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Muchas dudas y pocas certezas: el megaproyecto de Fuerteventura que ha roto el Gobierno insular
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Platós, bares y un centro comercial

Muchas dudas y pocas certezas: el megaproyecto de Fuerteventura que ha roto el Gobierno insular

El empresario canario José Antonio Newport es el impulsor de Dreamland, la ciudad del cine. Y aunque ha conseguido una declaración de bien insular, la iniciativa suscita críticas entre políticos, ecologistas y parte del sector turístico

Foto: Maqueta del proyecto Dreamland en Fuerteventura
Maqueta del proyecto Dreamland en Fuerteventura

Fuerteventura, 29 de enero de 2021. El Cabildo discute sobre declarar bien de interés insular un megaproyecto que promete impulsar económica y turísticamente a la isla: Dreamland, la ciudad del cine. El empresario canario José Antonio Newport propone levantar un enorme complejo de 160.000 metros cuadrados, que dispare la industria cinematográfica y también el ocio a su alrededor. Quiere liderar la producción audiovisual en toda Europa con grandes estudios y platós. Y, de paso, incluir una tienda de merchandising, bares y hasta un helipuerto. Una idea suculenta para una isla pequeña (1.660 km²), en la que apenas caben 10 parques temáticos como este. Dos años después, el proyecto se ha estancado tras poner en pie de guerra a los ecologistas e incluso al propio Gobierno majorero.

Desde el principio, el quid de la cuestión estaba en dónde levantar el complejo. Dreamland se concibió a apenas 500 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, de los últimos parajes de naturaleza virgen en Fuerteventura. Y próximo a varias zonas protegidas. Su declaración como bien insular pretendía blindar el proyecto para evitar problemas legales, pues no fueron pocas las críticas que suscitó desde el minuto uno. Bajo esta condición, se permite su construcción sobre suelo rústico. Es decir, sobre parcelas en teoría no urbanizables. Pero lograrlo no fue sencillo: supuso romper el Cabildo por dentro, con el presidente Sergio Lloret expulsando de su Gobierno a los siete consejeros que votaron en contra de la declaración. La declaración tuvo que aprobarse en una segunda votación, a finales de 2022. Y esta vez, el pleno sí lo aprobó. Pero el camino por recorrer sigue lleno de baches para la ciudad del cine.

Foto: Playa de Corralejo, en Fuerteventura (EFE)

Para empezar, Dreamland provocó un terremoto político. El presidente isleño, del partido localista AMF (Asambleas Municipales de Fuerteventura), destituyó a varios miembros de Coalición Canaria, su socio mayoritario, que dijeron no a declararlo bien de interés insular. Ya no confiaba en ellos, argumentó. Se quedó gobernando en minoría con el único apoyo de seis de los 23 miembros de la corporación. Claro que, a cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales, la decisión es arriesgada. Es más, desde el Partido Popular fueron muchas las presiones para que el dirigente dimitiera.

Llegaron a plantear, sin éxito, una moción de censura contra él apenas unas semanas después del polémico pleno. Convencieron en Coalición Canaria, pero se encontraron con el rechazo del PSOE. Los socialistas no terminaron de verlo, pues suponía poner límites a los pactos tras el 28-M. En Podemos también pidieron anular la condición de bien de interés cultural para el parque temático poco después de aprobarse. La propuesta, de hecho, salió adelante gracias al voto a favor de un consejero de los morados, Andrés Briansó, que rompió la disciplina de partido para que la ciudad del cine pudiera edificarse sobre suelo rústico. Esto ensanchó la grieta que ya existía entre ellos, con Briansó denunciando una supuesta falta de apoyo por parte de los suyos y la formación desmarcándose de su compañero, aludiendo a que lleva años actuando por libre.

"Las aves no se quedan solo en el espacio protegido", evidenció una experta

En el centro de la polémica estaba la cuestión ambiental. Desde SEO/Birdlife, organización que estudia y defiende a las aves, fueron muy contundentes desde el inicio. La localización prevista para el parque, junto a las Dunas del Corralejo y las islas de Lobos, entra en conflicto con varias figuras de protección. Además de las dunas vírgenes, está muy próxima a una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) –según la ONG habitan algunas especies en peligro de extinción, como la hubara o el cuervo canario– y otra Zona Especial de Conservación (ZEC). Aunque la declaración de bien de interés insular da vía libre a Dreamland para construir sobre terreno no urbanizable, estas dos condiciones suponen nuevas trabas.

Sin embargo, la abogada ambientalista Mari Ángeles López Lax explica que no son límites infranqueables. El artículo 46 de la directiva Hábitats de la Unión Europea para la conservación de los ecosistemas, y la Ley 42/2007 que la traspone en España, permiten construir "solo si hay informes que garantizan que no afectará de forma significativa al entorno protegido", indicó la experta. El Ministerio de Transición Ecológica obliga a evaluar no solo los proyectos que quieran estar dentro de la Red Natura 2000, que incluye a las zonas ZEPA y ZEC, sino también a aquellos que, por su proximidad, puedan terminar afectándolas. "Las aves no se quedan dentro del espacio protegido, y eso nadie lo controla", evidenció López Lax. Aun con el beneplácito del Cabildo de Fuerteventura y el resultado favorable de un informe patrimonial, Dreamland sigue a la espera del estudio de impacto ambiental.

Foto: Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más poblada del archipiélago. (EFE/Quique Curbelo)

El proyecto continúa en trámites, pero no será sencillo. De momento ya hay un choque manifiesto entre la empresa encargada de medir su impacto en la zona, Evalúa Soluciones Ambientales, y el Órgano Ambiental de Fuerteventura (OAF). Esta última institución, dependiente del Cabildo majorero, ya cuestionaba en mayo que la ciudad del cine debiera ser considerada un bien de interés insular, como terminó ocurriendo meses después. Además de su ubicación, puso en tela de juicio los beneficios que promete traer a la población. El plan inicial prevé llegar a los 24 millones de euros en ingresos para el décimo año de explotación, la gran mayoría vinculado al turismo en el parque temático (18,3 millones) y el resto, por entrar a los estudios de cine o inscribirse en academias de formación.

Del otro lado, la compañía evaluadora sí ve factible llegar a estas cifras. Sostiene que Dreamland traerá "efectos positivos" a la isla e incentivará el empleo y la economía. Sin embargo, un estudio previo de viabilidad estima en 150 el número de empleos directos que ofertará en total. Casi todos los trabajos estarán relacionados con el mantenimiento, la limpieza del espacio y la gestión de visitas, mientras que un 17% será en los estudios de grabación. Pero el turismo será el principal foco de ingresos, y la gran apuesta para atraer visitantes con los que estimular el comercio local. Aunque no todos lo ven tan claro. Hace apenas unos días, la patronal turística de Fuerteventura se sumó a las críticas hacia el proyecto. La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura, Excelfuert, puso en duda su localización y propuso otras dos ubicaciones alternativas. Si el entorno dunar finalmente no pasa el filtro del estudio medioambiental, la odisea para que Fuerteventura tenga su propia ciudad del cine volverá a enredarse en el laberinto.

Fuerteventura, 29 de enero de 2021. El Cabildo discute sobre declarar bien de interés insular un megaproyecto que promete impulsar económica y turísticamente a la isla: Dreamland, la ciudad del cine. El empresario canario José Antonio Newport propone levantar un enorme complejo de 160.000 metros cuadrados, que dispare la industria cinematográfica y también el ocio a su alrededor. Quiere liderar la producción audiovisual en toda Europa con grandes estudios y platós. Y, de paso, incluir una tienda de merchandising, bares y hasta un helipuerto. Una idea suculenta para una isla pequeña (1.660 km²), en la que apenas caben 10 parques temáticos como este. Dos años después, el proyecto se ha estancado tras poner en pie de guerra a los ecologistas e incluso al propio Gobierno majorero.

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