Interior pide a la policía reforzar el contacto con el "entorno laboral" de mujeres maltratadas

Interior recomienda a la policía que aumente los contactos con el entorno de las víctimas de violencia de género para evaluar su situación de riesgo, incluyendo su ámbito laboral. Así lo recoge la reciente instrucción del ministerio a la que ha tenido acceso íntegro El Confidencial, que además fija los criterios para poder informar a las mujeres de los antecedentes de sus agresores siempre que sean reincidentes. El documento plantea textualmente “el incremento de las actuaciones y comunicaciones con el entorno familiar, laboral o vecinal de la víctima para detectar y recibir información que permita una eficaz valoración de la situación de riesgo”.

Esta iniciativa parte de las reuniones del Grupo de Análisis de los Asesinatos por Violencia de Género constituido por Interior a principios de enero, después de vivir un final de 2022 especialmente trágico en cuanto a asesinatos machistas. Del resultado de esas reuniones se ha acordado que el ministerio asuma la labor de actualizar la guía y los criterios para evaluar las situaciones de riesgo y que las unidades policiales se hagan cargo de funciones “operativas” como contactar con los entornos de las víctimas.

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Son medidas “tales como el despliegue efectivo de las medidas de seguridad y de prevención sobre el agresor” que “extiendan la recogida de cualquier información del entorno de la víctima y del agresor que pueda ser relevante para la detección del caso de violencia de género”. Esta instrucción 1/2023 lleva la firma del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, número dos del ministro Fernando Grande-Marlaska.

“Del estudio realizado —dice la Instrucción— de los casos de asesinatos por violencia de género se ha podido observar que ciertas circunstancias conocidas por el entorno, ya de la víctima, ya del agresor, pero no obtenidas por la denuncia o declaración de la víctima o las manifestaciones del agresor, hubiesen sido relevantes para una evaluación completa del riesgo y las necesidades de protección frente a conductas reincidentes e incluso letales por parte del agresor”.

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Este punto aparece recogido en uno de los apartados del documento llamado Intensificación de la recogida de información en el entorno de la víctima y el agresor relevante para la evaluación del riesgo y el seguimiento del caso. La Secretaría de Estado de Seguridad recuerda que ya en una instrucción anterior del año 2019 sobre la misma materia se consideró “muy necesario y relevante investigar y recabar información sobre cualesquiera circunstancias o factores observados en o por el entorno de la víctima y del agresor o de cualquier otro actor, incluidos los servicios sociales y asistenciales”. Todo ello, con la vista puesta en estudiar las medidas de protección a aplicar.

"Celos exagerados o sospechas de infidelidad"

En cuanto a los límites para informar a las mujeres denunciantes de violencia de género sobre los antecedentes de sus agresores, se tienen que dar cuatro supuestos: que existan “planes o amenazas dirigidas a hacer daño a la víctima”, “celos exagerados o sospechas de infidelidad”, “antecedentes violentos del agresor o adicciones a tóxicos” y "que la víctima haya expresado su intención de romper la relación". Antes será necesario estudiar cada caso y que los agentes acrediten que comunicar los antecedentes de su agresor tenga sentido para garantizar la seguridad de la víctima y que se aprecie un factor de riesgo real para ella.

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Con todo, el documento marca también algunas limitaciones adicionales. Solo se podrán comunicar los antecedentes cuando se refieran “a conductas referidas por víctimas precedentes durante el periodo de los cinco años anteriores”. En todo caso, quedan excluidos “aquellos supuestos en los que se trate de hechos prescritos o sobre los que conste en el sistema haber recaído resolución absolutoria o de sobreseimiento libre”. No se podrán tampoco dar detalles específicos del número de denuncias previas, quiénes y cuándo las pusieron ni su estado judicial. Tan solo se notificará el siguiente mensaje a la víctima: “Los datos de la persona denunciada constan en el sistema Viogen”.

El Ministerio del Interior llevaba meses con la intención de sacar adelante un protocolo cuya medida principal era poder informar a las mujeres denunciantes de estos antecedentes. Existía el problema legal de tratarse de datos privados y eso provocó las reservas en el seno del Gobierno procedentes del Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska consultó en su momento a la Fiscalía especializada en violencia de género para conocer sus impresiones. El ministerio público contestó con un documento en el que fijaba los márgenes legales existentes con la actual legislación.

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“La transmisión de la referida información a la víctima en los términos que se plantea la consulta no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada”, advirtió la Fiscalía. Interior niega que eso vaya a ser así en la instrucción. En cualquier caso, el secretario de Estado de Seguridad, juez de carrera, cita la Ley de Violencia de Género de 2004, el Estatuto de la Víctima de 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la propia ley de protección de datos para justificar que su medida está dentro de la legalidad.

“La obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de adoptar medidas de protección apropiadas a las circunstancias particulares de la víctima, unida al deber de proporcionarle información adecuada a la naturaleza de los hechos, determinan que dentro del contenido de las medidas policiales de protección se encuentre la de informar a la víctima sobre aquellos factores que, desde un tratamiento individualizado, constituyen un riesgo específico para ella”, zanja el documento, de 10 folios de extensión.