La jueza del caso Mediador pide a Batet que autorice la entrega de efectos de Tito Berni

La jueza del caso Mediador ha seguido este lunes el criterio de la Fiscalía y ha acordado solicitar "a la presidenta del Congreso", Meritxell Batet, que autorice la entrega a la Policía Nacional de "los efectos depositados en el interior del despacho" que utilizaba hasta su dimisión el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Anticorrupción había pedido, en concreto, que se reclamen al Congreso de los Diputados los ordenadores, móviles y otros dispositivos que utilizaba el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, además de la documentación que manejaba. El fiscal Jaime Serrano Jover consideraba que la información que contengan los dispositivos es esencial para garantizar que la instrucción avance, pero no apoyó un registro completo del despacho de Tito Berni en la Cámara Baja como pedía la Policía.

El Ministerio Público proponía en concreto a la jueza que dirija un oficio a la Secretaría General del Congreso de los Diputados para que se autorice a la comisión policial el acceso a las dependencias de la Cámara "con las previsiones y prevenciones que considere oportunas", incluida la participación de la comisaría de Policía Nacional del Congreso de los Diputados, dice el escrito al que ha accedido El Confidencial. Fuentes del Parlamento aseguran que de momento "no ha llegado nada a la Cámara" y "se pronunciarán cuando ocurra".

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la instructora precisa que, "en el supuesto de que la Presidencia del Congreso colaborara entregando esos dispositivos", el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía se ocupe de abrir, analizar y estudiar el contenido de los dispositivos informáticos y de los sistemas de almacenamiento que utilizaba Fuentes Curbelo, en busca de potenciales pruebas. En concreto, se "a los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas extractos, expedientes, documentos registrales y notariales, documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigados, inclusive documentación falsificada, útiles y demás herramientas para llevar a cabo los delitos investigados".

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La jueza da respuesta así a la solicitud del equipo policial que investiga esta supuesta trama de corrupción de registrar "sin restricciones" el despacho de Fuentes Curbelo y a las objeciones expresadas al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que apoyaba examinar los equipos informáticos del exdiputado, pero sugirió hacerlo pidiendo permiso al propio Congreso, ya que la Constitución consagra el carácter inviolable de las Cortes Generales. El fiscal apuntaba a "la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado Juan Bernardo Fuentes Curbelo", para que, una vez obtenidos, se pueda acceder a su contenido, incluso forzando el ingreso en caso de no obtener las claves de entrada.

Fuentes Curbelo utilizaba el Congreso para impulsar sus actividades al frente de una presunta organización criminal, según se desprende del sumario de la operación. La instrucción describe al político canario como el líder de "la rama política" de la trama e incluye fotografías suyas junto a otros implicados en la Cámara Baja. La Policía ha detectado "múltiples indicios de entregas de dinero en efectivo al diputado" durante estas visitas y advierte de que algunas de sus reuniones terminaban de madrugada en clubes de alterne de Madrid.

Las visitas, una parte clave

Las visitas al Congreso eran una parte clave de la actividad de la red investigada. Funcionaban como primera toma de contacto para introducir a los empresarios "en la dinámica de relaciones, pagos y demás gestiones de índole mercantil". Fuentes Curbelo facilitaba los trámites para que accedieran al edificio pese a tratarse de un área restringida, tras lo que se fotografiaba con ellos junto al cartel del Grupo Parlamentario Socialista y les mostraba su despacho de diputado. Según relata el sumario, los investigados conocían al político canario por el alias de Tito Berni y con estas reuniones buscaba "seducirlos".

La trama ofrecía a los empresarios extender su negocio a la zona especial canaria (ZEC) a través de sus contactos y, una vez establecidos allí, les prometía un trato especial a la hora de acceder a subvenciones y frenar posibles sanciones. Fuentes Curbelo se valía para ello de su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, quien también formaba parte del PSOE y ocupaba la Dirección de Ganadería del Gobierno de Canarias: "Ambos sujetos, desde su significativa posición política, tendrían capacidad suficiente para hacer creer a los empresarios que sus aspiraciones se harían realidad, siempre y cuando asumieran una serie de pagos", explican los investigadores.

Las conversaciones intervenidas apuntan a que las visitas al Congreso superaron la decena entre 2020 y 2021. El socialista contaba para ello con Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien hacía de intermediario con los empresarios. "Voy para el Congreso. Entramos por la parte trasera", escribió este al socialista el 21 de abril de 2021. Finalizadas las reuniones, Fuentes Curbelo le enviaba entonces los números de cuentas en que los empresarios tenían que realizar los pagos acordados. Los investigadores han detectado 16 mensajes del diputado a Navarro Tacoronte con este tipo de información bancaria. Si los empresarios no pagaban, el socialista "reprendía" a su socio.