La Justicia reabre la causa contra Illa por la distribución de mascarillas defectuosas

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa contra el exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, por la querella que presentó en 2020 la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por facilitarse mascarillas defectuosas al personal sanitario durante los primeros meses de la pandemia. “De ningún modo puede hablarse de una investigación prospectiva. La recepción de las mascarillas fake y su distribución fueron además hechos notorios”, dice el auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

“En el presente caso, los hechos que contiene la querella identifican la partida de mascarillas y ofrecen datos concretos de su utilización en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana, que son los datos de que disponían los querellantes”, añaden los magistrados madrileños. A su juicio, la “situación excepcional” que se vivió en la pandemia “tampoco puede servir de patente de corso para descartar cualquier tipo de responsabilidad penal como si de una causa de exclusión de la punibilidad se tratase”.

La Sección Segunda del tribunal madrileño, en una resolución dictada el pasado 15 de diciembre y avanzada por The Objective ha admitido el recurso de apelación interpuesto por el sindicato Médico contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid que archivó los hechos en septiembre. “Procede estimar el recurso interpuesto en el sentido de revocar el sobreseimiento acordado y devolver las actuaciones al Juzgado Instructor a fin de que comience la investigación penal”.

La querella, de 32 páginas y a la que ha tenido acceso este diario, se remonta a lo ocurrido el 14 de marzo de 2020, cuando el Gobierno adquirió mascarillas de la empresa china Garry Galaxy y procedió a su reparto entre el personal sanitario. Poco después, el propio Ministerio de Sanidad ordenó su retirada a la vista de que comunidades como Aragón o Cataluña avisaban "sobre el mal estado de las mismas" y de que eran "ineficaces para el fin perseguido de evitar contagio".

"Dada la gravedad de la situación se le instó públicamente al ministro de Sanidad, Sr. Illa Roca, los contratos que se han suscrito para la compra de productos sanitarios en la lucha contra el coronavirus, (...) sin que se tenga conocimiento de que se hayan hecho públicos, y por ello no podemos más que confirmar la absoluta dejación de sus funciones en materia de prevención de riesgos, colocando al personal sanitario en una situación de riesgo sin precedentes", critica el escrito presentado en 2020.

La CESM incide para ello en la información adelantada por El Confidencial en abril de 2020 sobre cómo el Gobierno había pagado por adelantado 23,8 millones de euros a un intermediario chino por 2,1 millones de mascarillas defectuosas. Por mucho que el material hubiese sido fabricado por Garry Galaxy, como explica la querella, el Ejecutivo no lo compró directamente a esa empresa, sino a un bróker de suministros sanitarios del mismo país llamado Hangzhou Ruining Trading Co Ltd.

"La negligencia en la actuación es en este caso concreto de mayor, si cabe, entidad, pues el conocimiento de haber sido suministrado material defectuoso por parte de las mercantiles a las que en los mercados internacionales se había adquirido, es de dominio público y reconocido por el propio ministro de Sanidad", argumenta la querella. "Se hace necesaria la admisión de esta querella, a fin de que conforme a la Lecrim, se proceda a la investigación de los hechos que han acontecido en el lamentable incidente".

Del Supremo a los juzgados de Madrid

La querella se presentó en un primer momento ante el Supremo cuando Illa todavía ejercía como ministro de Sanidad, pero el alto tribunal consideró prematuro atribuirle cualquier responsabilidad y la remitió a los juzgados ordinarios para investigar la supuesta omisión de medidas de seguridad. De esta manera, el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid y, posteriormente, pasó al número 14, que ahora abre diligencias previas contra Illa.

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado", advertía el auto inicial que dio pie al inicio de la causa.

Nuevas diligencias

Ahora, la Audiencia Provincial ordena al Juzgado que lleve a cabo una serie de diligencias. Pide que se ponga en contacto con el Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) para conocer los resultados de los análisis de las mascarillas Garry Galaxy FFP2 N95 adquiridas por el Ministerio de Sanidad. Quiere saber la fecha en la que se pidió el análisis y el organismo que lo encargó, fecha de recepción de las muestras, fecha y persona que emitió el informe, y fecha y organismo al que se hubiese remitido.