es que Calviño había pasado la rebarbadora al preacuerdo entre el Ministerio de Transportes, el proponente de la ley, y el de Derechos Sociales, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra.

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En los últimos días, la titular de Asuntos Económicos ha recuperado algunos de los puntos que borró del preacuerdo y lanzado contraofertas reanimando las posibilidades de entendimiento, como el límite del 3% para la subida de los alquileres vinculados al IPC. Los socios siguen sin fiarse, pese al intercambio de documentos, conversaciones constructivas y mayor optimismo. No tanto como el que trasladan desde las filas socialistas, que presionan con referencias a un acuerdo inminente para dar a entender que han asumido las reivindicaciones de sus socios, pero sí reconociendo un cambio de tendencia. Faltan ajustes para reflejar en la ley el límite del 3% a los alquileres, en lugar de dejarlo a expensas de un índice que se elabore posteriormente por reglamento, y poner negro sobre blanco cuestiones relacionadas con la regulación de precios para los nuevos contratos, la definición de pequeño y gran tenedor y las alternativas habitacionales para los desahucios.

Las tres próximas semanas son cruciales y el límite temporal fijado en Semana Santa es una máxima, aun a expensas de que acabe llevándose por delante algunas leyes. Esto es lo que ocurrirá previsiblemente con la reforma de la ley mordaza. Pese a la falta de acuerdo con los socios parlamentarios necesarios para sacarla adelante, PSOE y Unidas Podemos forzarán el próximo martes en la comisión de Interior la votación del dictamen. Si la reforma no muere en esta votación, lo hará en pleno, como avanzan fuentes de la dirección de ERC, que no ven colmadas sus expectativas y rechazan la propuesta de los socios de coalición. La misma posición que tiene EH Bildu.

El propio grupo socialista asume las dificultades para que se apruebe esta reforma. Con todo, siguen la orden de cerrar las carpetas pendientes en este mes de marzo. El relato de unos y otros ya está construido. Desde el Gobierno ya responsabilizan a quien vote en contra de mantener sin cambios la polémica ley impulsada en su día por el PP, y cuya reforma era un compromiso del acuerdo de coalición.

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ERC y Eh Bildu no están dispuestos a renunciar a exigencias que el PSOE ha manifestado como inasumibles. Este es el caso de la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios o desactivar la presunción de veracidad de los miembros de distintos cuerpos policiales, con el objetivo de sortear sanciones por desobediencia y desacato a la autoridad. Las presiones cruzadas y la activación de la cuenta atrás con la votación de este martes no han servido para avanzar en las negociaciones, dadas las escasas expectativas con que dicen acudir los independentistas que, además, no rebajan sus pretensiones para buscar un punto de entendimiento.

El interés por ir despejando la agenda legislativa quedó plasmado con el desbloqueo de las negociaciones en el seno del Gobierno para la reforma de las pensiones. Tras más de tres meses encalladas en el mismo punto, el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sacó adelante el acuerdo sorteando la línea roja de la ampliación del periodo de cómputo para calcular la jubilación que habían puesto tanto desde Unidas Podemos como desde las formaciones del arco izquierdo del Congreso, necesarias para convalidar el decreto. La salida pasa por una doble vía opcional al futuro jubilado: calcular la pensión con los últimos 25 años (el sistema actual) o con los 27 mejores de los últimos 29.

La intención es aprobarlo en el Consejo de Ministros y llevarlo a la Cámara sin mucha más demora. Para ello, Escrivá ha cambiado el método negociador que se utilizó con la reforma laboral. Primero ha buscado un acercamiento con los socios y, posteriormente, se ha llevado a los agentes sociales. Algo que también habían pedido los sindicatos, precisamente, para evitar que se repitiese un escenario como el de la reforma laboral, que rechazaron socios habituales como ERC y EH Bildu y estuvo a punto de tumbar el Congreso, salvándose solo gracias al voto erróneo de un diputado popular.

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Con estos mimbres, el decreto podría quedar convalidado antes de finalizar el mes, aunque al tratarse de una carpeta ya prácticamente cerrada, no hay tantas presiones de agenda. De la aprobación del decreto depende el desbloqueo del cuarto tramo de los fondos europeos para la recuperación, previsto para mediados de año.

La moción de censura presentada por Vox tampoco se pretende llevar más allá del mes de marzo. No hay fecha fijada todavía, y aunque es una prerrogativa de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, esta lo hablará con la Moncloa para ajustarla a la apretada agenda internacional del presidente, cuya única semana sin viajes al extranjero es la última de marzo, justo antes de Semana Santa. En el PSOE, se desliza que no se quiere llevar más allá de marzo, dándose por seguro que no se retrasará artificialmente.

Vía libre para la campaña

Ni Ferraz ni la Moncloa quieren que se interprete un uso interesado de la facultad de la presidenta del Congreso de marcar los tiempos. El discurso de los socialistas pasa precisamente por dar la máxima importancia al uso de este instrumento constitucional con el que Pedro Sánchez accedió al Gobierno en 2018, aunque lamentan que la ciudadanía pueda percibir que se caiga en "un teatro". No solo por la disrupción de Vox con la elección del candidato para optar a la presidencia del Gobierno, el economista y exdirigente del PCE Ramón Tamames, de 89 años, sino por el hecho de que se trata de una iniciativa sin opciones de prosperar y centrada en ganar visibilidad a las puertas de las elecciones.

Con la agenda legislativa cerrada y la moción de censura despachada, Sánchez podrá enfundarse el traje de candidato sin interferencias. El presidente y todo su equipo. De ahí que optase por apurar los plazos para la crisis de Gobierno que deberá hacer para sustituir a las titulares de Industria, Reyes Maroto, y Sanidad, Carolina Darias, que serán candidatas en las elecciones municipales por Madrid y Las Palmas, respectivamente. El próximo sábado, los socialistas celebrarán un comité federal en el que se podrían anunciar estos cambios. Se confirmarán las listas electorales de cara al 28-M y se lanzará la campaña en la que Sánchez y su Gobierno entrarán de lleno tras celebrarse el Domingo de Resurrección.