Griñán no entrará en prisión hasta tener el informe médico sobre su cáncer

José Antonio Griñán no tendrá que entrar en prisión hasta que la Audiencia de Sevilla conozca el resultado del informe médico que solicitó al Instituto de Medicina Legal sobre el cáncer de próstata que padece. La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía informó el pasado 22 de diciembre de que le habían detectado una enfermedad que no podía tratarse en prisión, por lo que volvió a reclamar la suspensión de la condena de seis años de cárcel por su papel en caso de los ERE.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la Audiencia ha decidido esperar a que el forense emita su informe sobre las pruebas médicas aportadas por la defensa de Griñán. El tribunal tuvo conocimiento de la situación del expresidente el mismo día que decretó la ejecución definitiva de la pena y dio diez días de plazo a 7 exdirigentes socialistas con penas de cárcel. Ese plazo finaliza el 1 de enero a las 23:59, pero para Griñán queda en suspenso hasta que se valoren los informes médicos aportados por la defensa.

El abogado subrayaba que el ingreso en un centro penitenciario de Griñán "incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado"

Existe la posibilidad, según EFE, de que el Instituto de Medicina Legal podría someter a pruebas médicas al expresidente o dar por buenos los informes que ha presentado su defensa, han añadido las fuentes. Además del informe inicial aportado por Calero, el letrado sumó después el resultado de unas pruebas médicas a las que el exidirgente socialista se sometió el pasado 27 de diciembre. La defensa alude en su petición al artículo 80.4 del Código Penal, que otorga a los jueces la posibilidad de suspender una pena de prisión si el condenado sufre una enfermedad incurable.

En el informe que Calero presentó el pasado jueves volvió a pedir la suspensión de su entrada en prisión porque las pruebas realizadas confirman el "alto riesgo" del cáncer de próstata que padece y por el que ya ha iniciado el tratamiento. Según los documentos médicos, el expresidente tiene que someterse a un tratamiento de radioterapia que no puede recibir en presión. Calero subrayó en el escrito que el ingreso en un centro penitenciario de Griñán "incrementaría el riesgo de fracaso del tratamiento iniciado, dificultaría su control por especialistas en oncourología y podría reducir su expectativa de vida". En el documento inicial recuerda además que el Tribunal Constitucional ha determinado que para suspender la pena por enfermedad no es necesario que esté en fase terminal, sino que se puede justificar si la estancia en la cárcel puede empeorar el pronóstico.

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EFE

José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por los delitos de malversación y prevaricación en la llamada pieza política del caso de los ERE. Así lo determinó la Audiencia de Sevilla en una sentencia publicada en noviembre de 2019 y que fue confirmada por el Tribunal Supremo en un fallo que se hizo público en julio. Los jueces del Alto Tribunal consideran que Griñán tuvo responsabilidad en el reparto fraudulento de ayudas diseñado en el seno de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Su condena responde a su papel como consejero de Hacienda, no como presidente de la Junta.

La defensa del expresidente puso en marcha varias vías para impedir la entrada en prisión de Griñan, para quien su familia solicitó el indulto el pasado verano. Además de esta solicitud, Calero interpuso un incidente de nulidad sobre la sentencia del Tribunal Supremo y pidió la suspensión de la pena hasta que se resolviese este trámite. También solicitó esta suspensión en la Audiencia de Sevilla hasta que se resolviese el indulto. Todas estas posibilidades fueron desestimadas por la Audiencia de Sevilla en un auto dictado el 15 de noviembre y con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, la defensa del expresidente y el resto de altos cargos registraron recursos de súplica que acabaron por resolverse el pasado día 22 de diciembre, cuando dictó el auto definitivo de ejecución de la pena.

Martínez Aguayo, ya en prisión

Hasta ahora, por el caso de los ERE solo ha ingresado en una cárcel de Sevilla la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez-Aguayo para cumplir una pena de seis años de cárcel. La exdirigente socialista, médico de profesión, entró el pasado 28 de diciembre en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, a 20 kilómetros de Sevilla, donde reside. Martínez-Aguayo fue la mano derecha de Griñán en la Consejería de Hacienda antes de sustituirlo en cuando el exministro de Trabajo se convirtió en jefe del Ejecutivo andaluz. En el juicio aseguró que no había informado a su superior de las posibles irregularidades, ya que en los informes que recibió, asegura, no había indicios de menoscabo de fondos públicos.

Otros cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía tienen de plazo hasta el 1 de enero para ingresar en prisión. Se trata de los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo y otros dos exdirigentes de menor rango. La Audiencia suspendió la entrada en la cárcel del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá por enfermedad grave, en aplicación del mismo artículo al que alude ahora la defensa de Griñán para pedir la paralización de la ejecución de su pena.