Junqueras recurrirá al TC de mayoría progresista para intentar su rehabilitación

La decisión del Tribunal Supremo de mantener a Oriol Junqueras inhabilitado hasta 2031 abre un nuevo capítulo en la causa del procés. El tribunal presidido por Manuel Marchena concluyó este lunes que la reforma del Gobierno que deroga la sedición y reescribe la malversación no obliga a rebajar su pena, pero fuentes jurídicas avanzan que la defensa del líder de ERC trabaja ya en una doble ofensiva para revertir la decisión: por un lado, presentará un incidente de nulidad ante el Supremo para tratar de anular la resolución y, por otro, recurrirá en amparo al Constitucional para intentar que la mayoría progresista de este tribunal corrija el dictamen y facilite su regreso electoral.

Tras conocerse la decisión del Supremo, la principal crítica del independentismo se centra en que aplique la malversación agravada a la causa del procés. La reforma del Gobierno incluye una versión atenuada de este delito que castiga con inhabilitación especial de empleo o cargo público a la autoridad que dé al patrimonio público "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado", pero los magistrados consideran que no es aplicable a los líderes independentistas.

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"No se trata de una decisión en la que las cantidades presupuestadas para un fin se destinan a otro fin encajable en la ordinaria prestación de los servicios públicos que justifican la actividad administrativa", explican. De esta manera, el tribunal concluye que "nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro" y mantiene la inhabilitación a Junqueras por la malversación agravada: "No podemos ver una simple rectificación contable que aspire al tratamiento privilegiado".

No conformes con esta interpretación, fuentes de sus defensas aseguran que agotarán todas las vías de recurso y llegarán hasta el Tribunal Constitucional, que desde el pasado enero cuenta con mayoría progresista. Como ya avanzó El Confidencial el pasado enero, consideran que la reforma obliga a absolver a los líderes del procés.

En cuanto a la mencionada vía de presentar un recurso de nulidad ante el Supremo, esta figura solo se puede solicitar ante la vulneración de un derecho fundamental o cuando el procedimiento haya incurrido en una serie de defectos formales que causen indefensión. El incidente de nulidad se puede presentar de manera excepcional cuando no se haya podido denunciar la vulneración en un momento anterior y cuando la resolución no sea susceptible de recurso, lo que complica que prospere.

"Un golpe a la democracia"

Mientras los abogados trabajan en el plano jurídico, los principales políticos de ERC elevaron el tono este lunes contra el Supremo. "El sistema judicial está dando un golpe a la democracia y está atentando contra el sistema democrático, porque hace caso omiso de la modificación legislativa en las Cortes Generales", llegó a afirmar su secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta. "Desgraciadamente, hemos conseguido acordar la modificación del Código Penal, pero no hacemos de jueces. Y ha habido una interpretación muy forzada del Código Penal. La sensación es que hay una voluntad de venganza y no de justicia", aseguró por su parte el president Pere Aragonès.

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El PSOE, sin embargo, no dudó en desmarcarse de estas críticas y, tras conocer la decisión del Supremo, reformuló su argumentario respecto a la reforma pactada con ERC. De esta manera, los socialistas no solo evitaron criticarla este lunes, sino que sacaron pecho: "Pone de manifiesto que el PP mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del procés", aseguró la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta afirmación choca con la postura mantenida por la Abogacía del Estado el pasado enero, cuando pidió rebajar de 13 a siete años la inhabilitación de Junqueras. Los servicios jurídicos del Estado argumentaron que debía aplicarse el delito de desórdenes públicos en concurso medial con el nuevo tipo de malversación que contempla penas más bajas, pero el Supremo echó por tierra su razonamiento este lunes: ni los desórdenes públicos ni la malversación atenuada son aplicables a Junqueras.