Vizcaya gana un municipio (Usansolo) pero aún no tiene el plácet del Estado

Usansolo era hasta ahora un núcleo urbano de Galdácano (Vizcaya). Pero este miércoles se ha convertido en un municipio independiente, el número 113 en toda la provincia. De fondo, sin embargo, existe un conflicto legal y político que podría deshacer este logro con el que sus vecinos llevan décadas soñando. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la ley que regula la creación de nuevas entidades locales y fijó un mínimo de 5.000 habitantes a todos los territorios que, como la localidad vizcaína, quisieran tener sus propias instituciones. La idea era demostrar que podían ser solventes económicamente y, en definitiva, frenar el gasto que pudiera suponer.

Pero Usansolo no llega al límite, aunque por poco. En el municipio viven 4.520 personas, según el censo de 2021, el más reciente. Aún así, las Juntas Generales aprobaron su desanexión con el voto a favor de PNV, EH Bildu y Podemos. Los tres esgrimieron que la ley autonómica, que no contempla esta linde, prevalece sobre la estatal. El PP se abstuvo, y solo un partido se negó: el PSE. "La voluntad del Gobierno es más de unir y cohesionar que de segregar o separar", argumentó el portavoz socialista, Juan Otermin, en el Pleno de este martes. Temen que la Abogacía del Estado anule la resolución por incumplir la norma general, algo que podría ocurrir en los próximos meses. El Ministerio de Política Territorial confirmó que los servicios jurídicos del Estado ya analizan el caso.

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No sería la primera vez que ocurre algo similar. Antes, el barrio donostiarra de Igeldo ya intentó separarse de San Sebastián con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, entonces encabezado por Bildu. Lo hicieron tras celebrar un referéndum en el que una mayoría aprobó la independencia, pero todo se chafó en 2016. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) revocó el decreto que validó la segregación. En aquel caso, el PSE también se opuso, al igual que el PP. Y con ellos, el PNV, que con Usansolo sí apoyó la separación. No obstante, las circunstancias entonces y ahora eran distintas: Igeldo apenas tenía un millar de habitantes y casi todos los partidos locales, salvo el que gobernaba, se habían aliado para tumbar la decisión.

Nada más conocerse este miércoles el veredicto final de las Juntas Generales, el delegado del Gobierno en el País Vasco pidió prudencia. "No vamos a estar con la escopeta cargada", explicó Denis Itxaso. El máximo responsable de la representación estatal en Euskadi admitió que la decisión puede entrar en conflicto con la legislación de base, pero lo encomendó al fallo que finalmente se tome desde la Abogacía del Estado. "Son ellos quienes tienen que ver hasta qué punto se vulnera o no, y si es algo insalvable", añadió. Expertos juristas aclaran que hay un plazo aproximado de dos meses para el órgano de la Administración General analice lo ocurrido.

¿2.500 o 5.000 habitantes?

¿Qué tendrá más peso, la ley autonómica o la estatal? Este será el quid de la cuestión sobre el que girará la decisión final. La Norma Foral 9/2013 para las demarcaciones territoriales de Vizcaya reduce a la mitad el límite general. Si el marco jurídico estatal obliga a que haya al menos 5.000 habitantes para que un territorio pueda ser independiente, los requisitos autonómicos solo hablan de 2.500. En ambos casos, no es el único impedimento. Todos tienen que demostrar que cuentan con recursos suficientes como para asumir las competencias municipales, que exigen cierta independencia financiera.

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Convertirse en municipio fue el sueño de muchos vecinos de Usansolo durante más de 30 años. Y ahora que lo han conseguido, el temor es que se pierda de nuevo. Desde que en 1988 se solicitó por primera vez su independencia hasta hoy, el proceso atravesó numerosos vaivenes. Pero a finales de marzo comenzó a verse algo de luz al final del túnel. Un referéndum obtuvo más de un 80% de apoyo a convertir el enclave en una localidad con entidad propio. Y apenas unos meses después siguieron superándose otros escalones. La diputación foral dio luz verde en septiembre al expediente que llevaría la decisión final a las Juntas Generales, el último eslabón en un proceso que aún hoy pende de un hilo.