Fiscalía ordena reforzar la protección de las víctimas de violencia de género al apreciar carencias penales

La fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, ha dado instrucciones a los fiscales delegados del área de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género tras apreciar un agujero en el control penal de los casos de riesgo. En un oficio remitido en la mañana de este miércoles, solicita reforzar el seguimiento de los casos de riesgo. El Ministerio Público pedirá, por ejemplo, la instalación de dispositivos telemáticos de seguimiento para aquellos maltratadores potenciales para los que no se dicten ingresos en prisión provisional.

Peramato reclama a los fiscales que soliciten medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos e hijas, aun en los casos de que las víctimas no las interesen. Ordena especial cuidado no solo en casos de riesgo extremo, sino también alto o medio de especial relevancia. La medida se produce coincidiendo con el repunte de muertes en las últimas semanas. Solicita "extremar la diligencia a la hora de valorar todas las circunstancias personales" y solicitando la práctica de las diligencias que se precisen no solo para la acreditación de los hechos delictivos, sino también para la determinación del riesgo a que estén sometidas, entre ellas la valoración forense del riesgo.

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La fiscal de sala se refiere en su escrito al elevado número de feminicidios registrados e indica que, en muchas ocasiones, se habían producido denuncias previas por violencia de género. En concreto, en el mes de diciembre de 2022, de los 12 feminicidios confirmados a fecha de hoy, en el 50% existían denuncias previas por la pareja o expareja finalmente asesinada.

De ellas, solamente en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses; en otras dos ocasiones los procedimientos terminaron en sentencia condenatoria por los actos denunciados. En los otros dos casos, con varias denuncias en ambos, los procedimientos estaban en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar en protección de las víctimas. "Si analizamos los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, resulta que en el 42,85% de los supuestos había denuncias previas y solo en seis ocasiones se acordó la orden de protección y en otras cuatro ocasiones se había dictado sentencia condenatoria", dice.

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Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es de un reducido 20 por ciento. Se registraron 10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias y las acordadas fueron el 66,7 por ciento de las solicitadas (6.873). "En relación con el total de denuncias interpuestas, solo se acordó protección en un 13,9% de los supuestos denunciados. Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", destaca Peramato.