Rufián celebra la propuesta de Illa y el Gobierno precisa: "No es un referéndum"

La presión de ERC para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña ha obligado al Gobierno a salir en tromba para asegurar que no va a permitirlo. Este lunes, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado que el Ejecutivo no consentirá "ningún referéndum, irregular ni regular", si bien apuntaba que la consulta en Cataluña que contempla el líder del PSC, Salvador Illa, "no es un referéndum", precisaba. En una entrevista en El Confidencial, Illa advierte de que esta hipotética consulta en ningún caso puede versar sobre la "autodeterminación", la "ruptura". Los nervios en el PSOE están a flor de piel.

Casi al mismo tiempo que Montero, también en los pasillos del Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, celebraba el planteamiento de Illa, afirmando que es "buena noticia" que el PSOE por fin desvele sus cartas, para "confrontar propuestas". El martes, Rufián se había sumado a quienes, desde su partido, reclamaban un referéndum, y este miércoles se jactaba de que "votar es bueno para resolver conflictos". Estos mensajes están contribuyendo a que el PSOE, que ya tiene serios problemas para explicar los últimos cambios que abandera en el Código Penal, a la interna y a la externa, se asimile cada vez más a una olla exprés.

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Solo un día antes de que el Congreso apruebe la reforma del delito de malversación y la supresión de la sedición, tras un trámite de absoluta urgencia y con la vista puesta en los beneficios que estos cambios en el Código Penal acarrearán para los líderes del procés, los republicanos reclaman ya ese referéndum, sin descartar la vía unilateral en el caso de Oriol Junqueras. Montero negaba la mayor, como hacen todos y cada uno de los ministros, y pedía ceñirse a la "política de los hechos": "No lo ha habido en cuatro años de Gobierno", decía, afirmando que con el anterior Ejecutivo del PP se produjeron "tres veces referéndums o consultas ilegales". "Nos avalan los hechos, en estos años no ha habido ninguna consulta en Cataluña", incidía.

El ministro de Cultura y Deporte y predecesor de Illa al frente del PSC, Miquel Iceta, incluso ha defendido que la propuesta de Illa supone una solución enmarcada en la Constitución y "los caminos que las instituciones marcan". "Cuando gobernaba el PP había referéndums ilegales, consultas y declaraciones unilaterales de independencia", acusaba.

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El problema es que donde el Gobierno vende "transparencia" la oposición le acusa de haber redactado esta norma "al dictado de los delincuentes", le recuerda que antes ya asumió exigencias de ERC, como en lo que toca a los indultos, y sostiene que seguirá cediendo para mantener la Moncloa. "Es la hoja de ruta del independentismo", afirmaba este miércoles la portavoz del PP, Cuca Gamarra, sobre este referéndum. "Intentarán llamarlo de otra manera para engañar a los españoles, pero los españoles no son tontos", afirmó en los pasillos del Congreso.

Pese a los esfuerzos, Sánchez está teniendo dificultades para apaciguar al PSOE tras asumir el "riesgo" de reformar estos delitos, con algunos barones abriendo fuego contra el Ejecutivo —Emiliano García Page llegó a afirmar que "no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena"—. "Mi sentido de la lealtad me impide dar públicamente mi opinión", respondía Montero a las preguntas sobre las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, visiblemente molesta.

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Y, de las puertas del PSOE hacia fuera, las dificultades para vender esta reforma llevaron ayer al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López a comparecer en rueda de prensa para intentar hacer pedagogía y vender las bondades de su reforma. El problema es que mientras el PSOE no reconocía hasta el domingo —y veladamente— que estos cambios están pensados para rebajar la tensión en Cataluña, y negaba incluso haberlos negociado con ERC, los republicanos han vuelto a poner sobre la mesa exigencias como la del referéndum, facilitando a la oposición el relato de que son los independentistas los que llevan la batuta, y no la Moncloa.