El Supremo estudiará de forma inmediata el efecto de la reforma en el futuro de Junqueras

El Senado materializó este jueves la eliminación de la sedición y la rebaja del delito de malversación, pero no serán ni el Gobierno, ni los partidos, ni las cámaras quienes determinen los efectos de la medida en aquellos para los que ha sido diseñada. Será el Tribunal Supremo quien decida en las próximas semanas la repercusión de la reforma legislativa en las condenas que fueron impuestas a los políticos que participaron en el procés, entre ellos Oriol Junqueras.

Fuentes jurídicas precisan que el alto tribunal activará de forma inmediata la revisión. La reforma tardará 20 días en entrar en vigor desde su publicación en el BOE y, de forma automática, el alto tribunal recabará la opinión de todas las partes afectadas. Se dirigirá a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a las defensas de aquellos condenados por la unión de los delitos de sedición y malversación y a Vox, personado como acusación popular.

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Todos los políticos catalanes fueron indultados por el Gobierno que, sin embargo, mantuvo sus penas de inhabilitación. El Supremo tendrá que debatir si es posible mantener alguno de los delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y el resto de los políticos catalanes penados por el procés. La desaparición del delito de sedición, el principal de la sentencia, ha llevado a algunos magistrados a considerar que la malversación también se vería afectada y tendría que decaer. Otras tesis sostienen, sin embargo, que destinar dinero público a la celebración del referéndum de independencia, a pesar de las continuas advertencias del Constitucional, puede considerarse delictivo de forma autónoma.

Fuentes jurídicas consultadas ven inviable que los hechos probados de la sentencia tengan correspondencia alguna con los desórdenes públicos agravados que ha diseñado el Ejecutivo como supuesto sustituto de la sedición. El riesgo de despenalización completa de lo sucedido en 2017 es, por ello, posible, aunque cada vez más voces defienden la posibilidad de mantener vivo el uso irregular de fondos públicos.

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En ese punto, el Supremo tendrá que abordar un segundo análisis. La reforma también incluye una rebaja de las penas por malversación cuando esta no implica un enriquecimiento personal, sino el desvío de cantidades para usos distintos a los previstos. El nuevo tipo incluye un tope máximo de cuatro años. La intención, ni siquiera negada por el Ejecutivo, es la de favorecer a los penados y abrir la puerta a su regreso político. No obstante, la aplicación de esa rebaja queda al criterio de los magistrados al margen de los deseos de Moncloa.

El alto tribunal impuso al de Esquerra una pena de 13 años de prisión por sedición en concurso medial con la malversación. Respecto a esta última, la sentencia del procés asegura que tanto Junqueras como otros tres de los acusados (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) llevaron a cabo una "consciente y voluntaria desviación de destino de fondos" para sufragar publicidad institucional del referéndum, organizar la administración electoral, confeccionar el registro de catalanes en el exterior, comprar material electoral, pagar a observadores internacionales e implementar aplicaciones informáticas. El gasto fue "ajeno a cualquier fin público lícito" y se repartió en los departamentos que dirigían los cuatro condenados. Entre ellos, el de Vicepresidencia y Economía, que se encontraba bajo el mando de Junqueras. Y superó los 250.000 euros, pasando de este modo a ser una malversación de tipo agravado.

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No obstante, en lugar de sumar la pena correspondiente, por un lado a la sedición y por otro a la malversación, el tribunal que presidió Manuel Marchena se inclinó por elevar la condena de la primera por efecto de la segunda mediante el denominado concurso medial. Una forma de determinar una pena que se produce en los casos en que una actuación delictiva constituye dos o más delitos y uno de ellos es un medio imprescindible para cometer el otro. En este caso, sin dinero que sufragara el referéndum del 1-O, este nunca hubiera podido llevarse a cabo.

La malversación a la antigua y abordada de forma independiente por cantidades que superen los 250.000 euros se castigaba con penas de entre 6 y 12 años. En 2020, el tribunal del procés notificó la liquidación de condena y determinó que Oriol Junqueras permanecería inhabilitado hasta el 5 de julio de 2031. El futuro político de del ERC queda, de nuevo, en manos del Supremo.