Las familias de las dos mujeres de yihadistas culpan al Gobierno: "Podrían haber muerto"

Los familiares de las dos mujeres repatriadas desde Siria esta semana tras cuatro años en un campo para los refugiados que se fueron a vivir al Estado Islámico han cargado contra el Gobierno por tardar tanto en traerlas de vuelta. “Podrían haber muerto”, le ha reprochado la madre de una de ellas al Ejecutivo. La otra ha culpado a las autoridades españolas de no haber impedido a su hija subir a un avión en 2014 en dirección a una zona en guerra a pesar del peligro que entrañaba ese destino. “Ellos sí sabían dónde iba y mi hija no”.

Mari Yolanda Cobos y Manuela Grande son las madres de Yolanda Martínez y Luna Fernández. Son las dos jóvenes españolas que hace ocho años decidieron abandonar España para seguir a sus maridos yihadistas hasta el nuevo estado que había creado por medio de la violencia el mayor grupo terrorista de la historia. Han comparecido ante los medios de comunicación en la oficina del Parlamento Europeo de Madrid bajo la bandera azul y las estrellas amarillas de la Unión Europea. Les ha acompañado el eurodiputado Javier Nart y su abogado, José Luis Laso.

"Yolanda es muy buena, se crió en el barrio de Salamanca, en un colegio católico"

“Mi hija intentó dejar a su marido y venirse con los niños. Han querido venirse desde el primer momento. ¿Por qué las van a condenar, por ilusas, por tontas, por cuidar de sus hijos?”, ha dicho la madre de Luna Fernández, de 38 años. Esta es la tesis que trataron de defender este miércoles en la Audiencia Nacional, pero el juez no las creyó y decretó para ellas el ingreso en prisión a la espera de juicio. Aprecia riesgo de fuga y destaca la gravedad de los delitos. El auto dice que, antes de marchar a Siria, ya jugaron un papel clave en una célula yihadista desarticulada en Madrid. Se hacían llamar Brigada Al Andalus.

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El juzgado las acusa de integración en organización terrorista porque cree que ellas compartían la ideología de sus maridos y estaban dispuestas a “pasar a la acción” en Siria. La otra repatriada es Yolanda Martínez. El magistrado Santiago Pedraz rescata en su resolución las declaraciones que ofreció en 2019 para un reportaje publicado en El País. Dijo que estaba “muy contenta” en el Califato: “Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el Juzgado del Daesh. Por fin tuvimos una situación económica estable”. A su lado, ante la periodista de El País Natalia Sancha, Luna Fernández dijo que igual que “muchos países hacen sus leyes, Alá ha hecho una ley y él sabe”.

El juez considera que aquellas declaraciones las delatan, pero sus familiares lo niegan: “Luna y Yolanda son buenas personas. Yolanda es muy buena, se crio en el barrio de Salamanca, en un colegio católico, pero siempre estaba pensando en los pobres”. Ambas madres han roto a llorar en algún momento de su intervención en la rueda de prensa, especialmente al recordar las condiciones de vida que han enfrentado sus hijas y también sus nietos. Las repatriadas han llegado con 13 menores a su cargo, cuatro de ellos son hijos de otras madres que se han quedado huérfanos o sus progenitores están en paradero desconocido. Los niños tienen entre tres y 15 años.

"No tienen nada que ver las religiones"

“Han estado viviendo en una carpa, a 50 grados en verano en temperaturas bajo cero en invierno. La ropa tendida se quedaba congelada, tuvieron que comprar un plástico para que no se filtrara el agua. Los niños han visto cómo les entraba un escorpión, víboras. Hubo carpas que se incendiaron, podrían haber muerto”, ha dicho la madre de Yolanda. En su discurso ha hecho una defensa de la libertad de culto y ha pedido no mezclar la religión musulmana con el terrorismo: “No tienen nada que ver las religiones. Aquí no hay paz. El Gobierno cierra los ojos, yo soy católica. Hay ciudadanos que hablan sin saber lo que esas madres están sufriendo”.

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Esta madre y abuela, emocionada, ha cuestionado en varias ocasiones el carácter progresista del Gobierno: “Vamos para atrás. Todas las naciones tienen cosas buenas y malas. En España hay mucha envidia. ¿Dónde está la libertad?, aquí no hay paz. Eso que dicen que el islamismo no respeta es mentira, conozco gente del Islam que son gente buena”. También ha comparecido el padre de Yolanda, Luis Martínez, quien ha insistido en la falta de comunicación por parte del Gobierno.

El eurodiputado Javier Nart ha sido el más crítico al cuestionar el planteamiento de las autoridades españolas respecto a los españoles refugiados en esos campos. Nart ha dicho que son “campos de concentración” y dejar allí a compatriotas por el riesgo de que se radicalicen “es propio de la Alemania nazi o la Cuba castrista”. Afirma que él pudo desplazarse hasta los campos y entrevistarse con las autoridades kurdas que lo gestionan. Según dice, la operación era sencilla y bastaba con meter a las mujeres y a los niños en una furgoneta y llevarlas hasta el aeropuerto de Erbil, la capital kurdoiraquí.

Nart ha criticado especialmente la inacción de la exministra de Exteriores Arancha González Laya o el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. “Tenemos expertos extraordinarios dicen que un niño de cuatro años es un peligro para la seguridad nacional, santo Dios”, ha protestado. En cambio, ha elogiado la implicación del actual responsable de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, y su gabinete. También de sus compañeros en el Parlamento Europeo, los populares Esteban González Pons, Dolors Montserrat y José Manuel García Margallo.

El abogado de las familias ha mostrado su disconformidad con el ingreso en prisión de las mujeres y ha insistido en la tesis de que Luna y Yolanda se limitaron a cuidar de sus hijos y seguir a sus maridos. Se ha preguntado si, cuando se produjo el 11-M, también arrestaron a las parejas de los terroristas o si las esposas de los etarras también eran detenidas. El auge del terrorismo yihadista en todo el mundo obligó a los países a revisar sus legislaciones. España reformó su Código Penal para actualizar sus herramientas en la lucha contra el terrorismo internacional y tipificó como delito el mero hecho de desplazarse a zona de conflicto.

Fue una manera de atajar el traslado de simpatizantes del Estado Islámico a Siria u otros lugares donde operan los grupos yihadistas. El principal temor de los gobiernos occidentales es que estas personas regresen algún día a sus países de origen más radicalizados y con formación militar para cometer atentados. Sobre este punto, el letrado ha manifestado que, si España temía que los menores se radicalizaran en Siria, tendrían que haberlos repatriado antes.

Los 13 menores que vinieron con las mujeres están ya en un centro de la Comunidad de Madrid en Hortaleza. Se encuentran bien, según sus familias, que han podido estar con ellos. “Algunos probaron por primera vez las chucherías y el chocolate. A uno le sentaron mal y acabó vomitando”, han comentado a modo de anécdota agradable los familiares.