La vendedora de chalés de Tenerife detenida por lavar 3 millones de los amigos de Putin

La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han conseguido localizar decenas de apartamentos, pisos, chalés y mansiones adquiridos en suelo español por una organización criminal rusa conectada con la cúspide judicial, tributaria, policial, empresarial y política de Moscú. El pasado noviembre, después de cinco años descifrando un complejo entramado societario que controlaba entidades bancarias ubicadas en territorio de la Unión Europea, fue detenida una de las presuntas cabecillas de la red en España y se incautaron activos inmobiliarios por valor de 25 millones de euros.

Las diligencias, lideradas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, continúan abiertas. Aún se tienen que analizar más de 1.000 cuentas bancarias y se rastrea la implicación de otros individuos. Pero la operación ha asestado un golpe a la delegación española de la mafia.

La detenida se llama Natalia Kutireva Rueda, una supuesta empresaria, aficionada al yoga y nacida en Rusia en 1973, que vivía plácidamente en la isla de Tenerife. Administraba una agencia inmobiliaria, Karina Properties SL, en el centro comercial City Center de Playa de las Américas. Agentes de la Policía Nacional y de Europol registraron el negocio y dos chalés de la propia Kutireva en una urbanización de Caldera del Rey, en Adeje, y en el Residencial Golf Resort de Arona.

Se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, Karina Properties SL puso decenas de cuentas bancarias a disposición de otros miembros del grupo para introducir en España dinero de origen ilícito. Las transferencias llegaron a la detenida desde el Sampo Bank y el Ukio Bankas, de Estonia, y el Cyprus Popular Bank de Chipre, tres bancos intencionadamente situados en territorios laxos con el lavado de fondos.

Para dificultar aún más la localización de los fondos, las transferencias a Karina Properties SL fueron ordenadas por sociedades de las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Chipre administradas por testaferros. “Tras hacer escala en las cuentas de la citada inmobiliaria, [los fondos] fueron traspasados a cuentas españolas de ciudadanos rusos que utilizaron el dinero para la cuenta de bienes inmuebles en la isla de Tenerife, realizando el afloramiento del dinero procedente de las actividades delictivas”, explica el escrito que presentó Anticorrupción para solicitar la detención de Kutireva y que lleva la firma de los fiscales José Grinda y Juan José Rosa.

El dinero que llegó a España procedía del saqueo del fondo estadounidense Hermitage, uno de los primeros vehículos financieros que invirtieron en Rusia tras la caída de la URSS. Su relación con el Kremlin comenzó a torcerse en 2006. Moscú obligó a Hermitage a pagar 230 millones de dólares al Tesoro ruso por supuestas deudas pendientes. El dinero tenía que haber sido devuelto al fondo al año siguiente, pero los 230 millones fueron enviados a una red societaria controlada por el oligarca Dmitri Klyuev, un banquero de la órbita de Vladímir Putin.

El dueño de Hermitage, Bill Browder, decidió contratar a un abogado local, Serguéi Magnistky, experto en tributos, para averiguar qué había pasado con su dinero. El letrado descubrió que Klyuev y una vasta red de colaboradores, entre los que había inspectores de Hacienda, policías, magistrados y políticos, habían suplantado a Hermitage con documentos confiscados en registros policiales. Los 230 millones de dólares salieron del Tesoro, pero no fueron devueltos a Browder, sino a la estructura creada por Klyuev.

Magnistky denunció el robo y las conexiones de sus autores con las más altas esferas del poder, pero en junio y octubre de 2008 fue interrogado por los mismos funcionarios implicados en el engaño y, en noviembre de ese mismo año, fue enviado a prisión preventiva con una acusación falsa. Murió 358 días después, a los 37 años de edad, por los malos tratos sistemáticos que sufrió en la cárcel.

Browder denunció la connivencia del Kremlin con el asesinato de su abogado y logró que Estados Unidos aprobara la Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Serguéi Magnitsky en 2012 para sancionar a todos los funcionarios rusos involucrados en el crimen y en el vaciamiento de Hermitage. La norma se amplió en 2016 para extender las posibles sanciones de Estados Unidos a cualquier extranjero sospechoso de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala.

Con todo, esas medidas no impidieron que los 230 millones de dólares robados a Hermitage comenzaran a circular por todo el mundo. El grueso de los fondos fue transferido desde Rusia a bancos de los países bálticos y Chipre y fue blanqueado mediante falsas operaciones mercantiles. La última fase consistió en la inyección del dinero en el mercado legal a través de la compra de zapatos, productos textiles y tecnológicos y, sobre todo, bienes inmobiliarios en multitud de territorios, entre ellos, España.

Numerosos países abrieron automáticamente investigaciones para localizar el patrimonio desviado de Hermitage y llevar ante los tribunales a los responsables del desfalco. En 2017, Browder presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para localizar específicamente el patrimonio que terminó en suelo español y, dos años después, el Ministerio Público presentó una querella en la Audiencia Nacional que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 2.

Los expertos en delitos económicos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han conseguido identificar por ahora transferencias con destino a España por valor de unos 53 millones de euros. Según las diligencias, por las cuentas de la detenida en Tenerife habrían pasado al menos tres millones de Hermitage. Los destinatarios últimos de estos fondos fueron casi un centenar de ciudadanos rusos, cuya participación concreta en el saqueo del fondo todavía es un misterio.

Uno de los perceptores de dinero de la trama es un ruso llamado Igor Bruss. Recibió una transferencia procedente de Estonia, a través de Karina Properties SL, por valor de 896.179 euros. El importe acabó en el Banco Guipuzcoano y fue usado en la compra de una vivienda. Otra ciudadana rusa, Tatiana Okladnikova, se embolsó 391.000 euros en una cuenta de BBVA después de triangular esta cifra con la inmobiliaria de Kutireva.

Hay decenas de operaciones similares y han aflorado operativas idénticas desde sociedades que no estaban en el radar de los investigadores. “Karina Properties forma parte de un entramado de dinero a nivel internacional destinado al lavado de dinero mediante la adquisición de inmuebles en España”, concluye la Fiscalía. La Policía halló en los chalés de Kutireva dinero en efectivo y documentos que permitirán avanzar en las pesquisas.

El dinero de Hermitage llegó a más puntos de España. En Torrevieja se ha localizado un piso en una torre de apartamentos de playa que fue adquirido en 2008, antes incluso de la muerte de Magnitsky, empleando unos 100.000 euros enviados desde Estonia por una de las sociedades de la trama. Los beneficiarios del dinero son dos ciudadanos rusos sobre los que apenas existe información. Posteriormente, ambos ingresaron en una cuenta de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo otros 30.000 euros en efectivo y recibieron del extranjero otros 100.000 euros con un esquema similar a la primera transferencia.

La incautación más relevante se ha producido en la Costa Brava, dentro de la urbanización de lujo S’Agaró, en el término municipal de Castillo de Aro, Girona. En 2008, una jubilada rusa de más de 80 años llamada Anna Kuperina compró dos mansiones en unas parcelas con una superficie total de 6.000 metros cuadrados por un importe de 12,7 millones de euros. El dinero había sido transferido previamente a sus cuentas en España por entidades financieras y compañías pantalla relacionadas con el caso Magnitsky.

Solo seis años después de adquirir las casas, Anna Kuperina las traspasó por unos 10 millones de euros a Dimitri Artyakov, hijo de Vladímir Artyakov, exgobernador de la región de Samara y vicepresidente de Rostec, la mayor empresa rusa de tecnología y armamento. Una investigación en la que participó El Periódico descubrió la existencia de los terrenos. El pasado noviembre, agentes de la Policía Nacional y de Europol se personaron en ambas mansiones para proceder a la incautación del inmueble. Los investigadores tomaron imágenes con un dron. En una de las mansiones, estaban aún abiertas las tumbonas junto a la piscina.