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Siete claves para entender el bloqueo del TC, la reforma del Gobierno y el papel del CGPJ
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Siete claves para entender el bloqueo del TC, la reforma del Gobierno y el papel del CGPJ

El Gobierno tiene intención de registrar en el Congreso una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el Constitucional esta misma semana

Foto: Fachada del Tribunal Constitucional. (EFE/Ballesteros)
Fachada del Tribunal Constitucional. (EFE/Ballesteros)

El Tribunal Constitucional paralizó este lunes la tramitación de las enmiendas con las que el Gobierno buscaba acelerar la renovación de la institución por seis votos a cinco. La decisión implicó dejar sin efecto la reforma antes de que llegase al Senado el próximo jueves, pero el choque institucional aún está lejos de llegar a su fin.

¿Qué reforma el Gobierno? El principal objetivo del cambio legislativo ahora paralizado es forzar la renovación de cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato se encuentra prorrogado desde junio. De esta manera, el Ejecutivo conseguiría una mayoría progresista en el tribunal. Dos de estos nombramientos corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los otros dos al propio Gobierno. En el primer caso, la reforma acaba con que los candidatos necesiten el apoyo de tres quintos de los vocales y acelera los tiempos en sus nombramientos, impidiendo así el bloqueo de los conservadores. Al mismo tiempo, facilita que uno de los elegidos sea el progresista José Manuel Bandrés. En el segundo caso, la reforma acaba con la exigencia de que el Gobierno deba esperar a las designaciones del CGPJ antes de hacer las suyas, así como con el requisito de que el Constitucional tenga que dar el visto bueno a sus nuevos miembros. Este movimiento allana entonces el camino para el nombramiento de los dos elegidos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Javier Lizón)

¿Qué recurre el PP? El PP presentó el pasado miércoles un recurso de amparo para tratar de frenar la reforma. Sus críticas se centran en que el Gobierno ha introducido dos enmiendas en una reforma del Código Penal que en principio solo iba a derogar la sedición. Por tanto, una norma que perseguía un objetivo totalmente distinto. Al presentar la iniciativa como una proposición de ley y no como un proyecto de ley, es decir, a través de sus dos grupos parlamentarios, el Ejecutivo evitó además que se reclamaran informes al propio CGPJ, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado. Los populares consideran que esta forma exprés de legislar es inconstitucional y pidieron al tribunal que suspendiera cautelarmente la tramitación de las citadas enmiendas. El jueves por la mañana, el bloque progresista del Constitucional pidió aplazar el pleno y su presidente atendió la solicitud, lo que permitió que el Congreso votara la reforma por la tarde. Pese a ello, el tribunal terminó por atender el recurso del PP este lunes.

¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Tras el aplazamiento del jueves, los magistrados volvieron a reunirse a las diez de la mañana de este lunes. El bloque progresista intentó que el recurso del PP ni siquiera se admitiera a trámite para evitar su estudio, pero sus argumentos fueron rechazados. Pasadas las diez de la noche, el tribunal anunció entonces su decisión: atendía la cautelarísima solicitada por los populares y paralizaba la tramitación de la reforma antes de que llegase al Senado. Los seis conservadores votaron a favor de esta decisión y los cinco progresistas en contra. Los primeros no cuestionan el fondo de la reforma, sino el fondo: consideran que las enmiendas en las que se incluye la misma "no guardan conexión de homogeneidad con el texto enmendado", apuntando así a la proposición de ley sobre la sedición. Según concluyeron, este cambio legislativo podría vulnerar el derecho al ejercicio del cargo representativo de los populares y debía ser paralizado antes de entrar en vigor.

Foto: Bandera europea en Berlín. (EFE/Omer Messinger)

¿Y ahora qué? El Gobierno dejó claro este martes que acatará la decisión del Constitucional y ese compromiso abre ahora dos vías. La primera consiste en tratar de sacar adelante la reforma con una nueva proposición de ley, es decir, con un trámite que no adolezca visos de inconstitucionalidad. De hecho, la tarde de este martes ya se se ha conocido que esa es la principal intención del Gobierno. La segunda vía, que no excluye a la anterior, consiste en presentar batalla en el propio Constitucional. Tras acordarse la cautelarísima, vienen las cautelares, en las que las partes podrán argumentar a favor y en contra de mantener la decisión adoptada. La Fiscalía y demás partes personadas, entre ellas los partidos políticos, tienen 10 días para efectuar alegaciones sobre la paralización. Si no logran revertir la misma en este primera escenario, el cambio legislativo seguiría paralizado mientras se estudio a fondo el asunto de cara al pronunciamiento definitivo, que puede tardar varios meses.

¿Qué pasa con las recusaciones? Antes de que el Constitucional anunciara su decisión, Unidas Podemos yel PSOE pidieron apartar del procedimiento a dos magistrados de corte conservador: al presidente Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez. El mandato de ambos se encuentra prorrogado desde junio y deben ser sustituidos por los dos candidatos del Gobierno, por lo que el Ejecutivo cuestionó su imparcialidad a la hora de deliberar sobre una medida que les afecta de forma directa. Por los mismos seis votos contra cinco y, por tanto, con Narváez y González-Trevijano participando en la propia decisión, el Constitucional rechazó apartarles de la deliberación definitiva. En primer lugar, porque la cautelarísima se decidía inaudita parte —sin oír a las partes—, lo que complicaba, en su opinión, atender argumentos de partidos ni siquiera personados. En segundo lugar, porque la petición de recusación solo ponía el foco en los puestos del Constitucional cuya renovación depende del Gobierno, pero no en los otros dos que dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluyen al progresista Juan Antonio Xiol Ríos y también se ven afectados por la reforma.

Foto: Clara Martínez Careaga. (EFE/J. J. Guillén)

¿Ambos decidirán entonces sobre las cautelares? Al entrar ahora en la mencionada fase de cautelares, el PSOE y Unidas Podemos constan ya como personados. De esta manera, los magistrados están obligados a oír sus argumentos, lo que podría terminar por provocar que González-Trevijano y Narváez fueran apartados. Los cinco progresistas ya apoyaron esta posibilidad durante el pleno de este lunes. El argumento de que se decidía inaudita parte mantuvo al bloque conservador unido, pero ahora se abre un nuevo escenario en el que el hecho de que los afectados participen en la votación sobre su propia recusación plantea más dudas. En caso de que se apartaran de la deliberación, las fuerzas se requilibrarían en el pleno. De forma paralela, el discurso de Sánchez de este martes también allana el camino para que el Gobierno dicte un decreto en el que cese de forma directa a los dos magistrados, aunque fuentes jurídicas advierten de que en ese caso corre el riesgo de incurrir en un delito de prevaricación.

¿Qué pasa en el CGPJ? Mientras el Constitucional paraliza la reforma, el otro órgano afectado por la misma, el CGPJ, que se encuentra en funciones desde hace más de cuatro años, continúa con un tira y afloja. El bloque conservador quiere nombrar a los dos candidatos que corresponden al órgano con las actuales reglas y no con las del Gobierno, para lo que este martes forzó la celebración de un pleno extraordinario. Su objetivo se centraba en nombrar al magistrado César Tolosa y, frente al escogido por los progresistas, José Manuel Bandrés, sacar adelante la elección de Pablo María Lucas Murillo. Este segundo juez también es cercano a la izquierda, pero alejado de la órbita del Gobierno. Pese a ello, ninguno de los tres candidatos logró el apoyo de tres quintas del Consejo, formado por 18 vocales y con mayoría conservadora. Frente a los 11 votos exigidos, Bandrés se quedó en 7, mientras que Tolosa y Lucas alcanzaron los 10, por lo que el bloqueo en el Constitucional persiste.

El Tribunal Constitucional paralizó este lunes la tramitación de las enmiendas con las que el Gobierno buscaba acelerar la renovación de la institución por seis votos a cinco. La decisión implicó dejar sin efecto la reforma antes de que llegase al Senado el próximo jueves, pero el choque institucional aún está lejos de llegar a su fin.

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