El PP enfría la investigación contra Marlaska en el Congreso para proteger a la Guardia Civil

El impulso de una comisión de investigación en el Congreso para arrinconar a Fernando Grande-Marlaska por la tragedia de Melilla ha pasado a convertirse en un asunto incómodo para el PP en cuestión de semanas. A pesar de que fue la propia Cuca Gamarra quien dejó abierta esa puerta en su afán de "llegar hasta el final" contra el ministro del Interior, el globo ha ido deshinchándose con el paso de los días. El primer partido de la oposición no sólo ha alejado -y mucho- la posibilidad de secundar la comisión registrada por los socios parlamentarios del Ejecutivo, entre ellos ERC, Bildu o Unidas Podemos, sino que también ha enfriado el registro de su propia petición en las Cortes por el riesgo de que lo que se termine juzgando sea la actuación de la Guardia Civil y tenga el "efecto contrario" al deseado. Las reticencias internas son evidentes. "Las comisiones de investigación son un circo que no deberíamos alimentar", opina un diputado popular.

"No hay ninguna decisión tomada", insisten en la dirección del Grupo Parlamentario, a pesar de que, durante días, se vinculó ese paso adelante a escuchar las "explicaciones" de Fernando Grande-Marlaska en sede parlamentaria. "No se ha valorado", reiteran otras voces autorizadas, de las que depende la decisión final. La urgencia ha desaparecido. Y el motivo, según fuentes parlamentarias, no es otro que el de evitar dar un paso en falso en que el PP "tiene mucho que perder y poco que ganar". De una comisión de investigación, insisten, "se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba".

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Vox descarta también cualquier petición en ese sentido que lleve su sello. La diferencia es que los de Santiago Abascal siempre rechazaron la idoneidad de una comisión de investigación por la "dudosa intención" que observaban en los socios del Ejecutivo. Más que señalar a Marlaska, ERC, Bildu, o Podemos han centrado sus esfuerzos en tratar de cuestionar "la proporción de fuerza utilizada en la frontera" o la "pasividad y/o colaboración de los agentes de la Policía Nacional ante la incursión de agentes de la gendarmería marroquí". Estas son frases textuales de la solicitud que registraron las citadas fuerzas en la Cámara Baja hace unas semanas.

Los de Santiago Abascal advirtieron que la actitud del PP, que viajó en comitiva parlamentaria con nacionalistas y morados a la valla de Melilla y no censuró la idoneidad de la investigación parlamentaria, no estaba siendo adecuada porque lo que se estaba poniendo en cuestión era la actuación policial, y no tanto la gestión del ministro. "El problema lo tiene el Gobierno socialista con sus socios. Nuestra presencia entre los opositores más bien le protege", coinciden voces del grupo que comanda Cuca Gamarra, quien nunca ha descartado públicamente la opción de revivir la mencionada investigación.

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El 18 de noviembre, PSOE, PP y Vox no apoyaron la activación inmediata de la comisión impulsada por los socios del Ejecutivo. Los populares argumentaron que preferían esperar a escuchar las explicaciones del titular de Interior, que se ha subido a la tribuna este 30 de noviembre, antes de tomar esa decisión. Pero el asunto se enrareció aún más cuando a principios de semana trascendió una nueva investigación periodística internacional que vuelve a cuestionar la versión de Grande-Marlaska y que asegura que al menos un inmigrante falleció en territorio español. Dos son las opciones que siguen vivas en Génova: o registrar una comisión propia o limitar la ofensiva a una petición de reprobación del titular de Interior.

Génova convocó a los medios de comunicación de forma "urgente" tan pronto como se conocieron las conclusiones de Lighthouse Reports el pasado martes. Pero Esteban González Pons, el encargado de denunciar las "mentiras" de Sánchez y Marlaska, limitó su discurso a pedir la dimisión -o el cese, en su caso- del titular del Interior. Ni siquiera le interesaban las explicaciones que tuviese que ofrecer el dirigente en el Congreso al día siguiente. "Debería anular la comparecencia y tener la vergüenza suficiente como para dimitir", dijo. Sin embargo, no quiso despejar la incógnita de la investigación pese a la insistencia de los medios presentes en la rueda de prensa. "No descartamos ningún escenario", se limitó a aseverar.

Lo que sí trataron de despertar en Génova fue la furia de Bruselas. Fuentes de la dirección apuntan que, si Marlaska no dimite, España se arriesga a un "expediente sancionador" por mirar hacia otro lado y no asumir la responsabilidad respecto al trágico suceso de Melilla, que se cobró la vida de, al menos, 23 personas. Este jueves, la portavoz de Interior en el Congreso, Ana Vázquez, llamó "cobarde" al ministro por escudarse en la Guardia Civil y puso el acento en la desprotección a la que se sometió desde el Ministerio a los agentes españoles por aquel suceso, dejando cristalina la férrea defensa del PP a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Otro de los motivos que inclinan la balanza hacia el bloqueo de una investigación parlamentaria por parte del PP tiene que ver con los recelos respecto a su eventual desarrollo a las puertas de un año electoral. Este tipo de iniciativas implica llegar a acuerdos entre fuerzas de distinto signo para, por ejemplo, registrar comparecencias. Un ejemplo reciente es el de la 'comisión Kitchen', que sentó en sede parlamentaria a Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal. Sin embargo, un pacto entre socialistas y populares 'sacó' de la lista a Pablo Casado, pese a la presión de Unidas Podemos y de otros socios del Ejecutivo. En este caso en particular, la participación de altos mandos de la Guardia Civil se daría por descontada. "El PP no puede meterse en ese charco".