UP llama a formar un frente amplio con los socios, con Yolanda Díaz difuminada

No habrá propuesta "unilateral", excesiva presión en público ni recados en los medios de comunicación. En un momento de considerables tensiones en la coalición, después de amenazar con desobedecer al TC y convocar movilizaciones y del choque total a cuenta de la ley de animales —el PSOE ha tenido que posponer la votación en comisión porque no cuenta con los votos necesarios—, en Unidas Podemos entierran el hacha de guerra frente a los socialistas.

Fuentes de la dirección explican que, ante la gravedad de la crisis generada por la suspensión cautelar de una norma en tramitación por parte del Tribunal Constitucional, trabajan para articular un frente parlamentario que desborde la mayoría de la investidura, para impulsar cuanto antes una proposición de ley con los dos artículos anulados por el tribunal de garantías. La estrategia pasa por lograr este objetivo en corto plazo, para seguidamente rebajar las mayorías para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con este fin, UP convocó a una reunión de puesta en común a los portavoces de sus aliados parlamentarios, pero también de formaciones como Junts y el PDeCAT. Durante toda la jornada, los portavoces parlamentarios intercambiaron mensajes y trataron de acercar posiciones para cerrar esta nueva proposición de ley —la registrada por Más País solo aborda una de las dos enmiendas recurridas—, prometiéndose discreción.

La idea es contar con el mayor número de grupos posible, para visibilizar el amplio respaldo a esta modificación legal en el legislativo, una suerte de contraenmienda a la actuación del Constitucional. En ese camino, y aunque preveían que sus socios se abrirían a impulsar esta modificación en un breve periodo de tiempo, acogieron con satisfacción la promesa de los socialistas de registrarla y comenzar su tramitación "lo antes posible", lo que podría permitir que esté aprobada en escasas semanas, a pesar de que en enero no hay actividad ordinaria en la Cámara Baja.

En este punto, el objetivo no es tanto colgarse la medalla por impulsar esta norma, aseguran, sino garantizar que la respuesta del legislativo sea lo más unánime y contundente posible. Antes de actuar, el PSOE reclama tener acceso a los votos particulares contra la decisión del TC, al propio fallo, y a los documentos que los gabinetes jurídicos de Congreso y Senado elaboren para responder al Constitucional. En esa estrategia, Unidas Podemos ha rebajado el tono a la hora de criticar al TC, y hasta ha recogido cable en lo que toca al llamamiento a movilizaciones sociales defendido por Izquierda Unida o Gerardo Pisarello (los comunes), secretario de la Mesa del Congreso.

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El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, habitualmente uno de los perfiles más duros, fue el encargado de reducir los decibelios, de desmarcarse de la convocatoria de movilizaciones sociales y de vender esta imagen de cierre de filas con el PSOE. "Siendo un tema tan delicado, nosotros no vamos a presionar a nadie, vamos a aportar nuestro punto de vista, los tiempos serán los que el acuerdo permita que sean". Nada que ver con el portavoz parlamentario que el mismo lunes hablaba del "golpe" del TC, o que estas semanas cargó contra el PSOE por negarse a rebajar las mayorías del TC. Dentro y fuera de cámara, los morados aseguran que el PSOE, "esta vez sí", puede estar dispuesto a actuar en esa dirección y por eso han cambiado el palo por la zanahoria.

En ese sentido, su plan es retornar a la reforma que presentaron a finales de 2020, y que el PSOE decidió retirar semanas después, para rebajar las mayorías para elegir a los vocales del CGPJ en segunda votación, de forma que baste una mayoría simple de fracasar la primera votación, para la que seguiría siendo necesario el apoyo de 3/5 partes de la Cámara. En esta ocasión, además, planean que se requiera contar con los votos de la mitad de los grupos parlamentarios (cinco), al entender que el sistema sería así más garantista. En cualquier caso, la reforma fue descartada por los socialistas tras recibir un toque de atención de Bruselas, y en UP saben que el tema es de los más espinosos de la legislatura. Ven a los socios predispuestos: son necesarios por convicción, imprescindibles por aritmética parlamentaria.

Díaz, difuminada

En este escenario de choque institucional, en Podemos han echado en falta una mayor presencia pública de Yolanda Díaz. Es una crítica recurrente: consideran que Díaz solo se involucra en los temas que considera oportunos, evitando mancharse con los más peligrosos. Si bien fue la encargada de coordinar la actuación de UP de cara al lunes, la vicepresidenta segunda respondió al fallo del TC con un escueto comunicado, en el que no abordaba cuestiones como la llamada a la desobediencia por parte de Podemos y otros actores del espacio político. El martes, en el Senado, se pronunció con palabras prácticamente idénticas a las de Pedro Sánchez varias horas antes, cuando durante mañana y tarde se sucedieron las intervenciones de portavoces del espacio.

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Díaz, centrada ahora en materias como las negociaciones sobre la subida del SMI, no ha tenido agenda pública este martes, y solo se ha pronunciado sobre esta crisis institucional al filo de las 18:00. El día anterior, desde su entorno dejaban ver que no estaba nada satisfecha por el uso de términos como "golpe blando", tan utilizados por Unidas Podemos antes del cambio de estrategia, y por descontado rechazaba el planteamiento de la desobediencia. En cualquier caso, en escasas horas su grupo ha dado un volantazo discursivo, y donde ayer prometía conflicto, hoy promete disciplina y paciencia con su socio de gobierno.