El PSOE modula su postura sobre la okupación para facilitar la ley de vivienda

El PSOE modulará su postura frente a la okupación para facilitar la aprobación de la ley de eficiencia organizativa, pero también para dar un último empujón a la ley de vivienda, hoy en la recta final de la negociación entre los partidos del bloque de investidura. Distintas fuentes parlamentarias aseguran que los socialistas asumen que la primera norma, una de las grandes apuestas del Ministerio de Justicia, no contará con suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados, salvo que las enmiendas antiokupación queden fuera del dictamen, que se votará en comisión y en pleno.

Es el diagnóstico que, desde el grupo socialista, han trasladado a otras fuerzas políticas. No significa que retiren las enmiendas de la discordia, sino que, cuando la comisión se reúna para cerrar el dictamen, previsiblemente se votarán las distintas enmiendas en este sentido —el PDeCAT ha presentado sus propias modificaciones— y decaerán por falta de apoyo las que afectan a la okupación. PSOE y PDeCAT estudiaron pactar una enmienda transaccional —conjunta—, en este sentido, sobre la que también habrían conversado con el PNV, sin que la formación jetzale desvelase una posición definitiva. Aún fuera del dictamen, el PDeCAT mantendrá sus enmiendas, pero sin el respaldo del grupo socialista, y con la oposición abierta de Unidas Podemos y la mayoría de aliados parlamentarios, no podrá conseguir los votos necesarios para incluirlas en la norma.

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Entre los grupos, incluso, aseguran que el PSOE ya reconoce que las enmiendas sobre okupación no podrán salir adelante hasta que no logren aprobar la ley de vivienda. Son dos leyes independientes, pero el contenido de estas enmiendas choca, según UP y los socios, con el espíritu de la ley que desde hace años es la china en el zapato de la coalición, quizá la más difícil de negociar desde las ópticas técnica y política.

La discordia generada por estas enmiendas es asumida incluso en el ala socialista del Gobierno: la ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia es, junto con la ley de eficiencia procesal, la clave de bóveda del Plan Justicia 2030. El gran obstáculo para que la primera vea la luz son esas enmiendas, sobre las que no hay consenso ni hay visos de que pueda haberlo. Ni Unidas Podemos puede respaldar estas enmiendas, ni el PSOE está hoy dispuesto a retirarlas, pero el escenario de que dejen que sean derrotadas, como ocurrió con la ley trans, hoy está abierto. Previsiblemente, la Comisión de Justicia abordará esta materia a finales de la próxima semana, según distintas fuentes.

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Al ser una ley orgánica, necesita al menos 176 apoyos en pleno, y por eso hay quienes apuestan por sacar los cambios en la lucha contra la okupación de un paraguas legal que no le corresponde, para volver a abordar esta materia en futuras normas, con la ley de vivienda ya fuera de peligro. Oficialmente, hasta la fecha el PSOE siempre ha asegurado que mantendría sus enmiendas.

La introducción de estas modificaciones supuso para el PSOE un auténtico incendio con su socio de gobierno. El diputado Rafa Mayoral, la voz más autorizada de los suyos en materia de vivienda, acusó al PSOE de plegarse "a la agenda de la derecha", de "estar descentrado" y de plantearles una medida "inaceptable". Desde finales de septiembre, cuando los socialistas colaron estas modificaciones en una ley ya en trámite, y sin ninguna relación con esta materia, Unidas Podemos, pero también fuerzas como ERC, ha advertido reiteradamente al PSOE de que no podría avalarlas. No han sido capaces de salir del atasco desde entonces, a pesar de los sucesivos intentos.

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El PDeCAT llevaba meses presionando. Desde mayo, cuando registró una proposición de ley para impulsar el desalojo de okupas en 48 horas —la esencia de estas enmiendas—, y según otras fuerzas presentes en la comisión de Justicia, la formación catalana ha apoyado al PSOE en posiciones que no le resultaban cómodas para lograr su respaldo en materia de okupaciones. Seguirán tratando de legislar en este sentido, al tratarse de un problema con especial relevancia en Cataluña.

A diferencia de la ley de vivienda, la norma sobre eficiencia organizativa no acapara focos, pero no deja de ser un puntal del proyecto del Ejecutivo en lo que toca a la Administración de Justicia. Su hermana, la ley de eficiencia procesal, estuvo entre las normas que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó como hitos relacionados con las recomendaciones de Bruselas en su Informe sobre el Estado de derecho este lunes, ante el comisario de Justicia, Didier Reynders. Más allá de los proyectos estrella, en el ala socialista del Gobierno hay quienes están convencidos de que estas normas deben salir adelante cuanto antes, y las enmiendas antiokupación representan un serio obstáculo.