La Fiscalía del Estado asume la investigación sobre los contratos del puerto de Cartagena

La Fiscalía General del Estado se ha hecho cargo de la investigación sobre presuntos contratos amañados por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), según ha hecho saber a Europa Press la Fiscalía Superior de la Región de Murcia. Fue precisamente esta última entidad la que abrió la investigación tras una denuncia presentada por UGT y CCOO.

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En un encuentro con medios de comunicación y al ser preguntada por si tiene previsto dimitir por este asunto, la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, ha afirmado que, de momento, "ni siquiera" le han notificado la denuncia. "Habéis visto que los asuntos ligados a todo esto están sujetos a investigación judicial", ha señalado. Y al ser cuestionada por lo que dice el código ético del PP respecto a este tipo de casos, Muñoz ha afirmado que no lo recuerda. "Pero mi afán es poner claridad en todos los asuntos", según la presidenta, quien cree que puede "trabajar desde dentro" para "colaborar con la Justicia".

A este respecto, Muñoz ha afirmado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, le ha pedido ofrecer "máxima transparencia, colaboración y agilidad para esclarecer todo esto". "Y eso es lo que estamos haciendo", ha apuntado.

Auditorías interna y externa

Muñoz ha hecho estas declaraciones tras la celebración del Consejo de Administración del Puerto de Cartagena, que ha adoptado algunas medidas ante la información publicada por El Confidencial sobre la investigación abierta por la Fiscalía. El objetivo es "colaborar con la Justicia en la investigación y dejar claro absolutamente todo", ha señalado Muñoz.

En este sentido, el Consejo de Administración ha encargado a la Administración General del Estado —de la que depende orgánicamente— una auditoría interna de los contratos de personal y de servicios, es decir, los que son "objeto de investigación".

Muñoz también ha anunciado en el Consejo de Administración que va a encargar paralelamente una auditoría externa para dar "mayor celeridad y agilidad al proceso". La intención es contar con una opinión "experta y solvente" que haga un diagnóstico de la situación actual de los contratos, por ejemplo, en materia de personal, y que aborde "procedimientos, contrataciones, bolsa o selección".

El experto encargado de la auditoría externa remitirá un informe a la Autoridad Portuaria que "esclarezca si la toma de decisiones hasta ahora ha sido "conforme a derecho o no", según Muñoz, quien ha asegurado que ese resultado se remitirá de forma "inmediata" al Consejo de Administración y al órgano judicial pertinente que, en su día, les comuniquen. Igualmente, se encargará una auditoría externa en materia de servicios para analizar "todas las valoraciones y procedimientos en el periodo comprendido en la investigación".

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"Como veis, hay colaboración e iniciativa interna y externa para poder esclarecer lo máximo y despejar toda duda", según Muñoz, quien se ha mostrado convencida de que "se va a aclarar todo". "Vamos a colaborar con la Justicia", ha asegurado la presidenta de la APC, quien ha puesto en valor que tanto ella como la Autoridad Portuaria han trabajado "muchísimo, de forma entregada, responsable y comprometida para que el Puerto de Cartagena crezca y se abra al mundo". "Somos los principales interesados en que todo esto se aclare", ha zanjado.

"Todo se va a aclarar"

Muñoz ha insistido en que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la investigación y toda la información de la que dispone la ha obtenido a través de los medios de comunicación. "Cuando tenga la oportunidad de explicarme, todo se va a aclarar con toda seguridad", ha aseverado. Su intención es "aclarar todos los términos que son objeto de la investigación" y poner todo "negro sobre blanco" con el fin de "despejar todo tipo de dudas, sobre todo, frente a aquellos que quieren aprovechar este asunto para el rédito político".

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Ha asegurado que todos los procedimientos de contratación que ha realizado la Autoridad Portuaria de Cartagena se hacen "conforme a la Ley, con la supervisión de los servicios jurídicos y la tutela de la abogada del Estado". Al respecto, ha lamentado no poder avanzar más datos. "Tengo que atenerme a este relato, pero os iré informando de forma precisa y puntual de todo ese avance de la auditoría y de todos los resultados que se vayan obteniendo", según Muñoz.

De momento, no ha aclarado el organismo al que se encargará la auditoría. "Pediremos a Puertos del Estado o a algún órganos público solvente que nos recomiende auditorías externas que puedan remitir un mensaje transparente, objetivo y experto para valorar todo lo que se ha hecho en esa materia de contratos de personal y de servicios".

En cuanto al plazo de resolución previsto, ha avanzado que la auditoría interna también será solicitada en sede judicial. Por su parte, ha considerado que la auditoría externa "puede ser más rápida y, en paralelo, también puede colaborar a agilizar que tenga toda la información el órgano judicial pertinente". Ha mostrado su esperanza en que el resultado esté listo "cuanto antes, mejor". "Estimamos que tardará en torno a dos o tres meses", ha precisado.

Ha reconocido estar "dolida" en el plano "personal", pero "todavía más" en lo que respecta al Puerto de Cartagena, porque "es el motor económico de la Región y está en un nivel de crecimiento, expansión y desarrollo imparable". Al ser preguntada por la postura de los sindicatos, Muñoz entiende que "hay una estrategia por parte del Comité de Empresa y su presidenta, Isabel Rosique, que les lleva a acudir no a un juzgado de lo Social o Administrativo, sino a la Fiscalía para denunciar supuestas irregularidades".