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El fiscal general ordena continuar la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco
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Dudas sobre la prescripción

El fiscal general ordena continuar la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco

García Ortiz establece, en concreto, que "se determinará en el momento procesal oportuno ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una vez haya sido recabado todo el material probatorio"

Foto: La tumba de Miguel Ángel Blanco. (EFE/Brais Lorenzo)
La tumba de Miguel Ángel Blanco. (EFE/Brais Lorenzo)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado la orden de continuar investigando la vinculación de la cúpula de ETA con el asesinato del joven concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, se inclina por aplazar la posición del Ministerio Público respecto a la prescripción del atentado mortal perpetrado en 1997 por ETA a la fase del juicio oral, lo que supone dar luz verde a que continúe la investigación que conduce la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción 6.

García Ortiz establece, en concreto, que "se determinará en el momento procesal oportuno ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una vez haya sido recabado todo el material probatorio y documental que pueda coadyuvar a conformar una tesis concluyente". Esta respuesta tiene que ver con un complejo debate jurídico sobre el plazo en el que se empieza a contar la prescripción de los delitos y, por lo tanto, la posibilidad de sentar en el banquillo a nuevos acusados de haber participado en aquel crimen que conmocionó a España hace tantos años, en el verano de 1997. Al menos desde julio del año pasado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional viene elevando consultas en busca de una unidad de criterio.

Foto: Foto de archivo del 11-7-1997 de la manifestación que miles de personas llevaron a cabo en Ermua (Vizcaya) para pedir la libertad de Miguel Angel Blanco secuestrado por ETA. (EFE)

El crimen del joven concejal tiene una prescripción de 20 años. La duda es si se computan desde el día en que se haya cometido la acción punible o, en el caso de los delitos continuados, desde el día en que se realizó la última infracción o se cesó la conducta delictiva. La primera consulta del fiscal jefe de la Audiencia Nacional estuvo motivada por la duda que generó una interpretación del Tribunal Supremo en otro caso, que fijó el inicio del cómputo en el momento en el que se cesa la actividad delictiva.

Ese criterio del Supremo ya fue esgrimido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Rechazó íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa de uno de los investigados, Iñaki de Rentería, confirmando su condición de imputado en la investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua. García Ortiz menciona de forma expresa este criterio en su escrito.

Foto: Mural dedicado a Miguel Ángel Blanco. (Fundación Miguel Ángel Blanco)
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En su resolución, los magistrados señalaban que, aunque Rentería alegaba que, dado que el crimen se cometió en 1997, el plazo de prescripción es de 20 años y la investigación se reabrió en marzo de 2022, los delitos que se le imputan han caducado, "la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que para apreciar la prescripción de manera anticipada no debe existir duda alguna sobre la concurrencia de sus presupuestos", y que, en caso de que las haya, "lo procedente sería diferir la cuestión al tribunal sentenciador después de la celebración del juicio oral" para que resuelva en el fallo.

Fue el pasado mes de marzo cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ). En su escrito, la asociación dirigía su acusación contra los jefes de la banda en el momento de los hechos: José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri; Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi; Asier Oyarzabal, alias Baltza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Vicente Goicoechea Willy; Jokin Echevarria y Carlos Ibarguren Nervios.

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, Amaia, como autores materiales.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado la orden de continuar investigando la vinculación de la cúpula de ETA con el asesinato del joven concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, se inclina por aplazar la posición del Ministerio Público respecto a la prescripción del atentado mortal perpetrado en 1997 por ETA a la fase del juicio oral, lo que supone dar luz verde a que continúe la investigación que conduce la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción 6.

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