Núñez Feijóo rescata la propuesta de Rajoy de reformar el Senado, pero rechaza tocar la Constitución

El PP quiere reabrir el enquistado debate sobre la reforma del Senado para otorgar más peso a la Cámara Alta. La propuesta forma parte del Plan de Calidad Institucional que presentó este lunes Alberto Núñez Feijóo en Cádiz, un decálogo de 60 medidas que el líder popular activará si llega a la Moncloa en los primeros 100 días de gobierno. Génova se compromete a "avanzar" en la medida para dotar la Cámara de representación territorial de "nuevas competencias", una "transformación" que han defendido ejecutivos de distinto signo político, pero que nunca se ha llevado a término. Para los populares, solo hay una línea roja: la propuesta no puede implicar una modificación de la Constitución.

Fuentes autorizadas del primer partido de la oposición recuerdan que en las dos últimas legislaturas se han celebrado ponencias en las Cámaras para "dar mayor peso al Senado en todas las cuestiones territoriales". Hablan de un "consenso histórico" entre los dos grandes partidos que haría posible abordar dicha reforma en el corto plazo. "No existe ningún impedimento de carácter ideológico", comentan en la dirección del PP en la Cámara Alta, donde atribuyen la falta de acuerdo en el pasado a la "falta de voluntad política", tanto en sus propias filas como en el Partido Socialista.

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En concreto, Feijóo busca que el Senado debata sobre "las propuestas normativas que afecten a la distribución de competencias entre órganos centrales y autonómicos", de modo que todas aquellas políticas de carácter eminentemente territorial tengan un "procedimiento específico de deliberación y aprobación por parte de la Cámara Alta". La propuesta sigue la estela del plan que promulgó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, que planteó reformar los reglamentos internos de las Cámaras para ceder competencias del Congreso al Senado en la tramitación de iniciativas que tengan que ver con los territorios.

La actual dirección de Génova pone el foco en la legislación relativa a la "financiación autonómica, provincial y local", para lo que fuentes del partido proponen maniobrar mediante una reforma de la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para brindar esa competencia al Senado. "Se plantea analizar nuevas atribuciones para la Cámara Alta que le permitan fiscalizar la distribución de fondos públicos para competencias de carácter autonómico, provincial y local", reza el documento.

Los populares tildan de "imprescindible" el fortalecimiento del papel del Senado como la única Cámara a la que el ordenamiento español "otorga la competencia exclusiva para celebrar debates conjuntos entre el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios", por lo que propondrán que, tras la celebración de los debates pertinentes en la Comisión General de Comunidades Autónomas, puedan "presentarse y votarse resoluciones", así como impulsar nuevas comisiones o aumentar el cupo de preguntas sobre territorios.

El PP insiste en que para tal objetivo no es necesario reformar la Constitución, "un melón mucho más complejo de abrir", sino actuar por la vía de reformas legislativas ordinarias y modificar el propio Reglamento de la Cámara Alta. En este sentido, al menos con la actual composición parlamentaria, Génova no esconde sus recelos a reformar la Carta Magna por el riesgo a que los socios del Ejecutivo cuelen lo que denominan "enmiendas intrusas" en el texto constitucional. Sin ir más lejos, algunos grupos políticos pretenden aprovechar la reforma del artículo 49 de la Constitución para colar otras modificaciones, como la propuesta del PNV para introducir vía enmienda el "derecho a decidir" en la Constitución o la limitación de la inviolabilidad del Rey.

Oficina de calidad legislativa

En su Plan de Calidad Institucional, Feijóo propone una serie de mecanismos para otorgar a las Cortes Generales "seguridad jurídica" ante el "uso sectario" de las mismas por parte del Gobierno de Sánchez, entre los que se encuentra la creación de una "Oficina de calidad legislativa" dirigida por parlamentarios y compuesta por los letrados de las Cortes y otros expertos en la materia para aportar "garantías" a las fases de tramitación y analizar el grado de cumplimiento de las leyes o medir su impacto social.

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Feijóo se compromete a implementar reglamentariamente el mecanismo para solicitar informes al Consejo de Estado sobre los proyectos de ley que se remitan al Congreso si el Gobierno no ha recabado previamente su dictamen, e insta a "interrumpir" los trámites normativos a menos que se hayan emitido los informes preceptivos de los órganos consultivos. En este punto, el líder de la oposición se compromete a limitar el uso del decretazo para impulsar su agenda legislativa, y apuesta por ampliar la condición de reunir los informes correspondientes también en el caso de las proposiciones de ley tras su toma en consideración.